La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este martes que las perspectivas para el turismo en verano son "optimistas" y ha afirmado que para Semana Santa se actuará con "prudencia" para contener el coronavirus y evitar "volver atrás".
"Estamos trabajando desde Turismo en el desarrollo de distintos instrumentos que garanticen la movilidad segura", entre ellos el "certificado digital" que impulsan en la Comisión Europea, para lo que se ha creado un grupo de trabajo específico, ha dicho la ministra en una entrevista en Canal Sur Radio.
Maroto ha explicado que las vacunas actuales y la de Janssen (de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson), que se aprobará en "cuestión de días", aportan un nuevo elemento que facilita la movilidad y permitirá que en primavera esté vacunada entre el 30 y el 40% de la población y a final de verano el 70%.
Cuando se alcance el porcentaje de vacunados en primavera se podrán reabrir los destinos turísticos españoles, aunque ha precisado que se debe hacer de forma "consensuada", como ocurrió el año pasado, cuando se abrieron las fronteras españolas el 1 de julio.
Están intentando "adelantar" el calendario de los viajes del Imserso, que habitualmente se comercializan en septiembre para que los mayores puedan viajar en octubre.
Además, ha asegurado que están intentando "adelantar" el calendario de los viajes del Imserso, que habitualmente se comercializan en septiembre para que los mayores puedan viajar en octubre, lo que redundará en beneficios económicos del sector turístico y también en el aspecto "anímico" de los viajeros.
Relación comercial "justa" con EEUU
Por otra parte, la ministra ha apuntado que se ha creado un grupo de trabajo para lograr una relación comercial "justa" con Estados Unidos una vez eliminados los aranceles a la aceituna de mesa, al aceite y al sector aeronáutico, y se ha mostrado "optimista" en conseguir un acuerdo antes de los cuatro meses que durará la anulación arancelaria.
También se ha referido al retraso en la aplicación del paquete de 11.000 millones de euros procedentes de la UE, lo que ha atribuido a la "complejidad" que conlleva y no a desavenencias entre los socios de Gobierno, y ha afirmado que la demora "merece la pena porque necesitamos seguridad jurídica".
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