La ofensiva judicial de accionistas minoritarios de Vivanta contra la firma de ‘private equity’ Portobello se desarrolla en los juzgados aunque con resoluciones y sentencias que están desestimando las acusaciones de estafa, administración desleal y otros presuntos delitos societarios, según indican fuentes vinculadas a los procesos judiciales.
Así ha ocurrido recientemente con la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid de desestimar el recurso de apelación presentado por un empresario y una sociedad que vendieron sus clínicas dentales al Grupo Portobello Capital para conformar el Grupo Vivanta. al considerar que no hubo engaño en el proceso de compra de las clínicas dentales. El auto de la Audiencia confirmó la sentencia del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que fallaba que Portobello no incurrió en un delito de estafa, ni de administración desleal en la compra de las clínicas dentales del empresario José Ignacio Martínez Prieto.
Pese a las demandas que se han ido presentando desde 2019 por parte de accionistas minoritarios que aceptaron vender sus clínicas para integrarse en Vivanta, en algunos casos impulsadas Manuel de la Peña, que fue presidente del Consejo de Vivanta hasta ese año, Portobello está saliendo indemne.
Las acciones contra Portobello se activan después que la CIMA (Corte Civil y Mercantil de Arbitraje) fallase a favor de Portobello, que había denunciado a De la Peña por incumplir el acuerdo de socios y al que acusaba de apropiarse del incentivo que correspondía a otros directivos del grupo Vivanta. Posteriormente, De la Peña impugnó en los juzgados el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad Grupo Hospitalario Europeo, S.L. del ejercicio 2018, acción que fue rechazada por un juzgado.
Con fecha 24 de julio de 2019, Manuel de la Peña interpuso querella contra directivos de Portobello en su condición de consejeros de Vivanta, la cual fue admitida a trámite mediante Auto de 11 de noviembre de 2019, por los delitos de apropiación indebida y/o administración desleal por los hechos relacionados con una ampliación de capital del año 2019 en Grupo Hospitalario Europeo. Posteriormente presentó hasta siete escritos de ampliación de la querella, de la que se admitieron dos.
Sobreseimiento provisional y archivo
El Ministerio Fiscal propuso el 20 de marzo de 2021, el sobreseimiento provisional y archivo de la causa con base en la declaración de los querellados y las periciales presentadas por querellantes y querellados. Así, el juzgado resolvió en un auto de junio de 2021 el sobreseimiento y el archivo de la causa respecto a la querella inicial y el resto de las ampliaciones.
De la Peña ya había iniciado anteriormente otro proceso penal contra Portobello con una querella por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, denunciando el acceso a su cuenta de correo electrónico corporativa. En este caso, y tras un recurso de la empresa, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó el sobreseimiento respecto a todos los investigados. El juzgado falló en abril de 2021 que la reapertura resultaba improcedente, al considerar, junto con el Ministerio Fiscal, que los hechos “no son conexos con los denunciados por el Sr. de la Peña”.
En la actualidad están pendientes de fallo otras demandas presentadas contra Portobello y sus directivos, si bien fuentes relacionadas con ellas consideran muy probable que también sean archivadas.
Se trata de una querella interpuesta por otro de los accionistas minoritarios, Carlos García Prieto, por un delito de estafa, por el que declararon los afectados el pasado 8 de noviembre. Se espera que el Ministerio Fiscal decrete en las próximas semanas si se pronuncia a favor del sobreseimiento de la causa.
Por otro lado, existe otra querella por estafa y falsedad en documento mercantil presentada en este caso por Daniel Martín Muñoz y su empresa Tagalo Consulting, por la que algunos directivos de Portobello tendrán que declarar el próximo 13 de enero. A su vez, Portobello había denunciado en julio a Daniel Martín Muñoz por un presunto delito de extorsión.
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