La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nunca contactó con la auditora de Plus Ultra en España antes de rescatar a la aerolínea semivenezolana con 53 millones de euros de fondos públicos, según apuntan fuentes involucradas a Vozpópuli. Las mismas fuentes apuntan a que la auditora de la aerolínea se habría enterado del rescate por la prensa.
La entidad pública que dirige el uso de los fondos de apoyo a la "solvencia" de empresas "estratégicas" no estimó necesario contactar con Audicar SL., la firma que ha auditado a Plus Ultra desde, al menos, el año 2018, según consta en el Registro Mercantil. Otras fuentes apuntan a que Audicar habría empezado a trabajar con Plus Ultra en el año 2015.
En cualquier caso, Audicar es la firma que lleva auditando a la aerolínea desde, al menos, su entrada en Venezuela, incluido el ejercicio 2020, y que ha constatado que la compañía registró pérdidas en todos los años que ha operado vuelos -de 2,78 millones de euros en su último ejercicio-.
Según ha podido saber este medio, Audicar está ahora preparando la auditoría del ejercicio de Plus Ultra que cerró el pasado 31 de enero (el ejercicio fiscal 2021 de la aerolínea) y que se aprobaría previsiblemente el próximo mes de agosto.
La auditora de Plus Ultra, pequeña
Con oficinas en Madrid y Tenerife, ámbitos donde opera la propia aerolínea, Audicar cuenta con tres empleados a tiempo completo.
Pertenece a la familia del español Jesús Angel Carbajo Tereisa, que vive en Tenerife y ha firmado las cuentas de Plus Ultra, además de las de una veintena de sociedades, ligadas a hoteles, escuelas y empresas transportistas sin renombre.
Audicar se creó en 1995. Su cuota de negocio en 2019 fue de 361.000 euros, con beneficios exiguos de unos 10.000 euros.
Los propietarios de la consultora poseen sociedades dedicadas al turismo acuático en Canarias y la venta de joyas. Ambas sociedades están actualmente inactivas. Carbajo Tereisa impulsó, en el pasado, una sociedad que pujó por entrar en el negocio de los casinos en La Rioja.
El papel de la SEPI
Según la norma gubernamental que rige los rescates, "la SEPI verificará la concurrencia de los requisitos (por la empresa) y valorará, con ayuda de expertos independientes en su caso, la validez y suficiencia de la información aportadas".
Es decir, deja en manos de la discrecionalidad de la propia entidad estatal el contactar, por ejemplo, con la empresa responsable de auditar directamente las cuentas de la compañía "estratégica" para determinar si es lo suficientemente solvente como para garantizar que el rescate no es una hipoteca a fondo perdido.
La SEPI no ha respondido a ninguna de las preguntas y/o solicitudes de este medio sobre la documentación del rescate finalmente aprobado
Paralelamente, según consta en la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de julio, para acceder al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la SEPI, Plus Ultra ha debido justificar que no constituía una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 y demostrar su viabilidad a medio y largo plazo "presentando en su solicitud un Plan de Viabilidad para superar su situación de crisis".
En este documento, la empresa debía describir la utilización proyectada del apoyo público solicitado, así como presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario de amortización y las medidas que se adoptarán para garantizar su cumplimiento.
La situación de Plus Ultra
La propia Sepi no ha respondido a ninguna de las preguntas y/o solicitudes de este medio sobre la documentación del rescate finalmente aprobado, previo informes del banco de inversión Daiwa, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según informó El País, después de que este periódico pidiera esa misma información y le fuera denegada. A fecha de hoy, siguen sin conocerse esos informes.
Los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió con cargo a fondos públicos españoles equivalen al 60% de toda su facturación en 2019, más del 90% de la que obtuvo en 2018 - cuando empezó a ofrecer vuelos a Venezuela - y cerca del doble de la que había conseguido en 2017.
A cierre de su ejercicio fiscal 2020, Plus Ultra tenía un fondo de maniobra negativo de 5,75 millones de euros. Cerraba su ejercicio con unas pérdidas de 2,78 millones. También arrastraba resultados negativos de ejercicios anteriores que ascendían a 10,64 millones. Su patrimonio neto era de tan solo 5,84 millones.
La banca española, avanzó este periódico, se negó a concederle créditos ICO por el riesgo que suponía la operación. Fue esa negativa la que llevó a la aerolínea a pedir el rescate de la SEPI, extremo sobre el que la compañía se mostraba optimista en sus cuentas firmadas en agosto de 2020.
Ibrahim Issa es el magnate detrás de Plus Ultra próximo a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y a la Primera Dama de ese país, Cilia Flores
La aerolínea ha sido impulsada desde 2011 por empresarios con, al menos, tres quiebras de aerolíneas a sus espaldas, avanzó este medio, e incluso una condena por delitos fiscales.
En 2017, la aerolínea, informó ya este periódico, sorteó entrar en causa de disolución a través de un préstamo participativo de una entidad bancaria de Panamá, Panacorp Casa de Valores, controlado por empresarios cercanos a Camilo Ibrahim Issa.
Ibrahim Issa, anticipó también este periódico, es el magnate detrás de Plus Ultra y próximo a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y a la Primera Dama de ese país, Cilia Flores.
El hermano de Delcy, Jorge, es el actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana (el brazo legislativo del Estado venezolano). Cilia, abogada, tendría ascendencia sobre el Fiscal General del país sudamericano, Tarek William Saab, según fuentes consultadas por este medio.
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