Economía

El Gobierno subvenciona con 440.000 euros a la fundación del consultor clave en el rescate de Plus Ultra

León Benelbas no sólo es fundador y presidente de DC Advisory, la pequeña consultora que elaboró el informe "independiente" decisivo sobre el rescate público a Plus Ultra. El empresario también

León Benelbas no sólo es fundador y presidente de DC Advisory, la pequeña consultora que elaboró el informe "independiente" decisivo sobre el rescate público a Plus Ultra. El empresario también es el representante o 'patrón' de la comunidad judía en la fundación Pluralismo y Convivencia, un ente público que lleva 16 años recibiendo subvenciones públicas.

La fundación fue creada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de salvaguardar el pluralismo religioso. Actúa como puente entre la Administración Pública y las federaciones de las tres principales comunidades religiosas en España: la católica, la musulmana y la judía.

Desde su creación, cada una de ellas ha recibido una línea estable de ayudas públicas, proporcional al peso de su representación; pero también han ingresado paralelamente ellas, y otras entidades, subvenciones en función de los proyectos particulares presentados.

Más ayudas desde 2018

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la comunidad judía no optó apenas a subvenciones ligadas a proyectos particulares, según destaca la propia fundación en sus cuentas. Fuentes cercanas a la Federación de Comunidades Judías justifican su decisión de no acudir a los concursos porque "los trámites administrativos eran laboriosos".

En 2019, ya con Pedro Sánchez en la presidencia, el colectivo abanderado por Benelbas volvió a recibir subvenciones al margen del 'canon' (unos 50.000 euros extra para distintos proyectos). Lo mismo sucedió en 2020, cuando ingresó otros 50.000.

A ambas ayudas hay que añadir los cerca de 170.000 euros anuales percibidos en concepto de la línea de apoyo directo a las comunidades. La suma de las partidas ingresadas desde que llegó Sánchez al Gobierno rondó los 440.000 euros.

Montero y Plus Ultra
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó el rescate de Plus Ultra con informes de DC (financiero), Deloitte (administrativo) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

De este modo, el colectivo representado por Benelbas logró aumentar un 30% las subvenciones recibidas a partir de 2019 hasta 2020 inclusive, en línea con el incremento del conjunto de las ayudas.

En total, la Federación de Comunidades Judías ha recibido alrededor de cinco millones de euros desde 2004. En 2021, la fundación pasó de estar adscrita al Ministerio de Justicia al de Presidencia, dirigido por Carmen Calvo.

Vozpópuli ha intentado contactar directamente con Benalbas, su consultora DC Advisory y la fundación Pluralismo y Convivencia para elaborar este artículo.

Informe 'confidencial' sobre Plus Ultra

DC Advisory pujó por los estudios de viabilidad de otros rescates al margen del de Plus Ultra. Hasta la fecha, la SEPI no le ha adjudicado más informes. Por tanto, su colaboración con el Fondo de Apoyo creado por el Gobierno se ha limitado a certificar el carácter estratégico de la aerolínea semivenezolana, que le fue adjudicado el pasado mes de diciembre y que permanece como 'confidencial'.

Según se desprende de las cuentas presentadas al registro mercantil, bajo el nombre de Daiwa Corporate Advisory, la empresa que elaboró el informe financiero sobre Plus Ultra registró en 2019 una facturación de cuatro millones de euros y una treintena de empleados. Su auditora, Ernst & Young, le aprobó dichas cuentas "con salvedades" y le afeó omitir información sobre las remuneraciones de sus directivos.

Benelbas formó parte del ministerio de Economía y Hacienda del primer Gobierno de Felipe González

Antes de impulsar a la firma que ha acabado siendo clave para el rescate público de Plus Ultra, Benelbas pasó por grandes empresas y firmas de inversión. En concreto, trabajó en Hispanoil (Repsol Exploración), Crédito & Caución, Tabacalera, PriceWaterHouseCoopers, Ron Investments y la predecesora de DC, la consultora financiera Atlas Capital.

Con motivo de su etapa como socio en Atlas, estuvo imputado a partir de 2010 en una causa por presunto desvío de 600.000 euros de fondos públicos del Gobierno balear del popular Jaume Matas que finalmente fue archivada en 2017 tras retirar la acusación el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol.

También formó parte del Gobierno de Felipe González, como subdirector general de Planificación Económica, y director general de Seguros y Fondos de Pensiones del ministerio de Economía y Hacienda entre 1983 y 1989.

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