El Gobierno ya ha puesto en marcha las garantías públicas para hacer frente al coronavirus. Una línea de avales del Estado que pone en riesgo el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. No lo hace ahora, pero sí en un futuro, cuando las deudas se materialicen. Moncloa sabe que tiene entre sus manos una bomba de relojería y por eso ha tardado tanto en concretar cuánto cubrirán estas garantías y así sopesar cómo asumirá el riesgo de posibles impagos.
Por el momento, el Estado no ha puesto ni un sólo euro de los 100.000 millones que ha prometido. Pero tampoco los pondrá, al menos en el corto plazo. Y es que es importante destacar que los avales son sólo una promesa de que el Gobierno será el que responda por el empresario o autónomo si éste no paga el préstamo solicitado a la banca por motivo del Covid-19.
Un riesgo muy alto para la Administración Pública y no tanto para las entidades de créditos, que cuentan también con más flexibilidad por parte del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, el supervisor que dirige Christine Lagarde ha dejado la puerta abierta para que la banca no tenga que provisionar por este motivo.
Y es por eso que el Gobierno ha salido con una línea tan descafeinada, por debajo de lo que esperaba el sector. Este martes, la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció los primeros 20.000 millones de euros en garantías. Una quinta parte de lo prometido que cubrirá el 80% del riesgo en pymes y autónomos en todas sus modalidades (nuevo crédito y refinanciación) pero que sin embargo, al resto -grandes empresas- sólo cubrirá el 70% de préstamos concedidos y el 60% en caso de renovaciones.
La mitad de los avales irán dirigidos a las pymes y los autónomos, y el resto a grandes empresas
Montero explicó que una vez se agote esta primera aportación, el Gobierno irá añadiendo nuevas líneas, aunque también advirtió de que el Ejecutivo se reserva la potestad de poder cambiar las características de los avales por lo que en futuras emisiones, la banca podría asumir más riesgo. No obstante, fuentes financieras consultadas por este medio reconocen cierto pesimismo en el sector con futuras rondas. Se da por hecho que el Estado irá reduciendo progresivamente estas condiciones, siendo cada vez menos favorable para la banca.
Estas mismas fuentes añaden que el Gobierno juega con una cifra "tramposa" porque es muy probable que no se terminen de materializar esos 100.000 millones. El Gobierno de José Luis Rodrigo Zapatero ya puso encima de la mesa esa misma cifra durante la crisis financiera y sólo se activaron 40.000 millones de euros.
Aún con todo, el equipo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Tesoro han diseñado una especie de cortafuegos para intentar paliar lo más posible el número de impagos. Las condiciones para acceder a un aval del Gobierno no son muy favorables. De hecho, el solicitante deberá acreditar que no estuviera en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Lo que cierra muchas puertas en el caso de las refinanciaciones.
Cabe destacar que los bancos cumplen con una serie de medidas muy estrictas en cuando a la morosidad, por lo que si una compañía ya sufría impagos a cierre del año anterior, es muy poco probable que ésta pueda acceder a un aval del Estado. Una paradoja, ya que serán las más vulnerables. Las empresas que cuenten con una caja suficiente podrán aguantar el chaparrón con apenas nueva liquidez gracias a los ERTEs.
¿Y si se ejecutan los avales?
El problema para España, tal y como ya se ha comentado en este artículo, vendría si finalmente los receptores de esos préstamos no pagan su deuda con la entidad financiera y el Estado, como avalista, se ve obligado a pagar los préstamos en su lugar. Por el momento, esta deuda ascendería a 20.000 millones de euros -el dinero que ha liberado el Ejecutivo en una primera tanda- pero en el futuro supondrá hasta 100.000 millones de euros, el equivalente a un 8% del Producto Interior Bruto (PIB).
Aunque, a priori, se parte de la idea de que la recuperación de esta crisis será rápida en cuanto se contenga la pandemia y que las empresas y autónomos beneficiados de esos préstamos podrán devolverlos, en caso de que eso ocurriera, el déficit público de España se dispararía.
El Estado tendría que emitir deuda para pagar esos 100.000 millones y su nivel de deuda sobre PIB, que se sitúa a cierre de 2019 en el 95,5%, superaría con creces el 100% del PIB, muy lejos de los niveles de estabilidad que marca Bruselas (máximo -3% de déficit y 60% de deuda pública sobre PIB).
La Comisión Europea ha pausado temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para permitir a los países incurrir en el gasto que necesiten sin comprometer sus objetivos de deuda y déficit, pero no ha precisado durante cuánto tiempo dejarán de mirarse estos indicadores.
Peligro para los países sin margen fiscal
En cualquier caso, aunque Bruselas no penalice a España, si se disparan la deuda y el déficit público los mercados sí podrían hacerlo, obligando al país a pagar más por financiarse.
“Las dudas sobre la solvencia de las economías con escaso o nulo margen presupuestario pueden incrementar las primas de riesgo elevando también de forma automática los costes financieros del Estado. El peligro de esa situación, que conviene atajar de raíz y cuanto antes, es que provoque un efecto “bola de nieve” en la ratio de deuda", explica la profesora Sara Barcenilla, de la Universidad de Zaragoza, a Vozpópuli.
Esto se traduce en que "mayores primas suponen mayores costes financieros que conducen a un mayor déficit el cual deberá financiarse con mayor deuda lo que en un entorno de débil crecimiento económico eleva la ratio deuda pública/PIB incrementando la incertidumbre y elevando de nuevo las primas (y así, volvemos a empezar)”.
Aunque los avales públicos han sido una medida común en otros países de la Unión Europea y similares en cuantía en proporción a su PIB, en España resultan mucho más peligrosos que en otros Estados como Alemania, que sí cuentan con margen presupuestario (superávit fiscal de +1,7% del PIB y deuda del 61,9% a cierre de 2018). Para los que han hecho sus deberes en época de crecimiento económico, será menos costoso liberar la artillería para contener esta crisis.
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