Banco Santander vuelve a ganar frente a los inversores del Banco Popular. Los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución no podrán reclamar compensación a la entidad que preside Ana Botín basándose en que recibieron información defectuosa al adquirir esos títulos antes de la disolución, según sentenció este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Esta sentencia es crucial para los afectados que esperan a que se resuelvan sus demandas, ya que en diciembre el Tribunal Supremo español decidió paralizar todos los procedimientos a la espera de que se pronunciase el TJUE. Ahora, entrará en juego otras vías que comenzarán andar después del fallo de la corte europea.
Sea como fuere, esta a la vía que más preocupaba al banco y por fin ha quedado zanjada, por lo que no sería de extrañar que comenzara a liberar provisiones por este pleito. Pero aún quedan otras que podrían dar cierto alivio a los afectados por la resolución del Popular. La primera de ellas es la vía del enriquecimiento injusto, pleiteada por Fieldfisher. Preguntado a este respecto, el Banco Santander no ha querido hacer declaraciones.
La estrategia del bufete se basa en que el precio pagado por el Banco Santander era desproporcionadamente bajo porque el Banco Popular era y es un banco solvente que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia.
"El Banco Santander aprovechó las limitaciones de la subasta dentro del proceso de resolución y, al quedarse como único postor, ofreció un precio irrisorio, muy por debajo del valor de mercado del Banco Popular, causando un empobrecimiento a todos los inversores que habían confiado en la entidad", defiende Fieldfisher.
Dicha demanda ha sido perdida en primera y segunda instancia por los afectados, pero en este momento sigue en el Tribunal Supremo. Cabe destacar que la prescripción finaliza el próximo 6 de julio, ya que para esa fecha habrán pasado cinco años desde que se interpuso la demanda. "Si el Tribunal Supremo nos da la razón se abriría una posibilidad para los afectados del Banco Santander", señala el abogado de Fieldfisher Jordi Ruiz de Villa en declaración a Vozpópuli.
En el ámbito penal, está la opción de fallar en contra del Santander por estafa, en la Audiencia Nacional. Concretamente se investiga un presunto delito de estafa en la ampliación de capital de Banco Popular en 2012. Se trata de una querella interpuesta por el despacho Durán & Durán en representación de los clientes que "lo perdieron todo" en la ampliación de 2012.
La última opción es por la vía de la Junta Única de Resolución (JUR). El organismo presidido por Elke König se tendrá que pronunciar al próximo 15 de junio sobre si declara nula o no la resolución del banco y además tendrá que declarar si el valor del banco era superior al que se dio en su momento.
El 'caso Popular'
La resolución del Banco Popular, ordenada en 2017 por las autoridades europeas por los problemas que arrastraba la entidad, se saldó con la amortización a cero de todas sus acciones y su venta al Santander por un simbólico euro, provocando una avalancha de demandas judiciales por parte de quienes perdieron su inversión.
La corte ha seguido el criterio del Abogado General al responder a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de La Coruña sobre el caso de dos clientes que habían adquirido acciones en la ampliación de capital del Popular de 2016 y, tras la resolución de la entidad, reclamaron compensación alegando que el folleto de esa emisión contenía información defectuosa.
En esencia, preguntaba si las normas bancarias europeas adoptadas tras la crisis financiera, que exigen que accionistas y acreedores sean los primeros en sufrir pérdidas en caso de resolución, se oponen a que los accionistas que compraron títulos antes de la disolución puedan reclamar después debido a esta información errónea y ser indemnizados.
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