La Asociación de pequeños accionistas Apabankval ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la sentencia del caso Costa Bellver que absolvió a la cúpula directiva del Banco de Valencia. Insta a la anulación del juicio oral y la sentencia del caso, una operación de compra venta de acciones que habría causado un agujero de más de 30 millones de euros a la entidad entonces controlada por Bancaja.
La Audiencia Nacional juzgó una operación inmobiliaria del Banco de Valencia y Bancaja con la familia Calabuig. El principal imputado, ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, se declaró culpable. Entre los procesados también se encontraban el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo; los hermanos Eugenio, Enrique, Celia, Mercedes y Pedro Calabuig, el directivo de Bancaja, Manuel Setién y el ex consejero delegado de Bancaja Hábitat, José Cortina. Tanto los propietarios entonces de Fucsa, del grupo Global Omnium, antiguo Aguas de Valencia, el resto, fueron acusados de un presunto delito de administración desleal en la operación inmobiliaria en la localidad de Oropesa del Mar.
La Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) ha solicitado la nulidad del juicio y que se celebre una nueva vista oral con otro magistrado. La Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, en representación del Frob, también han recurrido, según informan desde la organización. Entienden los representantes de los pequeños accionistas que se ha producido un quebrantamiento de normas y garantías procesales ya que, en su opinión, se reflejan una serie de circunstancias inciertas que causan indefensión en la labor acusatoria de la acusación particular que defienden. Entre ellas, el objetivo de crear un grupo inmobiliario entre Bancaja Hábitat y Fucsa, de lo que aseguran que no existen documentos que lo acrediten, como tampoco -explican- de la realización de estudios previos a la operación por parte de Bancaja Hábitat. Asimismo, consideran que el arquitecto que realizó la tasación lo hizo por encargo de la empresa, Costa Bellver, filial de Fucsa.
Pequeños accionistas
El recurso abunda en que ni Bancaja Hábitat, ni IF Agval (participada por Banco de Valencia y Fucsa), las dos compradoras de acciones de Costa Bellver, hicieron tasación alguna pese a que el precio pagado sumaba 116 millones de euros. Además, la Asociación que preside Juan Broseta, alega que según la sentencia, al existir varias sociedades en el caso, se produce indeterminación en las conclusiones acusatorias, que impiden aplicar el tipo delictivo. Los representantes de los pequeños accionistas entienden, ante esta tesis, que jamás se podrían dictar sentencias condenatorias en operaciones en las que participaran varias sociedades y afirman que, desde el principio, tanto la Asociación como el Ministerio Fiscal clasificaron los hechos en un solo delito: administración desleal, refiriéndose a la existencia de varias sociedades que se relacionan entre sí e intervienen, sin que se presentara objeción a las defensas, aseguran.
En el escrito se alega también que no se explican las causas por las que no se otorga valor alguno al reconocimiento de hechos que hace el acusado, Domingo Parra, y “su conformidad con la narración de la operación que se efectúa en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal”. Afirma el documento que "si la circunstancia de que uno de los acusados reconozca los hechos no vincula al magistrado al dictar la sentencia, si le es exigible explicar de forma más concreta y exhaustiva la causa de no otorgar ninguna credibilidad a este reconocimiento expreso".
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