Petronor, filial de Repsol, e Iberdrola son las dos compañías que más aportan a la base recaudatoria en el País Vasco. Una situación que no olvida el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cuando en los Cortes se debaten leyes que afectan a 'sus' dos compañías. Esto es lo que está sucediendo con el gravamen temporal a las empresas energéticas, más conocido como impuestazo.
El PNV logró en el debate de noviembre en el Congreso que las actividades reguladas y las actividades fuera de España se queden fuera de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos. Un cambio muy aplaudido en la Torre Iberdrola en Bilbao, ya que esta modificación reduce la factura anual por este impuestazo de 400 a 200 millones a la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.
Ahora la proposición de ley llega al Senado. Y el PNV intenta que la ley ahora se cambie en favor de su otra gran energética. La formación nacionalista ha presentado cuatro enmiendas en la Cámara Alta que casan con las peticiones que han mantenido desde Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la organización que integral a Repsol, Cepsa y BP.
En primer lugar, pide que el castigo no se haga sobre los ingresos. El PNV busca que el importe del 'impuestazo' salga de aplicar el 33% sobre la diferencia entre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al primer período impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2022 y el resultado de multiplicar por 1,2 la media estas mismas bases imponibles de los cuatro años anteriores. En el caso de que la referida media sea negativa, se tomaría un valor cero.
El PNV piensa en 'verde'
Otra enmienda defiende lo reclamado por la AOP, que las inversiones de las grandes petroleras en su transformación verde tengan una consideración especial. "El importe de la prestación se minorará en el 20% del importe de las inversiones en activos fijos y tecnologías que se comprometan en proyectos industriales que contribuyan a la transición energética y a la descarbonización", recoge el texto presentado en el Senado por el PNV.
La formación hace referencia a inversiones como la producción de hidrógeno renovable o la transformación de residuos en productos secundarios o en componentes de combustibles y gases renovables, instalaciones de producción de energía eléctrica que utilicen como energía primaria energías renovables y almacenamiento tanto hibridado con generación renovable como almacenamiento no hibridado.
También quieren que se incluyan todos los proyectos de eficiencia energética que permitan la consecución de los objetivos del PNIEC y del plan RepowerEU. "En la medida que dicho importe exceda del de la media de las inversiones realizadas durante los años 2019 a 2021", concluyen.
Negocios 'no energéticos'
Repsol o Cepsa cuentan con negocios no energéticos como los que se incluyen en su división química. Una rama industrial que consiste en transformar el petróleo en productos de uso cotidiano como son los plásticos para la alimentación o los componentes de automóviles. Una rama de negocio que pretende que se excluya de este "gravamen temporal energético".
Se excluirá el que corresponda a las entidades del grupo en que menos del 50% del importe neto de la cifra de negocios de actividades energéticas. "Gravar a empresas no energéticas carece de toda justificación, infringe el principio constitucional de igualdad y rompe las reglas de competencia. Se propone excluir del gravamen a las sociedades del grupo cuya actividad principal no sea energética. En concreto, a aquellas cuya actividad energética no supere el 50 % de la cifra de negocio (se asume el criterio de la proposición de ley, más estricto que el del Reglamento UE, que exige un 75%)", expone el PNV.
Tramitación accidentada
El Gobierno decidió vetar en el Congreso 43 enmiendas de PP, Cs, Vox, PNV y PdeCat a la proposición de ley que crea los impuestos a la banca y las energéticas. Y en menos de 24 horas se arrepentía. Según explicaban fuentes parlamentarias a Vozpópuli, después de este cambio de opinión exprés estaba la presión de formaciones como el PNV y las propias empresas, que veían escandalosa esta decisión.
Finalmente, en la Cámara Baja se transaccionaron enmiendas del PNV y PDeCAT para excluir del pago del gravamen energético -que asciende al 1,2% de la facturación- la parte de los ingresos correspondiente a actividades reguladas, tanto las tarifas reguladas de luz, gas y butano como los obtenidos de redes de transporte y distribución de electricidad y gas.
Asimismo, se excluyeron todos los ingresos obtenidos por instalaciones de generación con retribución regulada y retribución adicional en territorios no peninsulares, incluidos los del mercado, así como toda la facturación obtenida fuera de España.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cuantificado el impacto de estas enmiendas en 400 millones. Desde el Ministerio explican que se trata de una afectación de 500 millones en la recaudación prevista, de 4.000 millones, a razón de 250 millones menos al año.
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