María José Santiago, hasta ahora presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), ha renunciado al puesto tras solo dos años en el cargo. Santiago ha pasado a dirigir el área jurídica de la empresa pública Tragsa, tras unos meses volcada en la vigilancia de los contratos públicos firmados para la adquisición de material sanitario contra el coronavirus.
La renuncia de Santiago causa sorpresa porque por su experiencia profesional parecía la persona indicada y mejor preparada para acometer las funciones encomendadas en Oirescon, y porque el traslado a Tragsa aparenta ser un paso atrás en su brillante carrera.
La salida de Santiago se produce además en un momento en el que los contratos públicos firmados para combatir el coronavirus superan los 2.000 millones de euros.
Santiago aprobó la oposición al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en el año 1996 con el número uno de su promoción
María José Santiago, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, aprobó la oposición al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en el año 1996 con el número uno de su promoción.
Entre los años 1996 y 2011 dirigió las asesorías jurídicas de las consejerías de Agricultura, Turismo, Vivienda y Obras Públicas de la Junta; de ahí pasó a presidir el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Hasta la creación de la oficina de supervisión de la contratación pública, en 2018.
Desde Hacienda se ha comentado a este diario que la renuncia a la presidencia de Oirescon obedece a una decisión personal de María José Santiago. En la tarde del miércoles se ha tratado de contactar con Tragsa, sin haber logrado obtener respuesta.
Vigilancia y coordinación
Oirescon fue creada hace dos años tras la última reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de velar por la transparencia en la publicidad de la contratación pública. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, designó a Santiago presidenta de Oirescon en julio de 2018 por un periodo de seis años.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, cumple dos funciones básicas: una de vigilancia de cumplimiento de la normativa en materia de contratación, lo que conlleva el velar por el cumplimiento de los principios rectores de la misma, concurrencia, publicidad y transparencia; y otra de coordinación de la función de supervisión de la contratación.
"Durante mi trayectoria profesional", escribió Santiago en una carta de presentación cuando accedió a la presidencia de Oirescon, "he adquirido una visión práctica de cuáles son los problemas que tanto los órganos de contratación como los licitadores tienen en cualquier procedimiento contractual, que se intentarán paliar desde la nueva tarea que asumo".
"Con estas premisas, desde la OIReScon (...) se pretende establecer directrices o pautas que sirvan para lograr una contratación pública más transparente, eficaz y al mismo tiempo promover una adecuada profesionalización de la contratación", expresó María José Santiago cuando accedió al puesto. Dos años después, en plena efervescencia de contratos públicos por el coronavirus, algunos de ellos opacos, abandona el cargo.
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