La reactivación de las reglas fiscales en 2024, suspendidas durante cuatro años por la excepcionalidad de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, será la 'patata caliente' que reciba el nuevo Gobierno. Tras las elecciones generales previstas para el próximo mes de diciembre, previsiblemente tendrán que llegar los recortes.
Además de los 'topes' marcados del 3% de déficit público y el 60% de deuda en relación al PIB del país, la propuesta de la Comisión Europea conocida este miércoles establece que los Estados miembros con un déficit superior al 3%, como España actualmente, deben llevar a cabo ajustes fiscales mínimos del 0,5% del PIB al año. Esto es, unos 7.000 millones anuales.
El cuándo y el cómo son claves que se desconocen. Desde la Comisión Europea únicamente detallan que "la obligación solo será aplicable cuando se acuerde y entre en vigor el nuevo marco", previsiblemente en 2024. En cuanto a lo segundo, Bruselas reclamará a España (y al resto de Estados miembros) un plan fiscal a cuatro años, ampliable a siete bajo ciertas condiciones, el que se diseñe el ritmo de recorte de la deuda pública.
España cerró el 2022 con un déficit público del 4,8% del PIB y una deuda pública del 113,2%, lo que en la práctica implica que a día de hoy estaría incumpliendo con creces estas reglas fiscales. De hecho, a cierre de 2022 era el país de la UE que más lejos estaba de volver al nivel de deuda previo a la pandemia (98,2%).
Asimismo, era el cuarto país de la UE con la mayor ratio de deuda pública (sólo por detrás de Portugal -113,9%-, Italia -144,4%-, y Grecia -171,3%-) y el quinto con mayor déficit en relación a su PIB (la lista la lidera Italia, con un déficit público del 8%, seguida de Hungría, Rumanía y Malta), según los datos de Eurostat.
En 2024 España seguirá incumpliendo las reglas fiscales
Las proyecciones realizadas en las últimas semanas por los organismos económicos nacionales e internacionales para este año apuntan a que la ratio de deuda sobre el PIB se situará aún entre el 111% y el 110% a cierre de 2023. Es decir, que España acabará 2023 con cerca de 340.000 millones más de deuda pública que en 2019.
En el caso del déficit, la previsión del Gobierno apunta a que se situará en el 3,9% este año (es más optimista que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -AIReF- que lo sitúa en el 4,2%) para descender hasta el 3,3% en 2024. En ese caso superaría el máximo establecido del 3% cuando previsiblemente entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales, lo que conduciría al obligado ajuste fiscal de al menos 7.000 millones.
Bruselas también plantea sanciones comunes para los que se desvíen de sus planes, que pueden alcanzar hasta el 0,5% del PIB cada semestre en los casos más extremos. No obstante, inicialmente se partirá de penalizaciones más bajas, del 0,05% del PIB cada seis meses. En España esto se traduciría, con los datos de PIB previsto para 2023, en multas potenciales de 1.400 millones al año y un máximo de 14.000 millones en caso de incumplimiento.
Más allá del recorte del déficit
En general, los economistas consultados por este periódico opinan que la propuesta de la Comisión Europea es un paso adelante en términos de simplificar los requerimientos de ajuste, con reglas "claras" y "fáciles" de implementar. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, recuerda que "el anterior sistema dependía del cálculo de variables no observables directamente (como el PIB potencial) y sujetas a discusión".
En todo caso, Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas, también advierte que "un 0,5% en etapas de crecimiento económico puede ser poco exigente, ya que ese 0,5% puede ser el ajuste natural debido a los estabilizadores automáticos, sin que se realice ningún esfuerzo adicional, de modo que el déficit estructural no se corregiría. Sin embargo, en etapas de recesión, puede ser demasiado exigente".
Miguel Cardoso apunta que una reducción del desequilibrio en las cuentas públicas como consecuencia de la actividad económica (reducción de pagos por desempleo, mejoras de ingresos, etc.) no bastaría: "Los planes tendrán que incluir medidas específicas por las que se recaude más o se gaste menos". Es decir, que tendría más que ver con la reducción del déficit primario estructural para asegurar la sostenibilidad fiscal.
Además, el economista jefe de BBVA Research recuerda que el anuncio sobre un sistema basado en riesgos asegura que no todos los ajustes serán iguales. Es posible que a aquellos países con un mayor nivel de deuda (y, por tanto, un riesgo superior de que su endeudamiento se desborde) se les requiera ajustes más importantes.
En cuanto al método, Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que, "tras una expansión tan fuerte del gasto público como la acontecida en los últimos años, los márgenes de mejora son importantes". Por tanto, "esa es la vía para conseguir la consolidación presupuestaria: mejorar la eficiencia del gasto público sin subir impuestos, sin afectar al crecimiento económico y sin recortar el estado de bienestar".
El contexto de inflación puede anticipar la entrada en vigor de la norma
Sobre el momento en el que previsiblemente la Comisión Europea pondrá en marcha sus reglas, el director general del servicio de estudios de CEOE, Gregorio Izquierdo apunta que "la política fiscal expansiva está siendo incompatible con la estabilidad de precios y la política monetaria más restrictiva", y en este sentido" el contexto de inflación puede anticipar la entrada en vigor de esta normativa".
José María Romero, director del área económica de Equipo Económico, considera "necesario y positivo poder retomar cuanto antes las reglas fiscales europeas comunes". En todo caso, recuerda que la propuesta de la CE tiene aún que continuar su proceso de adopción legislativa en el Parlamento Europeo y el Consejo (donde están representado los Estados miembro), con margen para incluir las mejoras necesarias.
Finalmente, sobre el marco establecido para los planes fiscales, el experto de BBVA Research apunta que el cambio hacia planes de cuatro años podría mejorar el compromiso con su cumplimiento, sobre todo aquellos que se elaboren coincidiendo con el inicio del ciclo político. Para esto, la Comisión Europea enfatiza la necesidad de que los ajustes sean mayores al inicio del plan, de tal manera de evitar problemas de implementación hacia el final del período.
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