El impuesto a grandes fortunas vasco, que se descartó para las elecciones municipales del pasado 28 de mayo -y que no tiene sentido tributario, según advierten los expertos- llega para las autonómicas en un momento de debilidad del PNV, que teme que en las elecciones vascas del próximo junio se consolide el incipiente sorpasso de Bildu e incluso que Arnaldo Otegi sea lehendakari.
Las Diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya han sacado a información pública sus respectivos borradores de normas forales para regular el Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas para 2023 y se encaminan a un hito, a juicio Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco y el primer experto que dimitió del comité de sabios que asesoró al Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal: van a ser las primeras Administraciones que se "autoarmonicen".
Y es que el impuesto a grandes fortunas estatal, que Hacienda avanzó el 22 de septiembre de 2022 como reacción al anuncio de Juanma Moreno Bonilla de que suprimía Patrimonio en Andalucía, pretende armonizar, es decir, obligar a subir, a que se pague el Impuesto de Patrimonio en otras administraciones, en concreto, en las comunidades del PP donde está bonificado al 100%.
Así, carece de sentido que una Administración que tiene un impuesto -Patrimonio- apruebe otro igual o muy parecido sólo que grave un poco más: lo lógico sería subir o cambiar el primero lo que se quiera.
"Si las Diputaciones Forales hubiesen querido subir la presión fiscal a los grandes patrimonios, lo podrían haber hecho con normalidad. No tenían más que aprobar una nueva escala de gravamen en el Impuesto de Patrimonio. Pero no lo han hecho. No tiene sentido autoarmonizarse", razona Zubiri, que ve un "seguidismo" de lo que hace el Estado sin sentido, por parte de unas Administraciones que a la vez dicen que quieren completa autonomía.
A todo esto se añade que hasta la irrupción del impuesto a grandes fortunas estatal, en el País Vasco existía un debate sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio, que pagan 17.000 contribuyentes.
Navarra sí ha adaptado los últimos tramos de la tarifa de su Impuesto de Patrimonio al impuesto a grandes fortunas.
Para Zubiri, el Gobierno de Pedro Sánchez "más que política fiscal tiene espasmos fiscales, actúa por impulsos, y llama a las cosas por lo que no son: el nuevo impuesto no es tal, es una reedición del de Patrimonio, y no afecta a las grandes fortunas", en alusión a que éstas pueden eludirlo e impacta realmente en profesionales, clases medias y patrimonios medianos.
Con todo, el impuesto vasco será más suave que el estatal y el tipo máximo del 3,5% se aplicará a los patrimonios superiores a 16 millones, frente a los 10,6 millones en el resto de España. En Vizcaya será aún menos exigente, en correlación con su Impuesto de Patrimonio.
Las tres Diputaciones forales vascas van a establecer un escudo fiscal como el estatal, con un límite conjunto del 60% de la base imponible general y del ahorro del IRPF, sin que la reducción exceda en el 80% de la cuota.
El nuevo tributo estará vigente en el País Vasco mientras lo esté en el resto de España, según prevén los anteproyectos de normas forales, y en este sentido se ha planteado que sólo esté vigente en 2023. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de declarar que el impuesto estatal será permanente.
El Gobierno vasco exigió al central que el denominado impuesto a los ricos fuera un tributo concertado, lo que dejaba a las Diputaciones forales la facultad de regularlo y recaudarlo. No tenía sentido tributario alguno en el marco foral y se interpretó como que no querían que existiera la posibilidad de que se les impusiera un impuesto estatal.
De hecho, el PNV y el PSE se inclinaban por no activar el impuesto en País Vasco. La Diputación de Vizcaya así lo trasladó. En el caso de Guipúzcoa se apuntó que tampoco había intención.
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, planteó: "No sabemos si se va a aplicar. El PNV no lo sabe. Asumimos la gestión para que no nos lo apliquen. Nosotros lo aplicaríamos".
El impuesto a grandes fortunas se creó precipitadamente como enmienda en la proposición de ley de los impuestos de banca y energéticas, con lo que no se permitió ni voz ni voto a los grupos cuando se pretendía que fuera un texto de marca parlamentaria.
La excepción vasca
"El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas", establece la norma que crea el impuesto a grandes fortunas estatal. "La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponde al Estado", insiste el texto. El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio" Económico vigentes en País Vasco y Navarra, remacha sobre la excepción vasca.
La misma exigencia de cesión por parte del PNV se dio poco antes con los impuestos a banca y energéticas, que finalmente el Gobierno de Sánchez se apresuró a declarar que se les transmitirán, lo que también se ha hecho en la reforma de la Ley del Concierto. Con la dificultad de que el Gobierno no los llama impuestos, lo único que se puede concertar, sino gravámenes.
Amparándose en esta cesión, ERC, PDeCAT y Más País lanzaron una ofensiva para que el resto de las CCAA ingresen estos impuestos, al menos un 50%, según registraron en enmiendas en el Senado que no prosperaron. La Rioja, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón pidieron al Gobierno la cesión sin éxito.
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