Gran malestar entre patronal y sindicatos por la subida de bases máximas de cotización del 8,6% que incluye el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Una medida desvelada este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que se había ocultado a los agentes sociales.
Esta subida hay que sumarla a la de 0,6 puntos que entrará en vigor en enero, en virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), lo que encarecerá hasta el 9,2% los costes laborales. Lo que ha indignado a patronal y sindicatos es que el Ejecutivo no sólo no les haya consultado sobre una materia que les compete, sino que le haya ocultado directamente la decisión. Actualmente, de hecho, hay abierta una mesa de negociación dentro de la reforma de las pensiones en el Plan de Recuperación para subir las bases máximas. Este lunes, precisamente, celebró su segunda reunión.
La decisión del Gobierno afectará a las empresas con empleados que ganan más de 50.000 euros. Al elevar un 8,6% las bases máximas, hasta 53.944,6 euros, empresarios y trabajadores tendrán que cotizar por 4.000 euros más cada año a la Seguridad Social.
En el encuentro del lunes, el Ejecutivo guardó silencio sobre el alza que ultimaba y que se conoció sólo 48 horas más tarde. Así lo ha denunciado CEOE, que ha lanzado un comunicado muy crítico que subraya que "en un contexto en el que el Gobierno insiste a los agentes sociales en acordar un pacto de rentas, no se entiende que el mismo Ejecutivo tome decisiones unilaterales en aspectos que afectan a este de forma sustancial".
Por su parte, los sindicatos, precisamente hoy concentrados enfrente de las sedes de CEOE en toda España para exigir subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo, han mostrado su malestar con que no se les haya consultado. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha recordado que el Gobierno tiene la potestad para realizar estas subidas en los Presupuestos, que no suele consultar, pero a pesar de esta premisa, ha destacado que no se les ha tenido en cuenta, lo que cree un error, como tampoco se ha hecho con la mejora en la prestación por desempleo y otras medidas laborales en las Cuentas.
Desde CEOE han advertido además de que "aumentar las cotizaciones sociales y depositar una carga aún mayor sobre las empresas es un grave error, pues tendrá efectos nocivos sobre el empleo, en tanto que de esta forma los costes asociados al factor trabajo aumentarán más de un 9% -sumando la subida del 0,6% incluida en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)- en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada". La citada alza además, recae en su mayor parte sobre las empresas, 0,5 puntos en concreto, por 0,1 sobre el trabajador.
Duras críticas de CEOE
"Las empresas españolas han hecho un sobreesfuerzo durante estos últimos años para mantener el empleo y amortiguar, más en el corto plazo, la escalada de la inflación. Este nuevo golpe al tejido productivo, en un momento en el que las arcas del Estado presentan una recaudación récord, genera de nuevo desconfianza en las empresas e inseguridad jurídica y supone un innecesario obstáculo a la competitividad y al crecimiento económico, siendo éstas las palancas que sustentan ese Estado del bienestar que se pretenden sostener con medidas tan exentas de rigor económico", ha insistido la patronal.
Este incremento supondrá, por ejemplo, que la base máxima de cotización del Régimen General, el más numeroso del sistema de la Seguridad Social, pase de los 4.139,4 euros al mes de ahora a 4.495,4 euros.
De hecho, el Gobierno proyecta para 2023 un fuerte incremento de la recaudación por cuotas por la elevación de las bases máximas de cotización en un 8,6% y por la evolución prevista para la economía. En concreto, la Seguridad Social ingresará el año próximo 192.102 millones de euros, un 10,6% más que en 2022, de los que 152.075 millones procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 11,5%, lo que le permitirá financiar el 74,5% del Presupuesto total de la institución.
Ingresos récord
El sistema recibirá además transferencias del Estado por más de 38.900 millones y un préstamo estatal por importe de 10.004 millones. De los 152.075 millones que prevé recaudar la Seguridad Social por cuotas el año próximo, 143.261 millones procederán de las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados, un 12,6% más que en el ejercicio anterior, en tanto que 8.427 millones se ingresarán por cuotas de desempleados, cifra un 3,7% inferior a la del año anterior, y 386 millones tendrán su origen en las cotizaciones por cese de actividad, un 5,6% más.
La elevación de las bases máximas de cotización, que irá asociada a un destope de la pensión máxima, es una de las medidas contempladas en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas y forma parte de lo que se ha venido en llamar la segunda pata de la reforma de pensiones, actualmente en discusión con los agentes sociales. En la documentación que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea, el Gobierno se proponía aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar este año, aunque su implementación abarcaría las próximas tres décadas.
Los sindicatos se venían quejando además sobre esta mesa de negociación, que se abrió en septiembre junto con la de la reforma para ampliar el cómputo de cálculo de la pensión, de que el Gobierno no estaba ofreciendo detalles sobre cuánto o cómo quiere ampliar las bases máximas y los años del cómputo.
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