Pedro Sánchez es uno de los presidentes más insolidarios con los jóvenes de la democracia, en vista de las consecuencias futuras que tendrán algunas decisiones adoptadas en el presente. Hablamos de las pensiones y de cómo el líder socialista ha destrozado -más de lo que ya estaba- el principio que sirve de base al sistema: la solidaridad entre generaciones.
El debate no es nuevo. Quienes diagnostican la salud de la Seguridad Social llevan años hablando de insostenibilidad. Lo que ha hecho Sánchez es darle una vuelta de tuerca al problema y agrandar la factura que jubilados y trabajadores dejaremos a quienes aún no cotizan. En contra de las advertencias de instituciones independientes -como el Banco de España- y privadas -como Fedea o Esade-, el Ejecutivo subirá un 8,5% la nómina a 9,02 millones de pensionistas en 2023. El incremento se ha confirmado esta misma semana, tras publicar el INE el dato de inflación de noviembre.
Ya no hay vueltas atrás. Contra viento y marea, Sánchez saca adelante una revalorización récord, todo un gesto para millones de potenciales votantes, que tendrá efectos tan perversos como el que sigue: 539.000 pensionistas -lo hemos contado en Vozpópuli- cobrará más de 3.000 euros al mes. Lo discutible no es el tamaño de la pensión máxima, acorde con lo cotizado y con las reglas que marca el sistema. Lo controvertido es que los jubilados no asuman ningún sacrificio, ni formen parte del pacto invisible de rentas con el que asalariados, empresarios y autónomos están combatiendo el azote de la inflación. Hay un dato irrebatible: los convenios colectivos se están cerrando con una subida media del 2,6%, tres veces inferior al IPC.
Sin embargo, lo realmente bochornoso, a ojos de infinidad de economistas, es que esta hipoteca tenga que recaer sobre las espaldas de las generaciones futuras. Porque la nueva partida de gasto consolida y se convierte en permanente. El daño está medido. Un estudio publicado recientemente por Fedea planteaba una medida tan sensata como solidaria: subir un 11% las pensiones mínimas (hasta 800 euros mensuales), elevarlas gradualmente desde el 2,5% al 11% a las intermedias (entre 800 y 1.400 euros) y topar en el 2,5% el incremento para el resto. "Con la subida generalizada, los que tienen la máxima pensión perciben prácticamente cuatro veces más que los que tiene la pensión mínima", recuerdan los autores del informe, José Ignacio Conde-Ruiz y Manuel Diaz Mendoza.
La subida, puntual y extraordinaria, acorde con el escenario anormal que ha provocado la guerra, permitiría un ahorro de 6.225 millones, que crecería hasta los 68.000 millones en una década. Los cálculos que ha realizado Esade van en la misma línea. La escuela de negocios considera que revalorizar las pensiones en función de los tramos de renta supondría un ahorro en 2023 cercano a los 6.000 millones.
La cifra es ingente y, como recuerdan los economistas de Fedea, "permite un uso alternativo del ahorro en programas que benefician a los jóvenes, mejorando así la justicia intergeneracional". Conde-Ruiz y Díaz Mendoza plantean un ejemplo: el ahorro acumulado permitiría amortizar 68.000 millones en deuda pública, "que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes".
Si algo le sobra al Estado es deuda. Cerró 2021 en el 118,3% del PIB, la cuarta más elevada de la Eurozona. Según las previsiones, apenas bajará en los próximos años (Portugal protagonizará un histórico 'sorpasso' en 2023); y, según la Comisión Europea, volverá a repuntar en 2029 si nadie mete la tijera. El panorama a corto y medio plazo es cualquier cosa menos halagüeño. El gasto en intereses aumentará en más de 20.000 millones en 2025 si los tipos de interés mantienen la senda prevista de subida. En los próximos cuatro años, el Tesoro tendrá que refinanciar medio billón -con b- de euros.
Fedea calcula que el ahorro acumulado permitiría amortizar 68.000 millones en deuda pública, "que no es otra cosa que facturas impagadas que se han pasado al futuro, es decir, a los jóvenes"
Cualquier decisión que suponga recortar la deuda implica solidaridad con las futuras generaciones. Los recursos liberados, concluyen los economistas de Fedea, "se podrían utilizar en otras políticas que favorezcan a los jóvenes; como, por ejemplo, incrementar el presupuesto en educación pública para situarlo en la media de los países industrializados". Es decir, los que deben servirnos de ejemplo. Porque hay una relación directa entre el nivel de educación e industrialización, y los salarios que cobran quienes trabajan. Y si algo necesita España para pagar las pensiones son más y mejores cotizantes. Sin ellos, y sin reformas de mayor colado, el sistema está condenado al colapso.
La ecuación imposible de las pensiones
Como recuerda otro estudio específico sobre pensiones del Círculo de Empresarios, hasta ahora, "el sistema funcionó correctamente gracias, principalmente, al crecimiento demográfico de la población española". Había jóvenes suficientes para cotizar por quienes iban dejando de hacerlo. La transformación de la pirámide poblacional cambió el paradigma y comenzó a generar una hipoteca. Mientras aumentaba la esperanza de vida para los mayores de 65 años (21,6 años más, en la actualidad), se hundía el número de nacimientos (un 30% en la última década). El desequilibrio condena al alza la tasa de dependencia, que mide la relación entre la población mayor de 65 años y la que tiene edad de trabajar. Según el Círculo de Empresarios, hoy ronda el 30% y crecerá más de un 80% en las próximas tres décadas.
De forma paralela, aumentará la tasa de beneficio, que mide la diferencia entre la pensión media y el salario medio. Según la misma fuente, "habría pasado del 38% en 2007 hasta el 46,4% en 2019".
Habrá más pensionistas con mejores sueldos y menos cotizantes con peores salarios. La ecuación que plantea el futuro, por tanto, es imposible de cuadrar. De ahí que los estudiosos del sistema de pensiones pongan el grito en el cielo con decisiones como la indexación actual al IPC o la reversión de algunos ajustes aprobados en la reforma de 2013. "El hecho de que haya un grupo de agentes -el conjunto de los pensionistas- a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional tengan que asumir una parte mayor de esos costes", advierte, sin tapujos, el Banco de España en su último informe anual. A corto plazo están "los perceptores de rentas del trabajo y del capital". Y, a largo, las futuras generaciones: los nietos de quienes ahora tienen asegurada una pensión, al menos, digna.
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