La trampa en la que se ha convertido el contrato para construir la segunda línea del metro de Lima promete convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para las empresas que componen el consorcio adjudicatario, liderado por las españolas ACS y FCC. Recientemente, el Gobierno de Perú ha presentado una demanda contra el contratista en la que le reclama indemnizaciones de hasta 370 millones de dólares (unos 315 millones de euros al cambio actual) por los retrasos en la puesta en operación del transporte, motivado por las demoras en las obras.
No obstante, el proceso está cobrando tintes surrealistas, toda vez que la demanda del Gobierno peruano forma parte de los argumentos de defensa que ha empleado la Administración del país andino dentro de la denuncia que presentó en su día contra ella el consorcio adjudicatario del contrato ante el Ciadi, el organismo de resolución de conflictos auspiciado por el Banco Mundial.
Concretamente, a comienzos de 2017, el grupo de empresas que encabezan ACS y FCC inició un procedimiento de arbitraje contra el Estado peruano para tratar de resolver la complicada situación en la que se encontraba el contrato, uno de los mayores licitados en la región, con un montante total de casi 4.200 millones de euros.
El consorcio denunció que prácticamente desde el primer momento fue imposible cumplir con el contrato debido a los retrasos en los que incurría la Administración en cederles los terrenos para el desarrollo de las obras así como en aprobar los correspondientes estudios de ingeniería. Las reclamaciones económicas del consorcio en concepto de daños y perjuicios se fueron incrementando hasta alcanzar una cifra próxima a los 400 millones de euros.
Inesperado contraataque
A la hora de presentar las correspondientes alegaciones, el Gobierno peruano no se ha conformado con rechazar las acusaciones del consorcio sino que no ha dudado en contraatacar con su particular demanda al considerarse perjudicado tanto desde el punto de vista socioeconómico como medioambiental por los retrasos en el proyecto.
Fuentes conocedoras de la situación han apuntado a Vozpópuli que la situación es extremadamente complicada para el consorcio, que desde hace más de dos años ha tenido que centrarse casi en exclusiva en cuestiones burocráticas y administrativas mientras que las obras avanzan a un ritmo casi ridículo.
Desde el punto de vista económico, el escenario también es difícil toda vez que el consorcio ve cómo el proyecto puede demorarse durante varios años más, lo que elevará de forma notable los costes de la financiación que las compañías obtuvieron en su día para comenzar a desarrollar el contrato.
De esta forma, las posibilidades de rentabilizar el contrato, una circunstancia ya de por sí cada vez más complicada en trabajos en el exterior, se contraen a pasos agigantados.
Un caos político
Hace cinco años que se resolvió la licitación de la línea 2 del metro de Lima, un proceso por el que también se interesó la brasileña Odebrecht, que incluso llegó a recurrir el resultado del concurso aunque la oferta del consorcio ganador fue la única que llegó a presentarse.
Precisamente, Odebrecht está muy relacionada con el caso en el que se ha convertido la política peruana en los últimos tiempo ya que en el macroproceso judicial que se sigue en Brasil contra la empresa por corrupción han aflorado varios casos de antiguos presidentes de Perú a quienes la constructora brasileña financió sus respectivas campañas electorales.
En el consorcio afectado por la demanda también están presentes las italianas Salini Impregilo y Ansaldo y la local Cosapi.
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