"Es una profesional competente, con un perfil técnico, pero sobre su espalda recaía mucha responsabilidad". Así interpretan fuentes próximas a Rocío Frutos, ex directora general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el relevo de la alta funcionaria anunciado esta semana y que ha elevado las sospechas sobre la marcha de los fondos europeos. La intrahistoria de su salida se remonta a enero de 2021, cuando Frutos arrancaba su trayectoria como máxima responsable del seguimiento y control de la ingente cantidad de dinero europeo que empezaría a llegar en verano para ayudar a reflotar la economía tras la pandemia.
El 30 de abril de 2021 el Ejecutivo presentó por primera vez el famoso Plan de Recuperación, una especie de guía de las inversiones y reformas a realizar que más tarde (el 16 de junio) pactaría en detalle con Bruselas como 'moneda de cambio' de los fondos. El dinero no tardó en llegar: a los dos meses y medio el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobaba el Plan de España y en agosto la Comisión Europea transfería 9.000 millones al Tesoro en concepto de prefinanciación. La mayoría de hitos y objetivos que el Gobierno tuvo que cumplir para desbloquear el primer y segundo tramo de dinero fueron fáciles, pues sobre el papel marcó la aprobación de leyes y Decretos-leyes que ya estaban aprobadas y muy avanzadas.
Además, durante el primer año de ejecución del Plan de Recuperación la Comisión Europea se mostró flexible en sus evaluaciones y dio luz verde a los dos primeros desembolsos sin grandes objeciones. Prueba de ello es que a finales de junio de 2022 avaló el segundo tramo del Plan de Recuperación, con un desembolso de 12.000 millones, y levantó la mano con la reforma de las pensiones, una de las grandes reformas del Plan de Recuperación en la que Bruselas percibe desajustes por el lado de los ingresos pero, sin embargo, no entrará a valorar hasta 2023, ya a las puertas de las elecciones generales.
Sin embargo, la sombra del descontrol en la ejecución de los fondos europeos ha acompañado al Plan de Recuperación durante todo este tiempo, durante el mandato de Rocío Frutos. El Gobierno decidió poner en marcha un plan complejo que implicaba a todas las administraciones, delegando la ejecución en comunidades autónomas y entidades locales. El problema es que, con el tiempo, se fue comprobando que éstas no estaban preparadas para asumir la gestión de tal cantidad de dinero y, además, esta fórmula dificultaba el control de cómo, cuánto y cuándo se empleaban los Next Generation.
En ese contexto de 'permisividad' por parte de la Comisión Europea, que el Tribunal de Cuentas Europeo ha constatado en un informe reciente, en diciembre de 2021 también dio 'luz verde' al desembolso del primer tramo, por 10.000 millones, aún sabiendo que uno de los hitos más importantes a cumplir en el tercer trimestre de 2021, la creación y puesta en marcha de una plataforma informática para controlar el uso de los fondos comunitarios (hito 173), no se había cumplido al 'dedillo'. En aquel momento, Bruselas detectó "deficiencias", pero dio un margen de entre seis y nueve meses al Gobierno para solventarlas.
Esas deficiencias consistían en que el Gobierno se había centrado únicamente en el diseño de la plataforma, pero no en su implementación. El sistema debía ser capaz de recoger y almacenar datos sobre beneficiarios y contratistas y evaluar en qué punto está cada proyecto, unas condiciones que en el momento del análisis no cumplían y que, según informan fuentes solventes, todavía incumple. Sobre este asunto, que salió a la luz también hace unos días, Bruselas ha aclarado públicamente que revisará los compromisos adquiridos por el Gobierno sobre este hito cuando evalúe la próxima solicitud de los 6.000 millones, a partir del 31 de diciembre de este año.
Responsable ante Bruselas
El Ministerio de Hacienda y la Secretaría general de los fondos europeos, con Mercedes Caballero al frente, está designado como autoridad responsable frente a Bruselas. En el siguiente escalón está ya la dirección general de Fondos Europeos y la del Plan de Recuperación, siendo esta segunda la que hasta esta semana lideraba Frutos. "Es la responsable última de la gestión de los fondos cuando la realidad es que 16 meses después de empezar a ejecutarlos la plataforma que debe servir de control no está plenamente operativa. La ejecución está muy delegada en el ámbito autonómico y local y eso dificulta el trabajo centralizado", comentan fuentes involucradas en el proceso.
De hecho, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) lleva desde agosto de 2021 sin dar una sola cifra de ejecución en términos de Contabilidad Nacional, el único dato realmente útil para saber cuántos de esos miles de millones han llegado ya a la economía. Agosto de 2021 también fue la última vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con los consejeros autonómicos para evaluar la implementación del Plan de Recuperación, tal y como adelantó Vozpópuli.
La versión oficial del Gobierno es que Rocío Frutos solicitó su salida en verano por motivos personales, pero el relevo se enmarca en un contexto de mayor presión por parte de Bruselas y complicaciones en el cumplimiento de los nuevos hitos y objetivos, ya más orientados a la ejecución de grandes inversiones que a reformas. "Como el partido empieza a entrar en minutos avanzados, la exigencia de responsabilidad a los gestores se incrementa" y la exdirectora, "con un perfil técnico y rigor en la forma de proceder, no estaba cómoda con los mimbres para llevar a cabo adecuadamente su labor", aseguran fuentes conocedoras de la dinámica del PRTR.
En el futuro más inmediato, el Gobierno tendrá que demostrar el control efectivo de los fondos y la inversión real del dinero en proyectos transformadores. Sin embargo, este mismo viernes se conocía que el Ministerio de Industria ha dejado sin adjudicar el 70% del dinero asignado al primer gran proyecto, el del vehículo eléctrico, con el descontento de las multinacionales candidatas a cofinanciarlo, como Volkswagen y Seat. La promesa del Ejecutivo es que antes del 31 de diciembre se habrán adjudicado 1.200 millones de euros a través de los diferentes Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que tiene en marcha.
España ha recibido ya 31.000 millones, pero esto no es ni la mitad de lo que se le ha asignado. Si cumple en tiempo y forma los hitos y objetivos próximos, puede ingresar hasta 77.000 millones a fondo perdido. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan que la dirección general que ocupaba Frutos es también la encargada de elaborar la adenda al Plan de Recuperación. Una especie de ampliación y mejora del Plan existente hasta ahora que España pretende presentar a Bruselas antes de que acabe al año para captar otros 70.000 millones en préstamos blandos. Todo en un momento crítico de máxima presión y exigencia.
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