Amnistías ha habido muchas en la historia, pero autoamnistías, es decir, gobiernos, regímenes, políticos amnistiándose a sí mismos, como Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, es decir, un político que amnistía a otro político que es su socio e imprescindible para gobernar, no. El referente que señalan los juristas a los que ha consultado Vozpópuli son las dictaduras militares de extrema derecha de Augusto Pinochet y de Jorge Videla en Chile y Argentina, respectivamente. Conocidas como autoamnistías democráticas porque además de ser una amnistía a uno mismo, estas normas, con distintos grados de connivencia o intentos de supresión, fueron refrendadas por gobiernos democráticos.
El régimen de Pinochet aprobó una Ley de Amnistía en 1978 en Chile para proteger del procesamiento judicial a aquellas personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 en el que dio el golpe de Estado y el 10 de marzo de 1978.
En Argentina, hubo una Ley de Amnistía de autoexculpación de los regímenes militares autoritarios entre 1966 y 1973 y una segunda de la dictadura de Videla entre 1976 y 1981.
Un precedente que aprecian argentinos y chilenos en nuestro país: los más jóvenes, conocedores de su historia, y sobre todo, sus padres y abuelos, que se exiliaron. También los españoles simpatizantes con los represaliados por estas dictaduras, que eran los que se oponían a Franco, muchos muy próximos al PSOE. Algunos de estos son los socialistas que ahora están en contra de la amnistía.
Nombres próximos al PSOE como Enrique Bacigalupo y Baltasar Garzón han luchado además contra estas autoamnistías. Enrique Bacigalupo -ex magistrado del Tribunal Supremo español y padre del consejero de la CNMV y marido de Teresa Ribera Mariano Bacigalupo- en el Gobierno del peronista Héctor Cámpora en Argentina, y Baltasar Garzón para procesar a Pinochet 20 años después de su autoamnistía.
Ni Bacigalupo, que poco después se exilió de Argentina, ni Garzón tuvieron mucho éxito. Cámpora cayó en Argentina y el siguiente dirigente no autoritario, Raúl Alfonsín, dedicó enormes esfuerzos jurídicos a intentar revertir la autoamnistía de Videla.
Garzón logró mantener bajo arresto domiciliario a Pinochet en Londres, donde había acudido para recibir tratamiento médico, entre octubre de 1998 y marzo de 2000, acusado de violaciones de derechos humanos en Chile, con cargos que incluían 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles, el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria y conspiración para cometer tortura. Finalmente, Reino Unido decidió no extraditar a Pinochet a España por razones humanitarias y volvió a Chile, donde murió en 2006 sin haber sido procesado.
Más allá del aletargamiento o la connivencia de que se ha acusado a veces a Chile, que no dejó sin efectos de forma simbólica la autoamnistía de Pinochet hasta 2015, José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), advierte de la "complejidad de revertir una amnistía, que es un borrado de delitos".
Vera Santos ve "excepcional la amnistía que promueve Sánchez y sin referentes, salvo los latinoamericanos por tratarse de una amnistía para uno mismo o los suyos".
Han llamado mucho la atención de los juristas las citas de la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de Amnistía a la Ley de Amnistía de 1977, cuando ésta es previa a la Constitución, y se hizo en un cambio de régimen.
José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo en la URJC, advierte de que la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley de Amnistía, que califica de "fake" y de "autoexculpación preventiva", pone ejemplos de amnistías en Italia, Francia y Alemania, tras la Segunda guerra mundial y la de Argelia, que "no tienen nada que ver por tratarse de verdaderos cambios de régimen tras guerras, circunstancias muy excepcionales, en los que se amnistía a ciudadanos anónimos, no a políticos como aquí".
Ni siquiera en la caída de la URSS en 1991 tras 75 años de régimen hubo autoamnistía. De hecho, el Gobierno de Boris Yeltsin amnistió a militares en 1992 que protagonizaron el golpe de Estado contra Mijail Gorbachov que fue sofocado y precedió al cambio de régimen.
Amnistía 'in progress' y con nombres y apellidos
En Argentina y Chile, se trataba de militares amnistiándose a sí mismos, y en este caso, Sala Arquer cree que se sigue el paralelismo por tratarse de "políticos amnistiando a políticos" que además son sus socios y clave para gobernar, "tras haber utilizado su posición para malversar caudales públicos". "Es sólo por los siete votos", remacha.
La amnistía que tramita el Congreso era condenada por Pedro Sánchez hace tres meses y no está prevista en la Constitución. No se produce en un cambio de régimen sino que como apuntan los juristas consultados, ella misma es el cambio de régimen.
Los que enmiendan a la totalidad al Estado asumen su control desde el Ejecutivo y legislativo y amenazan el judicial, trasladan los juristas. Todo esto tras unas elecciones en las que no se ha concurrido con este programa ni se ha votado en consecuencia. Un plan que no se ha consultado y que sólo avalaba a priori una parte mínima de la Cámara.
Redactan la Proposición de Ley los grupos que se benefician de ella ya que les permite gobernar y los directamente amnistiados, advierte Vera Santos, en lo que además se convierte en una amnistía in progress del poder a sí mismo, toda vez que la proposición no se tramita en lectura única y en breve se va a abrir el plazo de enmiendas, en el que podrá haber nuevas exigencias de los socios y nuevos beneficiados.
Sobre el peligro de quedarse fuera de una ley de amnistía, algunos juristas recuerdan el caso de Chile, en el que en la enumeración de los crímenes que se iba a amnistiar no se incluyó al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la Policía secreta, Manuel Contreras, que ordenó el asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976 porque EEUU no estaba dispuesto a admitir esa amnistía. En 1995, en una iniciativa sin precedentes, la Corte Suprema condenó a Contreras y a Pedro Espinoza como autores intelectuales del asesinato, con penas de seis y siete años, respectivamente. Se abrió por primera vez la posibilidad de enjuiciar crímenes de la Dictadura.
De dos votos en contra a 172
La ley de Amnistía de 1977 es la primera ley que probaron las Cortes democráticas, "para todos los actos de intencionalidad política considerados delitos durante la Dictadura" y por lo tanto anterior a la Constitución. Apenas ocupa tres páginas y no tiene exposición de motivos. Salió adelante con 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Fue promovida y defendida por grupos que provenían del antifranquismo para sacar de la cárcel a opositores y cuestionada por fuerzas de extrema derecha.
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El diputado Antonio Carro, exministro de Franco, de Alianza Popular, que se abstuvo, aseguró que Alianza Popular "acepta y reconoce" la amnistía, pero con prevenciones. "Cuando cambia un régimen político y, en España es evidente que se ha producido ese cambio, la amnistía es una consecuencia justa para todos aquellos que cumplen condena por actos que han dejado de ser delitos", dijo. El partido no se posicionó a favor, según explicó, porque, en este caso, la aplicación de la amnistía supone el perdón a "verdaderos terroristas" y a "verdaderos profesionales de la violencia".
Y planteó una advertencia: "La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley […] Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores".
La Proposición de Ley de Amnistía que promueven el PSOE y sus socios se inicia con 12 páginas de exposición de motivos por 10 de articulado y aspira a lograr 178 votos a favor y 172 en contra.
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