El Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem va a forzar un cambio en la Ley de Vivienda para que los llamados grandes tenedores -fondos de inversión con más de diez casas-, no se beneficien por la puerta de atrás de un retraso de la nueva normativa, la cual, tal y como ha quedado redactada por el Ministerio de Fomento, contempla una vacatio legis -tiempo que tarda una norma en entrar en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- de nada menos que año y medio.
Según ha sabido Vozpópuli, los morados van a presentar una enmienda durante el trámite parlamentario para rebajar ese periodo a solo tres meses, de modo que la congelación o bajada del precio del alquiler tendrá efecto desde el trimestre siguiente a su publicación, porque temen que el año y medio que impusieron en octubre Pedro Sánchez y el sector socialista del Gobierno sea una jugada que, de facto, suponga su no aplicación si las elecciones son en 2022 o incluso 2023 y supone la llegada al Ejecutivo de PP y Vox.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, aceptaron entonces el actual texto, solo para desbloquear la negociación presupuestaria, que en aquellos momentos "estaba encallada"; pero ya advirtieron que buena parte de la letra pequeña, en particular esa especie de moratoria que el presidente garantizó a los llamados fondos buitre durante su viaje a Nueva York en junio, no les gustaba nada.
Ese año y medio de retraso es necesario para "actualizar" el Índice de precios de referencia, anclado en datos de 2015 a 2018. Un sistema clave para controlar el alquiler, dice Fomento, en las llamadas zonas tensionadas: Madrid, Barcelona y, en general, las grandes capitales
Ahora, tras un debate en el seno del grupo confederal, se ha decidido finalmente enmendar la Ley de Vivienda y no aceptar el argumento de la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, y antes que ella de José Luis Ábalos, de que ese año y medio de retraso es necesario para "actualizar" el denominado Índice de precios de referencia. Un sistema clave para controlar el alquiler, dice Fomento, en las llamadas zonas tensionadas (Madrid, Barcelona y, en general, las grandes capitales).
Si la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, o a los tres meses como va a forzar Unidas Podemos, el citado índice se conformaría en base a los datos desactualizados de los contribuyentes en el IRPF que facilite la Agencia Tributaria -datan del trienio 2015-18, antes de la pandemia-, cuando lo cierto es que, ahora mismo, ya está registrándose un efecto rebote tras caer de media 68€/mes durante el confinamiento y la paralización de la economía en 2020.
Los morados harán cuestión de esos cambios parlamentarios de la Ley de Vivienda cuando llegue su trámite parlamentario. De momento, Yolanda Díaz, que éste domingo será recibida en audiencia por el Papa Francisco en El Vaticano -no lo consiguió Pablo Iglesias porque estaba previsto en abril de 2020 y estalló la pandemia, aclaran las fuentes consultadas- anda ahora mismo volcada como ministra de Trabajo en sacar adelante la reforma laboral que el Gobierno ha de enviar a Bruselas antes del 31 de diciembre con o sin el apoyo de la CEOE. La patronal ha realizado una oferta que rechaza limitar la temporalidad de los contratos, pero dice seguir dispuesta a negociar y sumarse al acuerdo.
Díaz va a forzar la negociación de la subida del salario mínimo en enero porque teme que Sánchez adelante las elecciones generales y su compromiso quede en ‘agua de borrajas’; como la bajada del alquiler si hay moratoria de 18 meses
Con la incertidumbre sobre la reforma laboral ya despejada, la futura candidata morada va a forzar que la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) empiece ya, en enero de 2022; no comparte la tesis de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño -dejarlo correr hasta ver cómo evoluciona la economía-, porque teme que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales y todo quede en agua de borrajas. Lo mismo que ocurriría, dicen, sí se retrasa año y medio la bajada de los alquileres.
Todo lo demás son asuntos importantes, pero no ocupan la agenda prioritaria "firmada" por PSOE y Unidas Podemos tras la repetición de elecciones el 10 de noviembre de 2019. es el caso de la Ley de Protección de los animales, que tras varios tira y afloja entre los dos socios de gobierno en las últimas semanas, como informó Vozpópuli, podría ver la luz en el Consejo de Ministros del martes 21 de diciembre.
Y en enero también se va a sacar adelante la llamada Ley de Familias, que los dos partidos quieren sirva para incluir en la legislación española la nueva realidad de familias monoparentales y parejas del mismo sexo con hijos en común. Hasta ahí, el reconocimiento legal, los dos socios están de acuerdo; el problema viene porque Ione Belarra, que renunció a incluir en la negociación presupuestaria de octubre el aumento del permiso de maternidad/paternidad a seis meses y la nueva prestación por maternidad -cien euros al mes para familias con niños de 0 a 3 años-, ahora exige que se incluya en la nueva ley. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere porque descuadra el presupuesto.
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