El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se va a celebrar justo cuando la Constitución establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 ante el Congreso de los Diputados: al menos tres meses antes de que venzan los del año en curso el 31 de diciembre. La fecha que ha anunciado este miércoles la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el 26 y 27 de septiembre, apuntala aún más la previsión de que se produzca una prórroga presupuestaria, una prórroga que Hacienda ya daba por descontada, según trasladan fuentes conocedoras.
La prórroga es automática si los Presupuestos no están aprobados antes del 1 de enero pero el Gobierno cuenta con validar antes de marzo unas Cuentas de 2024 aprovechando la inercia de la negociación de la investidura, lo que permitiría que un futuro ejecutivo de Pedro Sánchez tenga asegurados al menos dos años en el poder.
La dificultad sería como hasta ahora la negociación con los socios, que en 2019 tumbaron los primeros Presupuestos de Sánchez, que disolvió entonces las Cortes. Ahora, se añade el reto de conjugar las exigencias de sus aliados con la vuelta de las reglas fiscales en 2024.
En este sentido, Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), plantea la paradoja de que una prórroga ayudaría a mantener la disciplina fiscal ya que facilita el ajuste y el control del gasto.
Y también se suma el desafío que supone la capacidad de veto del Senado, controlado por el PP, a la senda de estabilidad.
Hacienda tiene la maquinaria de los Presupuestos muy engrasada y los trabajos técnicos internos se ponen en marcha antes de que se reciban órdenes políticas del ministro.
En este sentido, fuentes oficiales de Hacienda trasladan que desconocen los trabajos técnicos pero que la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado depende del próximo gobierno.
De momento se van a rebasar tres fechas que marcan la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Constitución: que el techo de gasto esté aprobado antes del 30 de junio y se comunique a las comunidades autónomas antes del 1 de agosto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que el Gobierno apruebe los Presupuestos y los remita al Congreso antes del 30 de septiembre.
Esto no sería impedimento para que pudieran aprobarse antes del 31 de diciembre pero las fechas lo hacen prácticamente inviable. El año pasado Hacienda aprobó el techo de gasto el 26 de julio y sin que se presentara una negociación especialmente complicada con sus socios y en ausencia de reglas fiscales sólo consiguió aprobar los Presupuestos el 20 de diciembre. Y gracias a que en el Senado no se introdujeron cambios.
El escenario ahora es el siguiente: una vez que acabe la previsible investidura fallida de Feijóo el 27 de septiembre, el Rey deberá volver a llamar a consultas a los grupos, proponer a Sánchez y que éste logre ser investido. Entonces debería formar nuevo gobierno y cuando éste esté en funcionamiento, Hacienda debería llevar al Consejo de Ministros un techo de gasto y una senda de Estabilidad que el Senado podría tumbar. Y si todo esto se superara, entonces el Consejo de Ministros debería aprobar las Cuentas y remitirlas al Congreso, donde empezaría la tramitación.
Desde que en 2015 Cristóbal Montoro presentará los Presupuestos de 2016 al Congreso en agosto ante el temor de que el resultado de las elecciones de diciembre de ese año no permitiera tener Cuentas -como luego se reveló- se han vivido todo tipo de vicisitudes con las Cuentas.
Los Presupuestos de 2017 y 2018 fueron aprobados en los meses de junio de los años en curso ante la dificultad de las negociaciones en un parlamento fragmentado.
Y los Presupuestos de 2018 recibieron el aval definitivo una vez que el Gobierno de Mariano Rajoy había sido desalojado por la moción de censura de Pedro Sánchez. Estas Cuentas aguantaron prorrogadas en 2019 y en 2020. Sánchez sólo consiguió aprobar Presupuestos para 2021, a los que siguieron los de 2022 y 2023.
El PP justificó su interés en acelerar la aprobación de los Presupuestos y la necesidad de lograr apoyos para estos en 2016 con la amenaza de que si no salían adelante peligraban las subidas salariales de los funcionarios y la revalorización de las pensiones. Un argumento que desmentía su propia experiencia cuando validó los Presupuestos de 2012 en marzo de ese año después de ganar las elecciones en noviembre de 2011, y que tampoco ocurrirá ahora con la prórroga que se perfila.
El escollo del Senado
El Senado tiene capacidad para retrasar leyes que el Gobierno quiere acelerar introduciendo enmiendas y puede incluso tumbarlas, pero cuando vuelven al Congreso éste puede aprobarlas definitivamente. La gran capacidad que tiene la Cámara Alta es el veto a la senda de estabilidad de los Presupuestos Generales del Estado.
Según el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que promovió el PP en 2012, el Consejo de Ministros remitirá a las Cortes sus objetivos de estabilidad, que deben ser aprobados por el Congreso y por el Senado. "Si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento", dice la norma. Este poder, que obligó a Sánchez a rehacer sus fallidos Presupuestos de 2019 con los límites de gasto y déficit de Mariano Rajoy tras tumbar el Senado controlado por el PP su senda, vuelve a cobrar ahora vital importancia con una Cámara Alta de nuevo liderada por los populares.
De hecho, el Ejecutivo socialista intentó reformar la Ley de Estabilidad para derogar esta capacidad de veto, pero no lo logró.
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