Unidas Podemos propondrá en la nueva Ley de Vivienda que se defina como gran tenendor a los propietarios que tengan cinco o más pisos, según han explicado a Europa Press fuentes de la formación.
Con ello, tal y como ha adelantado el diario 'Cinco Días', el planteamiento del socio minoritario del Gobierno en coalición apuesta por rebajar la definición de gran propietario establecida en el decreto antidesahucios, fijada en diez o más inmuebles.
Para esta futura normativa la Vicepresidencia de Derechos Sociales ha abogado por una serie de medidas en sus contactos con el PSOE. Por ejemplo, quiere introducir la obligación a los grandes tenedores para que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, hacer permanente la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y desplegar medidas "efectivas" que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.
En cuanto a la regulación de precios del alquiler, recogida en el acuerdo de Gobierno y detallada en el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, Unidas Podemos presentó una propuesta al PSOE hace cuatro meses.
Discrepancias
Las negociaciones para definir la nueva Ley de Vivienda están congeladas hasta después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, algo que ha sido criticado por la formación morada. También reprochaba al Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos de negarse a compartir el borrador completo del texto legislativo hasta después de los comicios, deslizando a que se debía "presumiblemente" a la "falta de ambición" del texto.
Desde Unidas Podemos han reconocido "discrepancias sustanciales" con los socialistas en lo relativo a la Ley de Vivienda y reprochan a su socio que continúen "negando o ignorando" la gran mayoría de las propuestas que la formación ha planteado a través de la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.
El martes pasado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rechazó que la prohibición de desahucios a población vulnerable recogida para el estado de alarma se incluya en la nueva Ley de vivienda, frente a lo que demanda Podemos, dado que es una medida de carácter temporal.
Por el momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue perfilando el texto de la que será la primera Ley de Vivienda de carácter estatal de la historia y que regulará, por primera vez, los precios del alquiler, con lo que se retrasa el calendario inicial de aprobarla este mes de enero.
Podemos critica retrasos
El titular de este departamento, José Luis Ábalos, enfatizó que su Ministerio "es el proponente" y el que está trabajando en un borrador. "Hay compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y hay compromisos políticos con nuestro socio de Gobierno, Unidas Podemos, pero el Ministerio proponente es este", ha remarcado.
Unas declaraciones que obtuvieron réplica por parte de Belarra, quien recordó que el acuerdo con el PSOE sobre los Presupuestos Generales pauta que la Vicepresidencia de Derechos Sociales sería coproponente de la nueva Ley de Vivienda y que la nueva norma estaría lista en tres meses.
"No se justifican en esta situación ni retrasos, ni deslealtades al acuerdo de Gobierno", enfatizó en redes sociales para destacar que España "vive una emergencia habitacional que afecta a millones de personas que cada mes se ven en dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca". Por tanto, la secretaria de Estado insistió en que el país requiere con urgencia de una nueva ley que "ayude a bajar los precios del alquiler y frenar los desahucios".
Prohibición de desahucios
El ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), ha defendido este lunes que, "frente a una gran empresa que tiene más de diez viviendas" en propiedad y puestas en alquiler, y "la posibilidad de que haya menores en la calle" al ser desahuciados de las mismas, "una democracia consolidada como la española tiene que proteger a los menores".
Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que, al ser preguntado por el decreto de protección de consumidores y usuarios aprobado por el Gobierno central que aborda la prohibición de desahucios, ha sostenido que dicha normativa, en ese aspecto, "afecta a los grandes tenedores" de vivienda "únicamente, no a la mayoría de la gente", sino "sólo a aquellos que tienen más de diez viviendas a su disposición que han puesto en alquiler".
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