Bajo el diálogo social hay un auténtico polvorín. El tradicional equilibrio de fuerzas entre patronal y sindicatos encara una amenaza real, que ha ido cobrando forma al calor del caos político nacional. El pulso se libra en Madrid, donde están tomando posiciones 'lobbies' catalanes, conscientes de que la 'guerra civil' entre patronales ha estallado.
La existencia de bandos difícilmente conciliables ha quedado reafirmada esta semana. El miércoles, el Ministerio de Trabajo habilitó a la catalana Pimec a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). El hito es importante por la identidad de la patronal y la función del organismo. Pimec es una organización de pymes que ya tiene representatividad en Cataluña y que aspira a extenderla al resto de España. Por su parte, la CCNCC juega un papel importante en la aplicación de los convenios colectivos y en su dirección están representados las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO, UGT, el vasco ELA-STV y el gallego CIG.
La inclusión en la CCNCC es un paso simbólico para Pimec, presidida por Antoni Cañete y embarcada desde 2021 en la plataforma Conpymes. Esta organización, liderada por José María Torres, da cabida a distintas patronales (Uatae o Fenadismer) y nació con el objetivo de romper el monopolio a nivel nacional de Cepyme, integrada en CEOE. De hecho, la entrada de Pimec en la comisión de los convenios afecta directamente a la organización que preside Antonio Garamendi. CEOE tendrá que ceder a Pimec uno de sus cinco puestos en la CCNCC.
Las patronales 'rebeldes' ven ya a Pimec como un 'caballo de Troya' dentro del diálogo social. La decisión del Ministerio, además, sirve para publicitar las reivindicaciones de Conpymes, que han vuelto esta semana a las páginas de toda la prensa nacional. La batalla está en marcha. En los despachos de CEOE y Cepyme, en la madrileña calle de Diego de León, se trabaja para responder a la amenaza. Sus abogados preparan un recurso contra la decisión de Trabajo, alegando que choca contra el Estatuto de los Trabajadores, al no contar con suficiente representatividad.
Paralelamente, desde el entorno de las dos patronales se está aireando la poca 'fiabilidad' de Pimec. Uno de los argumentos tiene que ver con la información adelantada esta semana por Vozpópuli. El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid está investigando una denuncia de la Fiscalía contra Pimec y Uatae. El Ministerio Público sospecha que ambas pudieron cometer un delito de fraude en el cobro de subvenciones y por falsedad documental.
La investigación ha caído como losa en las filas de Pimec. Se teme que pueda influir en otra causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En abril de 2020, Conpymes recurrió judicialmente a la Audiencia Nacional para lograr el reconocimiento como agente en el diálogo social, al mismo nivel que Cepyme, CCOO o UGT. La Audiencia derivó el caso al TSJM, que debe pronunciarse próximamente.
La denuncia de la Fiscalía contra Pimec y Uatae aporta material defensivo a las patronales 'oficiales' y a sus respectivos lobistas, quienes recuerdan estos días otros 'ángulos oscuros'. Habla uno de ellos: "A diferencia de Foment del Treball, cuyo embrión son los antiguos gremios industriales de Cataluña, Pimec siempre ha tenido vínculos políticos. Al principio con CiU y en los últimos tiempos con ERC. Gracias a ello lograron representatividad legal en las mesas de diálogo de Cataluña".
Uatae también cuenta con lazos políticos evidentes. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz tiene una relación cercana con María José Landaburu, secretaria general de la organización de autónomos, aliada con CCOO y alineada con las tesis de Sumar. Un ejemplo: la ministra de Trabajo le presentó su último libro, 'Derechos fundamentales, estado social y trabajo autónomo'.
Desde el entorno de CEOE y Cepyme acusan también a los 'rebeldes' de practicar una especie de "guerra sucia" para captar nuevos asociados, "aprovechándose del descontento interno en organizaciones de este tipo".
Los cabecillas de Conpyme, sin embargo, mantienen intacta su hoja de ruta, con una agenda bien cargada, desafiando a CEOE y Cepyme en su propio terreno (Madrid). José María Torres se ha reunido con dos ministros en lo que va de mes. El 7 de febrero, con el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Y una semana más tarde, con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Hay otra reunión programada, con la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz. Y dos más solicitadas. Una con el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Y otra con Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Este último encuentro es clave por una razón: el pasado 23 de enero, el Tribunal Supremo anuló una subvención directa de 30,6 millones de euros concedida a CEOE, Cepyme y UGT. Sus magistrados consideran que el dinero, procedente del Plan de Recuperación, no siguió el procedimiento correcto de convocatoria pública.
La subvención millonaria fue concedida en 2022 para financiar cursos de formación por la vía urgente, alegando las circunstancias excepcionales de la pandemia. Para el Supremo, sin embargo, el Covid ya había remitido por esas fechas, dejando sin justificación la asignación a dedo. Al Ministerio de Educación le queda un mes para asumir la orden, que se traducirá en la anulación de los cursos de formación financiados con esos fondos que aún no estén en marcha.
El camino hacia el diálogo social
Convencida de que esta sentencia marca un precedente, Conpymes está colocando el mensaje en la opinión pública y en las formaciones políticas. La organización está fijando reuniones con todos los grupos parlamentarios. Incluido el PP de Alberto Núñez Feijóo, en un intento de transmitir independencia política. Recordemos que Conpymes fue amadrinada en 2021 por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
Los movimientos en torno al diálogo social son tales que hasta Foment del Treball, agrupada en CEOE, intenta sacar tajada. A su presidente, Josep Sánchez Lllibre, le sobra olfato para oler el beneficio que puede extraer de la contienda.
Despues de varios intentos, la patronal catalana ha abierto esta misma semana sede en Madrid. El ex diputado reforzará así las labores de lobby en la capital. Y por el camino se encontrará con un viejo conocido de las filas de CiU: Ferrán Bel. también ex diputado, que está trabajando para expandir en Madrid los tentáculos de Pimec. "No creo que todo esto le parezca muy bien a Garamendi", concluye uno de los empresarios 'rebeldes'. "Nuestro camino para entrar en el diálogo social es imparable, por mucho que la CEOE se oponga".
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