El gobierno socialista de Portugal, liderado por Antonio Costa, ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que incluyen un incremento del 20% en el gasto público para el próximo año (un aumento de más de 1.000 millones de euros) y también medidas de estímulo a la demanda interna como descuentos en el IVA y el IRPF.
En concreto, el Ejecutivo planea devolver de forma temporal hasta 200 millones de euros a los contribuyentes por todos sus gastos en IVA de restaurantes, alojamientos hoteleros y actividades culturales, una medida que persigue el objetivo de incentivar el consumo y aliviar a los sectores más afectados por la pandemia -turismo, hostelería y cultura-.
También se hará una reducción permanente del IVA a la electricidad (lo que supondrá un ahorro para los contribuyentes de 150 millones de euros al año) y se bajará el tipo impositivo del IRPF (ISR, por sus siglas en portugués), lo que también reducirá en 200 millones el coste fiscal de los trabajadores.
El Ejecutivo estima que su economía caerá un 8,5% en 2020, en línea con la caída esperada para la zona euro (-7,9%), y rebotará en 2021 un 5,4%. La tasa de paro, que ha pasado este año del 6,4% de cierre de 2019 al 8,7%, empezará ya a bajar el próximo ejercicio hasta el 8,2%.
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Portugal había conseguido en 2019 llegar a una situación de superávit presupuestario, pero la pandemia ha lastrado las cuentas públicas: el déficit esperado para cierre de año será del 7,3% del PIB. Para 2021, el Ejecutivo espera un déficit del 4,3%, y ya a partir de 2020 retomar la senda de consolidación fiscal con déficits por debajo del umbral del 3% que exige no rebasar la Comisión Europea.
Subida sólo de pensiones mínimas y del SMI a los 659 euros
En el apartado de medidas sociales, el Ejecutivo luso ha incluido una subida de las pensiones mínimas (de entre 6 y 10 euros más al mes), pero que se aplicará desde el mes de agosto de 2021 y que sólo afectará a las pensiones públicas más bajas, ya que el resto no sufrirá variaciones. El coste de la medida será de 100 millones de euros.
También proponen un incremento de la prestación por desempleo hasta los 503 euros por un periodo máximo de un año (coste para el Estado de 75 millones); y la creación de una nueva prestación similar al Ingreso Mínimo Vital español, de 501 euros mensuales para personas en paro que no tengan apoyos. Esta última medida tiene un coste presupuestario estimado de 450 millones de euros.
El Gobierno se plantea también una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 635 euros actuales -en catorce pagas- hasta los 658,75 euros, según incluyen en su proyecto.
Los empleados públicos, por su parte, se beneficiarán de una subida de sueldos que engordará el gasto público en 750 millones. Para el mecanismo de protección del empleo, el Estado destinará 965 millones, y gastará 11 millones en ampliar el servicio de guardería gratuita para niños.
Paga por riesgo covid para personal de la Sanidad Pública
Quieren crear además un nuevo subsidio "de riesgo Covid" para los profesionales de la Sanidad Pública que trabajen con pacientes con coronavirus: se les premiará con un subsidio equivalente al 20% de su salario básico hasta un máximo de 219 euros mientras dure la pandemia. El coste de esta medida será de 60 millones de euros.
El Ejecutivo quiere reforzar la Sanidad Pública destinando además 290 millones adicionales a la inversión en infraestructuras y equipamiento, y tiene previsto contratar 4.200 sanitarios de refuerzo, con un coste de 100 millones de euros. El coste total de 470 millones en Sanidad podría financiarse con cargo a los fondos de la Unión Europea del mecanismo React EU -pensado para sanidad y educación-.
En el ámbito educativo, propone contratar 3.000 trabajadores para las escuelas (35 millones), así como destinar 400 millones de euros para digitalizar los centros de enseñanza, una medida coherente con la voluntad europea de reforzar el sector educativo y también fomentar la transición digital.
Prórroga de medidas covid
El Ejecutivo quiere ampliar la línea de avales públicos al crédito en 6.000 millones de euros, dotar con 210 millones el crédito fiscal para inversión y ampliar las moratorias bancarias hasta septiembre de 2021.
Las cuentas incluyen también la asignación directa de 500millones para la aerolínea lusa TAP y de 200 millones en créditos a Novo Banco.
Pese al fuerte incremento del gasto público, la mejora de la economía -y el efecto denominador de un incremento del PIB en 2021-, permitirá una contención del déficit público del país ya a partir del próximo año.
Para sacar adelante los Presupuestos el Gobierno de Costa necesita al menos 8 votos -el número de escaños que le separan de la mayoría absoluta- que podría recabar en el Bloco de Esqueda o en el Partido Comunista Portugués.
Según informa Efe, el primero se muestra algo más reacio dada la negativa del Ejecutivo a aprobar una nueva legislación del teletrabajo que regule el derecho a la desconexión y el descanso de los trabajadores (el Gobierno es más partidario de acuerdos entre empresa y trabajador).
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