Economía

Protección de Datos abre una investigación a Mercadona por sus cámaras de detección facial

Mercadona puso en marcha hace unos días un sistema en algunas de sus tiendas de Mallorca, Zaragoza y Valencia que detecta a las personas con sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento del establecimiento

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio a Mercadona sobre su sistema de detección facial, instalado hace menos de una semana en al menos 40 de sus establecimientos.

Como ha adelantado Business Insider y ha podido confirmar Vozpópuli, la AEPD ha decidido abrir la investigación a raíz de las informaciones aparecidas en medios de comunicación respecto de este sistema. "El procedimiento se encuentra en fase de actuaciones previas de investigación, por lo que no podemos ofrecer detalles sobre el mismo dado que se encuentra abierto", apuntan desde la Agencia.

En concreto, Mercadona puso en marcha hace unos días un sistema en algunas de sus tiendas de Mallorca, Zaragoza y Valencia que reconoce rasgos físicos y detecta a las personas con sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento del establecimiento o alguno de sus trabajadores dictadas por un juzgado.

Cotejar imágenes

Según insistió la valenciana, esta nueva tecnología no guarda ningún tipo de información adicional, pues la elimina en 0,3 segundos, que es el tiempo que, según Mercadona, tarda el sistema en cotejar la imagen recibida con su archivo propio. Si los rostros coinciden, el sistema lanza una alerta al equipo de seguridad interno, primero, y a la policía, después.

En esta línea, la compañía aseguró que había llevado a cabo la implementación y puesta en marcha de esta medida "siempre en constante contacto con las autoridades correspondientes para garantizar la total protección y todas sus garantías legales".

Ahora, y por la fase en la que se encuentra la investigación, la cadena que preside Juan Roig deberá entregar toda la información requerida a la AEPD, que se encargará de comprobar que el sistema cumple o no la ley vigente.

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