El proyecto de Presupuestos Generales del Estado pactado por el Gobierno y Podemos incluye una partida de 15 millones de euros que se destinará a los "gastos derivados de la Ley de la Memoria Histórica", es decir, la que se aprobó en 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa.
Esta partida presupuestaria busca "hacer efectivo el compromiso de asegurar el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación a las víctimas del franquismo, según se especifica en el Libro Amarillo de los PGE 2019, presentado este lunes.
Desde 2012, cuando se le destinaron 2,5 millones de euros, esta partida presupuestaria no había recibido ninguna asignación, por decisión del anterior Gobierno. Los 15 millones que recibirá en 2019 se destinarán, entre otras cosas, para la búsqueda y apertura de fosas comunes.
En este sentido, el Ejecutivo avanza en su proyecto de cuentas públicas su intención de llevar a cabo una "reforma integral" de la Ley de Memoria Histórica, que atribuirá al Estado "el liderado del proceso de exhumación de las fosas".
La iniciativa se planteará "con la finalidad de corregir las insuficiencias que han impedido alcanzar sus objetivos en sus diez años de recorrido y a la vez dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios, como el grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas".
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