La escalada de precios del petróleo tras la ruptura del pacto nuclear por parte de Estados Unidos está añadiendo tensión al debate que se está produciendo en el Pacto de Toledo. Justo ahora que el PP parecía dispuesto a volver al IPC, al menos en parte, para revalorizar las pensiones, la economía da una lección del peligroso efecto de volver a la indexación automática a un elemento tan volátil como la inflación. Si el crudo sigue al alza, los precios podrían acabar el año por encima del 2%, lo que obligaría a revalorizar las pensiones muy por encima del 1,6% pactado con PNV.
Eso es lo que habría pasado antes justo antes de que entrara en vigor la reforma del PP del año 2013, cuando las pensiones se subían vía Presupuestos lo que se esperaba que repuntaran los precios ese mismo año. Y al acabar el ejercicio, si la inflación subía más de lo previsto, se compensaba a los pensionistas con un nuevo incremento. En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy rompió el vínculo con el IPC y empezó a aplicar el IRP, el índice que diseñó para controlar el gasto del sistema.
Desde entonces las pensiones han subido el mínimo que sale de la fórmula, un 0,25%, todos los años. A pesar de esta cuasi congelación, los pensionistas han visto cómo crecían sus rentas porque en 2013, 2014 y 2015 la inflación no ha superado ese 0,25%. De hecho, estuvo muchos meses en negativo, lo que permitió que los jubilados siguieran ganando poder adquisitivo. El problema empezó hace dos años, cuando los precios volvieron a repuntar y acabaron el año en el 1,6%. El año pasado se mantuvo la tendencia y los precios aumentaron un 1,1%.
El Pacto de Toledo estaba muy cerca del acuerdo hace unas semanas, pero el crudo vuelve a complicar las negociaciones
Esto hizo que los pensionistas sí perdieran poder adquisitivo en 2016 y 2017 y esa pérdida es la que ha hecho que los grupos se movilicen intensamente para volver al IPC como referencia. En las últimas semanas los portavoces del Pacto de Toledo habían acercado posturas ante la idea de crear un nuevo índice que pivotara sobre el IPC pero que tuviera también en cuenta otros elementos para suavizar las subidas de las pensiones, como la evolución de los salarios y del PIB. Pero el acuerdo ha vuelto a complicarse.
La izquierda se sintió molesta con el acuerdo que fraguaron PP y PNV en la sombra para salvar el Presupuesto de 2018 horas antes del debate de totalidad. El acuerdo pretendía asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas subiendo todas las prestaciones un 1,6% este año y el próximo, en línea con el IPC, pero sin vinculación automática. Y posponer a 2023 la entrada en vigor de la segunda pata de la reforma del PP, el factor de sostenibilidad.
Al PSOE, que lleva tiempo reclamando subidas de esta magnitud para las pensiones, no le ha gustado quedarse fuera y ha vuelto a reclamar la vinculación directa al IPC en las recomendaciones que deben guiar la futura reforma. Ya no acepta índices intermedios como el que había sido capaz de generar cierto consenso. Podemos tampoco quiere firmar las recomendaciones del Pacto si no se vuelve, como mínimo, a la referencia directa a la inflación.
Los precios, al 2%
Y mientras la izquierda vuelve a atrincherarse en la vinculación al IPC, el petróleo da argumentos al PP y Ciudadanos para no ceder. Muchos analistas dan por hecho que los precios volverán a superar la barrera del 2% durante el verano y avisan de que puede instalarse en esa cota, que es justo la referencia que marca el Banco Central Europeo (BCE). Eso sí, ese nivel obligaría a subir más las pensiones si se quieren evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo.
De hecho, el acuerdo que tanto ha publicitado el PNV quedaría en aguas de borrajas incluso antes de llegar a aprobarse. Los nacionalistas vascos se han vanagloriado de ser el único partido que ha sido capaz de asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas para 2018, pero si las pensiones suben un 1,6% como han pactado, y el crudo acaba el año en el 2%, los jubilados volverán a perder casi medio punto de poder de compra.
En este contexto, el Pacto de Toledo volverá a reunirse la próxima semana para intentar sellar un acuerdo. Si son capaces de pactar la redacción de la controvertida recomendación sobre la revalorización, podrán seguir avanzando. El Gobierno sigue confiando en recibir las recomendaciones antes de verano para poder aprobar una nueva reforma consensuada antes de que acabe el año, pero cada vez que el cielo parece despejarse un poco, vuelven a aparecer nuevos nubarrones. Veremos si el crudo se convierte en el nuevo gran obstáculo de esta negociación.
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