De advertir el pasado viernes de que "no había habido negociación alguna" sobre la reforma de las pensiones con el Gobierno -cuando el Ejecutivo planteaba que tenía el aval de la Comisión Europea y de los grupos- a adelantar este martes que no se opondrá y que incluso no descarta apoyarla. Es el cambio de tono del PNV sobre la reforma de las pensiones, que ha sido fuertemente contestada por la patronal por la subida de cotizaciones sociales duplicada que contiene, que puede suponer cerca de 70.000 millones a las empresas hasta 2040.
La reacción de los jeltzales el viernes abría la puerta a que la tramitación parlamentaria se le complicara al Gobierno, y en ese sentido podían interpretarse las dudas de PdCAT con la reforma y la negativa a apoyarla de BNG, a la espera de que se posicionaran otros socios minoritarios. A pesar de que el acuerdo con Podemos parecía venir de la mano del de ERC y Bildu.
Sin embargo, el anticipo de Aitor Esteban de que en ningún caso votarán en contra allana el camino parlamentario al Gobierno para una reforma tan sensible y comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación como la laboral y que a pesar de haber asegurado que no quería repetir lo ocurrido con ésta, que sólo salvo in extremis el error de un diputado popular, ha llevado menos trabajada con los partidos de lo que venía considerando prudente y de lo que venía anunciando que estaba haciendo.
Así, el Grupo Vasco ha seguido criticando este martes el estilo negociador de José Luis Escrivá. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha lamentado en rueda de prensa que la reforma llegue ya acordada entre el Gobierno y la Comisión Europea y que además se tramite como decreto. "O lo tomas o lo dejas", ha incidido, y ha insistido en que las negociaciones sobre este asunto con el Gobierno y especialmente con el ministro de Inclusión podría haber sido "manifiestamente mejorables".
Entre luces y sombras se ha pronunciado el portavoz del PDeCAT, Genís Boadella, quien ha apuntado que su formación valora "positivamente" poder elegir entre 25 ó 29 años para el cálculo de la pensión, pero ha deslizado su "preocupación" por el aumento del 6% en las cuantías de las bases máximas de cotización, porque considera que podría tener efectos "adversos", principalmente para las rentas más altas.
Asimismo, el portavoz de PDeCAT ha advertido: "Nos miramos con reparo la subida de las cotizaciones, porque supone un incremento de los costes laborales tanto para empresas como para trabajadores que no redunda en la base de la cotización de la cotización futura".
Muy crítico desde el punto de vista contrario se ha mostrado el portavoz del BNG, Néstor Rego, que ya ha adelantado al ministro Escrivá su rechazo. Los nacionalistas gallegos quieren que se vuelva a un periodo de cálculo de 15 o 10 años, tal como estaba antes de que en 2011 el Gobierno de Mariano Rajoy recalculara el cómputo.
A partir de aquí, el resto son apoyos o en todo caso abstenciones. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, cree que la reforma va en "buena dirección", ya que no amplía el periodo de cómputo de forma obligatoria y se suben las mínimas. Sin embargo, ha incidido en que esto es "insuficiente" y es necesario que la reforma no permita que haya pensiones por debajo del "umbral de la pobreza".
En el caso de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián se ha mostrado "optimista" porque la base de la reforma es "buena". No obstante, ha incidido en que continuarán negociando con el Gobierno, con quien, según el portavoz de ERC, han mantenido una negociación "discreta y efectiva" en esta materia.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, asegura que la reforma a su partido "no les suena mal", si bien ha reconocido que no están de acuerdo "en todos los flecos", sobre los que no ha ofrecido más detalles. Aún así, ha indicado que desde Más País siguen negociando con el Ejecutivo "de manera fluida y leal".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, considera que la reforma "tiene todo el sentido común" y ha aprovechado para apuntar al PP y su posicionamiento en esta materia, ya que entiende que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "no aporta nada" y tampoco aclara "qué quiere" en materia de jubilaciones.
Otros partidos minoritarios más alejados del espectro de izquierda se mueven entre la abstención, el caso de Coalición Canaria, o la abstención sin descartar el apoyo (Teruel Existe), según ha recabado Vozpópuli.
Escrivá comparece este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo para detallar la propuesta e intentar asegurarse el apoyo parlamentario de los grupos. Este miércoles los sindicatos reúnen a sus comités confederales para analizar y todo indica que aprobar la reforma, que el Gobierno prevé validar como Real Decreto-ley en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves. Luego tendrá un mes, hasta el 16 de abril, para convalidarlo en el Congreso.
Hachazo de 90.000 millones a empresas y trabajadores
La reforma que el Gobierno ha planteado como negociada con la Comisión Europea y que ha avalado Podemos endurece el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que exige Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema cuando se liga el alza de las pensiones al IPC. Está en vigor desde enero una subida de 0,6 puntos -que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador- que iba a estar vigente hasta 2032. Pues bien, el incremento será ahora de 1,2 puntos -1 punto sobre la empresa y 0,2 sobre el trabajador-, que se irán incorporando en forma de una décima desde 2024 hasta 2029 y que estará en vigor hasta 2050.
En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego el ministro José Luis Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero de 2022 el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas, con lo que unos 90.000 millones podría suponer el efecto del nuevo MEI hasta 2040, de los que unos 70.000 recaerían sobre las empresas.
Los análisis de la AIReF que presidía Escrivá en 2019 insistían en el impacto de subir las cotizaciones en el empleo: "Cualquier medida de ingresos adicionales, ya sea a través de mayores cotizaciones o de las principales figuras impositivas debe tener en cuenta a su vez el impacto sobre la demanda interna, tanto a través del comportamiento de los hogares como de las empresas, demandantes de empleo", planteaba en enero de 2019 en una serie de documentos denominados Opinión sobre la Sostenibilidad de la Seguridad Social. Un impacto que este martes BBVA Research ha cuantificado en 240.000 empleos perdidos en el largo plazo.
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