La titular del Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid decidía este miércoles prorrogar el período de adscripción de los acreedores de Marqués de la Concordia Family of Wines a una de las dos propuestas de convenio que tienen sobre la mesa, que son, por un lado, la que ha presentado la compañía y, por otro, la que defiende el fondo de inversión británico Metric Capital.
Este dictamen judicial se producía mientras se endurecía el tono de los socios en el enfrentamiento que viven por sus diferencias sobre el pasado y el futuro del grupo, que explota marcas de vino como Paternina, Marqués de Griñón, Lagunilla, Hacienda Zorita o Vega Reina.
Vozpópuli detalló el pasado 14 de junio las causas y las repercusiones de este enfrentamiento, que ha hipotecado el futuro de un grupo que incluye negocios vinícolas, hosteleros y de alimentación. Desde entonces, se han sumado a la propuesta de convenio que ha presentado la compañía una buena parte de las entidades financieras con las que mantiene adeudos. Entre ellas, Santander, Deutsche Bank, Unicaja, Ibercaja y City of London. Este último, el mayor acreedor de The Haciendas Company, una de las dos ‘sociedades matriz’ que se encuentran en concurso.
En la tarde del miércoles, estaba previsto que Caixabank tomara una decisión al respecto, según han detallado fuentes del grupo.
La beligerancia de Metric Capital
A la vista de estas adhesiones, el fondo Metric Capital –que está representado por Garrigues y defiende un convenio alternativo- presentó el pasado 19 de junio un escrito en el juzgado en el que culpaba al “gestor histórico” de Marqués de la Concordia Family of Wines, Víctor Redondo, de un “alzamiento de bienes” de más de 40 millones de euros que llevó a una situación límite a la empresa.
En el documento, cargaba con dureza contra algunos de quienes han apoyado el convenio de concurso presentado por la compañía: “Ciertos acreedores han venido teniendo relación con MDLC (Marqués de la Concordia) desde hace largos años y una de las razones de su adhesión (…) podría deberse a que (…) sean conocedores y/o partícipes de las irregularidades de sus gestores y, por ende, cómplices” de su insolvencia.
A la vista de que varias entidades financieras –así como pequeños proveedores- han respaldado el citado convenio, los abogados de este fondo de inversión británico presentaron otro documento en el juzgado el pasado martes en el que presionaban al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que se sumara a su propuesta.
Esta institución ejerce de avalista de algunos de los créditos que mantiene MDLC con las entidades financieras; y su decisión será importante para que el concurso se resuelva de una u otra forma. Metric Capital considera que el ICO incurriría en un conflicto de interés si respaldara el convenio presentado por la compañía, dado que sería contraproducente para sus intereses.
De ahí que este fondo de inversión trasladara a la juez su deseo de que la Abogacía del Estado asuma “la representación y defensa de los créditos derivados de los avales públicos reconocidos en el presente concurso de acreedores”.
Las dos propuestas de convenio
¿Cuáles son las diferencias entre un convenio y otro? El fondo de inversión británico Metric Capital –asesorado por Garrigues en este proceso- propone el abono del 50% de todo lo que se debe a los deudores durante el primer año y, además, una venta de negocios de vino para afrontar los compromisos con los acreedores. Entre otros, por cierto, el propio Metric, con quien el grupo mantiene un crédito por 23,21 millones de euros.
En el citado convenio de Metric se incluyen algunas citas textuales que se atribuyen al administrador concursal y que suponen un ataque directo al fundador de la empresa.
Algunas son las siguientes: “El señor Redondo disponía de los bienes y derechos de las sociedades del grupo CFA como si fuera su cortijo privado” (…) “Es tal el número de operaciones cruzadas entre las 32 sociedades que resulta imposible seguir el rastro del destino final de la tesorería. El sistema ideado de refacturaciones y fees entre sociedades (…) crea activos y pasivos en las sociedades de grupo afectadas que son artificiales o inexistentes, pretendiendo dar una imagen de solvencia de la que carecen”.
La propuesta de la compañía prevé mantener el negocio del vino dentro de la cartera de activos del grupo. También contempla un plan de pagos a cinco años que satisfaría todas las deudas que se mantienen con los acreedores, dentro de un proceso cuya masa concursal asciende a 65 millones de euros.
Este grupo empresarial cuenta con 28 años de experiencia y en 2022 obtuvo unos ingresos de 33 millones de euros, frente a los 48 millones que consiguió en 2019, es decir, antes de la llegada de la pandemia de covid-19.
Su EBITDA en el último año fue de 0 millones de euros, frente a los 4,7 millones de 2019. Dispone de seis marcas propias de vino y de cuatro bodegas situadas en Zamora, Valladolid, La Rioja y Cataluña. La empresa comercializa productos de las denominaciones Rioja, Ribera del Duero, Rueda y Arribes, así como otros productos agroalimentarios.
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