El Colegio de Procuradores de Madrid iniciará a partir del 9 de noviembre la subasta extrajudicial de los activos de Reyal Urbis, entidad que fue declarada en concurso voluntario de acreedores en marzo de 2013 por un juzgado de lo mercantil tras tres refinanciaciones de deuda fallidas.
Los administradores concursales, la consultora BDO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, han confiado, con la previa aprobación judicial, el proceso de subasta extrajudicial al Colegio de Procuradores de Madrid, efectuándose todo el proceso a través del Portal de Subastas del Consejo General de Procuradores de España.
Según recuerda el Colegio en un comunicado, Reyal Urbis protagonizó la segunda mayor quiebra de España, con un pasivo que superaba los 4.660 millones de euros. La empresa cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificables, 214 viviendas en stock y 103.000 metros cuadrados de patrimonio en renta, incluyendo hoteles.
En una primera fase, los procuradores procederán a la subasta de los activos inmobiliarios vinculados al préstamo sindicado que Reyal Urbis tenía con distintas entidades financieras y, posteriormente, se subastarán los activos que no hayan podido enajenarse en fase de venta directa.
De esta forma, procederán a la subasta paulatina y progresiva de los activos a liquidar conforme las circunstancias y condiciones del mercado lo aconsejen, con el objetivo de maximizar el resultado de la liquidación concursal de la sociedad.
Recuperar la deuda
El Colegio de Procuradores destaca que la ejecución es una de las actividades fundamentales que lleva a cabo la profesión de procurador, que cuenta con la estructura, la capacitación y los medios necesarios para ello.
Se trata de un paso más hacia lo que considera una "muy necesaria" externalización de los procesos de ejecución en España en la dirección seguida por muchos países del entorno, en favor de la agilización, eficiencia y transparencia de los procesos de liquidación.
Esto permite a los acreedores recuperar la deuda en el menor tiempo posible, facilitando un mecanismo que les permita anticiparse a la depreciación de los activos inmobiliarios en un momento como el actual, en que se prevén recortes del precio de la vivienda de hasta el 12% en los próximos meses.
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