Imponer una quita a la deuda de los préstamos ICO supondría para la banca un aumento considerable en las provisiones. Por normativa, el sector tendría que provisionar un 40% del total del crédito al tener que refinanciar todos estos préstamos y pasarlos a un nivel 3 de riesgo, según señalan fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.
"Hacer una quita a la deuda obliga a la banca a refinanciar los préstamos y desde el punto de vista regulatorio supone para el sector un aumento de provisiones, lo que implica que la banca podría endurecer las condiciones de financiación en un futuro y perjudicar aún más al tejido productivo español", señalan estas mismas fuentes.
La gran banca ya ha provisionado casi 24.000 millones de euros en 2020 para hacer frente a los posibles impagos por parte de las empresas y autónomos debido a la crisis ocasionada por la covid-19. El sector considera que las dotaciones que se han hecho hasta el momento son suficientes pero se podrían quedar cortas si el Gobierno decide aplicar una quita a los más de 100.000 millones de euros que se han dado ya en la modalidad de préstamos ICO.
Y es que, como adelantó este medio, la quita de la deuda que sondea el Gobierno sólo iría destinada a las empresas que han solicitado un crédito avalado por el ICO, lo que supone apenas el 25% del total del tejido empresarial español. Esto podría suponer un problema para la competencia y un aluvión de demandas en el futuro, explican fuentes financieras.
La banca gana
Es por eso que el Ejecutivo ha descartado ya prácticamente esta idea. De hecho, el Ministerio de Economía ha pedido paciencia y tiempo para convencer a sus socios de Gobierno -Podemos- que siguen firmes en esta idea. Sea como fuere, en su última intervención pública, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó entrever que las quitas no se incluirán en el paquete de los 11.000 millones de euros.
Sánchez aseguró que las ayudas irán directas a los balances de las empresas. Lo que supone, por omisión, dejar de lado la propuesta anteriormente mencionada. La ministra de Economía, Nadia Calviño, recalcó en el Congreso de los Diputados que este nuevo paquete de ayudas se presentará en el mes de marzo. Aunque declinó entrar en mayor detalle.
Calviño aprovechó su comparecencia para lanzar un dardo a la banca. "Entiendo que las entidades financieras defiendan sus intereses personales e individuales, pero el Gobierno está aquí para los intereses generales", enfatizó.
Por otro lado, la ministra volvió a deslizar la idea de que son las comunidades autónomas las que tienen que cargar con parte del peso de estas ayudas, pues son estas las que conocen mejor la situación de las empresas.
Ayudas directas reales
El sector financiero aboga por que el Gobierno ofrezca un paquete de ayudas directas, que ayuden a favorecer a la solvencia de las pymes y no sólo a atacar la parte de la deuda, que en este momento se mantiene estable gracias a los mecanismos ya aprobados por el Ejecutivo como la carencia (hasta 2022) y los vencimientos (ampliados hasta a los ocho años).
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