La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha enviado otra patata caliente al Gobierno. El regulador ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la resolución por la que ha sancionado con 6,3 millones de euros a 22 firmas de consultoría -y a varios de sus directivos- por repartirse diversas licitaciones y alterar el libre funcionamiento del mercado.
Esta junta se creó tras la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y depende del Ministerio de Hacienda. En su órgano hay representantes ministeriales y también otros que han sido propuestos por las organizaciones empresariales.
La resolución de la CNMC abre la puerta a que Deloitte, KPMG, PwC y el resto de consultoras involucradas en el cártel, un total de 22, puedan tener prohibido contratar con la Administración Pública hasta un máximo de cinco años a contar desde este miércoles. Es decir, hasta 2026 como máximo.
En concreto, la ley establece que cualquier empresa sancionada por falsear la competencia queda sujeta a la prohibición de contratar con las entidades públicas. Y aquí se abre un debate interesante: ¿quién decide la duración y el alcance de esta prohibición?
Tradicionalmente, la CNMC ha delegado esta tarea en manos de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pero no es la única opción, según defiende una parte de la comunidad jurídica.
Y es que existe un debate doctrinal sobre si no sería más adecuado que la propia CNMC fijase la duración y el alcance, como por ejemplo sí ha hecho ya la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en el caso de los radares meteorológicos. De esta forma, la prohibición de contratar entra en vigor en el mismo momento en el que se sanciona a las empresas y no hay que esperar a un segundo pronunciamiento.
La normativa marca que el periodo máximo de prohibición es de cinco años a contar desde que se dicta la resolución. Es decir, que cuanto más se demore Hacienda en resolver este asunto más beneficiará a las compañías, ya que los plazos empiezan a correr desde este mismo jueves.
Respecto al alcance, el organismo determinará si la prohibición debería afectar a todos los tipos de contratos o solo a unos determinados. Las prohibiciones, igual que las multas, se establecerán empresa por empresa, ya que no todas han recibido la misma sanción ni su papel en el cártel es el mismo.
Entre los expedientes que se acumulan en sus anaqueles se encuentra el relativo al ‘cártel del AVE’, que recibió hace dos años y sobre el que todavía no se ha pronunciado a falta de que los tribunales determinen la firmeza de la sanción. Hay que recordar que de esta organización ilícita formaron parte algunos de los contratistas del Estado, como algunas filiales de ACS, Isolux, OHL, Indra, Sacyr y Siemens. Entre todos alteraron concursos sobre la electrificación de la alta velocidad ferroviaria por 837 millones de euros.
En el caso de las consultoras, la CNMC analizó hasta 200 contratos públicos en los que estas empresas se pusieron de acuerdo previamente a la presentación de ofertas para repartírselos en función de sus intereses.
Según indica el regulador en una nota de prensa, en el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.
Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros por: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.
"Solemos utilizarnos mutuamente"
En la resolución, figuran diferentes mensajes que se intercambiaron estas empresas y que prueban –según la CNMC- que amañaron las licitaciones con acuerdos entre ellas. Por ejemplo, en la sede de la consultora 97S&F, se encontraron los siguientes comentarios con respecto a Deloitte y Red2Red que prueban la relación existente entre los participantes:
“Tenemos muy buena relación con Deloitte, sobre todo porque nos damos cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos (…) Solemos utilizarnos mutuamente para los negociados como cobertura, intercambiar información de fondos, concursos (…) Controlan mucho mercado de fondos europeos en las CC.AA. y Madrid pero respetan el pequeño feudo de Cantabria que saben es nuestro. Siempre me dice que a ver si nos juntamos para posibles colaboraciones”.
En otro fragmento de la resolución, aparece esta conversación entre directivos de Innovisions y 97S&F: “1) Mira bien con Leo el tema económico. Las bajadas que propones cantan mucho; 2) ¿Podemos evitar que mi nombre aparezca en la propuesta de Innovisions?”.
En otro correo interno de 97S&F se afirma: “Hablando internamente con Joseba y Marta, sugería Marta que se le podía decir a RegioPlus para que decline la invitación, pero seguimos necesitando otra empresa y ya canta un poco que sea otra vez Deloitte….¿alguna sugerencia?”.
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