El Gobierno ha hecho múltiples declaraciones públicas en las que niega nuevas subidas del IVA. Pero al mismo tiempo, ha remitido un compromiso por escrito a Bruselas: sí habrá subida del IVA pero se hará "a más largo plazo". Según la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, el Ejecutivo se compromete a acometer un proceso de devaluación fiscal por el que rebajará cotizaciones sociales a los empresarios y subirá el IVA cuando se cumplan dos condiciones que podrían poner en 2016, tras las elecciones generales, la fecha de la próxima subida.
Según los términos de ese compromiso, el Gobierno acepta que "a más largo plazo (...) aplicará una reforma del IVA que afectase poco al consumo (impulsado por la rebaja del IRPF). Ese bloque se pospone hasta un momento de mayor fortaleza de la demanda interna y menor déficit público", afirma literalmente el Gobierno en la página 52 de ese documento.
Las condiciones para subir el IVA se cumplirán en 2016, justo después de las elecciones generales
Aunque el Ejecutivo no detalla fechas para ese escenario, las condiciones que exige para aplicar la subida del IVA sí están previstas en ese plan:
- El consumo privado --según el Ejecutivo--crecerá un 1,4% este año y un 1,8% el que viene. Justo después de las próximas elecciones previstas para 2016, el crecimiento del consumo alcanzará niveles del 2,3% y del 2,8% en 2016 y 2017, es decir, niveles que los economistas consideran "de fortaleza" tal y como requiere el Gobierno para aplicar la subida.
- Igualmente para esas fechas, debería haberse reducido también el déficit público. En 2016, la previsión es que el déficit quede en el 2,8%, por debajo del 3% que exige Bruselas y, por tanto, dentro de la segunda condición que marca el programa.
Así pues, la próxima subida del IVA podría tener lugar después de las próximas elecciones, si se cumplen las expectativas del Ejecutivo. El Gobierno espera ya una subida del 6,4% en los ingresos que le reporta el IVA después de la subida aplicada el pasado año. En concreto, confía en obtener 27.122 millones de euros de ingresos para el Estado
El Gobierno abre la puerta a gravar la propiedad de la vivienda
La documentación remitida a Bruselas también contradice otro de los compromisos verbales del Ejecutivo: el de no aplicar nuevos impuestos a la vivienda. Después de que la comisión Lagares presentara su batería de propuestas para la reforma fiscal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, negó la posibilidad de que se gravara la propiedad de la vivienda en función de la actualización del catastro, tal y como proponían los sabios. Pese a esa declaración pública, en la página 52 de ese mismo Programa de Estabilidad, el Gobierno admite la posibilidad de introducir ese gravamen, al asegurar que contempla "sustituir la tributación por imputación de vivienda en el IRPF cuando las autoridades catastrales actualicen las valoraciones de los inmuebles".
Los sabios plantearon al Ejecutivo que las viviendas fueran tasadas por el catastro a precios actuales porque el 50% de los inmuebles sigue tasado a precios del año 2000. La recomendación de los sabios es que esos bienes inmuebles sean gravados al tipo fijo al que tributa el capital. No todas las viviendas propias deberían pagar sino que quienes cobren menos de 20.000 euros o tengan viviendas que valgan menos de 100.000 euros no paguen ningún tipo de impuesto. Todos los demás, recibirían una nueva carga tributaria extra.
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