Hasta 10.000 millones de euros en rebajas fiscales y cerca de 5.000 de movilización de fondos del Plan de Recuperación para bonificar fiscalmente la energía a rentas bajas, calculado con el margen extra que está dando la recaudación. Es el plan con el que el Partido Popular desafía el mantra que repite el Gobierno de Pedro Sánchez de que no se puede ni debe hacer rebajas generalizadas de impuestos. "Yo no he hecho nada, he recogido, refundido las propuestas de más de 25 personas: exministros, exsecretarios de Estado, parlamentarios, ex consejeros autonómicos, gente nueva y del equipo de Pablo Casado, y también profesionales del sector privado. Y no son todos del PP", ha apuntado Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP sobre un plan que se envía hoy a Sánchez.
"Van a tener que explican por qué rechazan unas medidas que ayudan a las rentas bajas y a los pensionistas", ha destacado Bravo, que ha recordado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que algunas las tienen en vigor Navarra, gobernada por el PSOE, y otros países. "Tan locas o desencaminadas no pueden ser", ha insistido.
En concreto, las rebajas fiscales que proponen son de entre 7.500 y 10.000 millones, cifra a la que se llega ante la previsión del Gobierno de recaudar 9.000 millones más, y de que se han ingresado ya 7.500 en enero y febrero. Y teniendo en cuenta los 18.000 millones que cifra la AIReF que se van a recaudar extra. "Damos margen. Vengo de la Agencia Tributaria (AEAT) y soy consciente de sus necesidades, pero no puedo dar más concreción de rebajas detalladas en cada figura porque no tenemos los datos que maneja la AEAT", ha explicado. Prevén que las medidas estén en vigor un año y que no sea necesario prorrogarlas en 2023.
En el IRPF, como no hay obligación retener y declarar hasta 14.000 euros de ingresos, plantean dar a estos contribuyentes entre 200 y 300 euros en impuestos negativos, según los ingresos de la unidad familiar. "Esto sería inmediato, es la medida más directa", ha planteado Bravo, que asegura que "no fomenta la inflación ya que se ofrece a ciudadanos con poca renta".
Asimismo, crean una figura nueva en los mínimos personal y familiar para los que ganan entre 14.000 y 22.000 euros, conforme al artículo 20 de la Ley del IRPF, como en los rendimientos del trabajo, por la que cuanto más ganas menos reducción tienes.
A esto se suma que deflactarían la tarifa en los tres primeros tramos, hasta ingresos de 35.000 euros, que redondeando con gastos a la Seguridad Social sitúan su efecto para rentas de hasta 40.000 euros. "Estamos abiertos a limitarlo a rentas bajas aunque en principio sería para todos, pero con un efecto menor en las rentas altas", ha considerado. La deflactación sería de entre un 1% un 5%, "lo máximo que se pueda" cuando se contraste con los datos de la AEAT. Las medidas se aplicarían ya en las retenciones, si no, no tendrían efecto hasta 2023.
Para los profesionales se articularían pagos fraccionados, y se propone una rebaja de módulos que cubra los mayores gastos en electricidad.
En el IVA, plantean una rebaja del de la electricidad y gas natural al 4%, que podría hacerse si el Gobierno se adapta a la Directiva recientemente aprobada, o al 5%, que puede hacer ya. En los Impuestos Especiales, proponen una reducción del 0,096 al 0,021 del gasóleo para usos especiales para la que habría que pedir permiso a Bruselas y que asumen que no será fácil. Esto a su juicio agilizará el proceso, cuando la ayuda directa de 20 céntimos que da el Gobierno resulta compleja por la burocracia que entraña y que ha colapsado a la Agencia Tributaria.
Supresión de 9 Ministerios
Asimismo, plantean actuar sobre el Impuesto sobre Sociedades, dando libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética o transformación digital. Se dirige a inversiones "que interesen como país", una medida con coste financiero pero no presupuestario.
A esto añaden una partida de 4.700 millones, el 7% del Plan de Recuperación, sin impacto presupuestario, que se den a los contribuyentes en forma de deducciones fiscales a la energía de forma inmediata, una fórmula que ya aplican otros países con los fondos europeos y que consideran que agilizaría la ejecución, muy retrasada, en un momento en el que la inflación reduce los fondo de momento en hasta 5.000 millones.
Esto se acompaña de medidas para la eficiencia y mejora del gasto público, con una reducción de Ministerios, altos cargos y asesores. En el caso de los Ministerios, planten una reducción de los 22 actuales a los de etapas anteriores, lo que en el caso del Gobierno de Mariano Rajoy eran 13.
También plantean potenciar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como órgano de evaluación del gasto público y dotar a la recién creada División de evaluación del gasto público de recursos suficientes para que pueda desarrollar su trabajo, y que este se realice en colaboración con las comunidades. Transparentar la estrategia de consolidación que el Gobierno central tenga previsto acometer de manera acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la UE es otra de las propuestas.
Bravo ha destacado que a su juicio esta batería de medidas "no compromete el déficit", ofrecen algo que el Gobierno pueda aceptar y sería aplicable de manera rápida por la AEAT. "Muchos de los que las hemos elaborado somos inspectores de Hacienda", ha insistido.
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