"Se alquila piso de régimen temporal (1-11 meses)". Todos aquellos que estén buscando vivir de alquiler desde que se aprobó la Ley de Vivienda habrán visto muchos anuncios de este tipo en los principales portales de internet. El motivo es sencillo: ahora la normativa impide a las inmobiliarias cobrar al inquilino por sus servicios -suelen ser uno o dos meses de alquiler- en contratos de larga duración, pero no regula los alquileres temporales, ya que estos no están bajo el paraguas de ley de arrendamientos urbanos (LAU), de modo que las inmobiliarias pueden seguir cobrando al inquilino.
De este modo, las inmobiliarias aprovechan la falta de regulación por parte del Gobierno para poder seguir cobrando al inquilino, de este modo, los servicios prestados al arrendador. Un truco que además solo trae desventajas al arrendatario, ya que un contrato de alquiler temporal se considera legalmente como una segunda vivienda, de modo que la seguridad jurídica es muy inferior respecto a un contrato permanente.
El alquiler de viviendas con un contrato temporal para personas que viven ahí de manera permanente es considerado un fraude, por lo que las inmobiliarias ya ofertan los pisos bajo estas condiciones de manera directa. Estos contratos están pensados para personas que se instalen en una ciudad por un contrato de trabajo temporal, por estudiar un máster o por vacaciones, una temporalidad que debe quedar reflejada en el contrato para que no haya dudas de que esa persona no busca una estancia permanente.
Los propietarios, al acabar el contrato temporal -según ha podido saber Vozpópuli, muchos se están firmando a 11 meses, aunque la ley no establece un tiempo determinado-, pueden finalizar el contrato independientemente de si los inquilinos quieren seguir en el piso. Con el contrato de vivienda permanente, los arrendatarios pueden renovar automáticamente su estancia si así lo desean hasta un máximo de cinco años, ya que en este caso, se considera una necesidad.
Aunque ya ha habido sentencias que impusieronal propietario prolongar el contrato y hacerlo permanente, esta situación implica un proceso judicial que desincentiva la interposición de una denuncia, aunque en caso de querer seguir en el piso, esta vía es posible.
Esta nueva fórmula da poder al arrendador y permite a las inmobiliarias seguir cobrando al inquilino sus emolumentos -la Ley de Vivienda exige que ahora estas 'tasas', en caso de haberlas, las pague el propietario-, por lo que se ha convertido en un método de alquiler cada vez más común, ya que elimina seguridad jurídica y derechos a los inquilinos en pos del propietario.
Estos contratos, además, tampoco están dentro del tope del alquiler, por lo que los propietarios pueden subir la mensualidad lo que deseen una vez finalizado el contrato. Estos pisos también quedarían fuera de las posibles regulaciones que los Ayuntamientos puede imponer para regular las zonas tensionadas, que ya suponen el 20,83% del parque de viviendas. Esto limita las rentas de los nuevos contratos, sujetas a las del contrato anterior y establece una prórroga obligatoria extraordinaria de hasta tres años al finalizar el contrato.
El problema es que en muchas ocasiones se oculta información y se ofrecen estos pisos de forma fraudulenta: garantizan un contrato de 11 meses con la promesa de renovarlo a su finalización, algo que es ilegal, ya que un inquilino no puede estar más de ese tiempo por ser un contrato temporal.
Una afectada de esto último es Estrella, una joven de Barcelona que ha visto cómo varias inmobiliarias le han ofrecido viviendas de alquiler permanente que se alquilaban bajo el régimen temporal. En dos inmobiliarias de la Ciudad Condal le ocultaron hasta el final la situación real de la vivienda, ofreciéndole, para su tranquilidad, una renovación a los 11 meses: "El tema es que hay anuncios en los que dice que el alquiler es temporal, pero en otros muchos no dicen nada".
Esta es la forma 'fina' de hacerlo. Muchos arrendatarios han denunciado en redes sociales cómo las inmobiliarias siguen intentando cobrar al inquilino por sus servicios. "Estimado cliente/a, queremos informarle que nosotros actuamos mediante la figura de encargo de búsqueda de propiedad y que en consecuencia de cerrar un contrato de arrendamiento, nuestros honorarios serán de 900 euros + IVA", reza el mensaje que la inmobiliaria Icon envió al tuitero Cehache, según este último denunció en la red social.
Ya hay empresas que están aprovechando el temor de los propietarios a la nueva Ley de Vivienda. Uniplaces, por ejemplo, se encarga de ser intermediaria entre personas que buscan alquileres temporales y propietarios que buscan eludir las restricciones impuestas por la nueva normativa.
Este "lo tomas o lo dejas" provoca que muchos inquilinos, ante la necesidad de encontrar una vivienda dentro de unos plazos limitados, decidan 'pasar por el aro' y afrontar el pago para poder entrar a una vivienda. Una presión efectiva, especialmente en aquellas zonas más caras o donde hay menos pisos disponibles para alquilar.
El problema es la excesiva regulación del Gobierno con el alquiler permanente y la nula presión a los pisos vacacionales. Y esto lo que traerá, según fuentes del sector consultadas por Vozpópuli, es un aumento de precios al reducirse de forma alarmante la oferta de vivienda permanente.
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