Bruselas aprieta. Y para cumplir con sus exigencias el Gobierno tiene que aprobar antes del 31 de diciembre medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal.
En dos semanas, el Ministerio de Empleo espera llegar a un acuerdo con el resto de miembros del Pacto de Toledo que le permita cumplir con las demandas europeas.
Sin embargo, IU nunca va a respaldar al PP en esta materia; CiU atraviesa un momento de alta confrontación con el Gobierno por la cuestión catalana y el PSOE no piensa desaprovechar la debacle de Rajoy al no actualizar las pensiones.
El acuerdo se antoja difícil, el consenso del Pacto de Toledo en torno a las pensiones corre el riesgo de resquebrajarse y el Gobierno ya está preparando un real decreto que tendría que presentarse en el Consejo de Ministros del viernes 28 de diciembre, según fuentes gubernamentales.
Fuentes de Empleo explican que lo acordado con la Comisión consiste en que hay que retrasar la edad de jubilación parcial y anticipada en línea con los 67 años de edad legal de jubilación que irán entrando progresivamente.
Así, la edad mínima para el retiro voluntario ascenderá poco a poco hasta los 65 años, salvo por los casos de despido que se quedarían en los 63. Además, el Gobierno exigirá a quienes se jubilen antes más años trabajados y les aplicará reducciones mayores a la cuantía percibida con el fin de incentivar la continuidad en el trabajo.
El factor de sostenibilidad
Por otro lado, antes de mediados de 2013 el Ejecutivo ha de dotar de contenido el llamado ‘factor de sostenibilidad’ de las pensiones. Éste es un concepto un tanto etéreo que Zapatero introdujo en su reforma del sistema y que ahora la Comisión pide que se desarrolle.
A grandes rasgos, se trata de incluir en el cálculo de las prestaciones todas las variables que pueden influir en la viabilidad de la Seguridad Social. Así que las subidas de las prestaciones se desligarían del IPC y, en lugar de ello, las pensiones se computarían según parámetros como el crecimiento de la economía, la esperanza de vida, los años trabajados o el número de afiliados y pensionistas.
Según técnicos y expertos de la Seguridad Social, el factor de sostenibilidad tendrá que incluir forzosamente además la aceleración de la entrada en vigor de los 67 años como edad de jubilación, una decisión que políticamente puede resultar muy controvertida y que difícilmente podría adoptarse si no es obligada por Europa.
La reforma Zapatero ya establece un avance gradual hacia los 67 años hasta que se implante por completo en 2027. No obstante, esas estimaciones se hicieron bajo premisas demasiado optimistas, por no decir poco realistas. En la actualidad, los afiliados a la Seguridad Social caen y los nuevos cotizantes cobran menos y, por lo tanto, aportan menos al tiempo que las pensiones son cada vez más altas.
El déficit de las pensiones ronda este año al menos los 8.000 millones, y semejante agujero sólo puede agrandarse en tanto se siga invirtiendo la pirámide poblacional y no se genere empleo; de ahí que para Bruselas ésta sea su principal preocupación.
En sus valoraciones del Programa de Estabilidad del Reino de España, el Consejo Europeo recomienda: "Asegurar que la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida a la hora de regular el factor de sostenibilidad previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones y respaldar la estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad con medidas concretas encaminadas a desarrollar más el aprendizaje permanente, mejorar las condiciones laborales y fomentar la reincorporación de este grupo de trabajadores al mercado de trabajo."
