El Gobierno contempla volver a ligar a la inflación los alquileres en la próxima Legislatura. El equipo técnico del ministerio de Transportes en manos del Partido Socialista estudia opciones "similares al Índice de Precio de Consumo" de cara al nuevo índice al que se referenciarán las actualizaciones anuales de los contratos de alquiler a partir de 2025, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes ministeriales.
Una de las novedades de la Ley de Vivienda pactada por los socialistas con Unidas Podemos, EH Bildu y ERC pasa por la desvinculación de los contratos del Índice de Precios de Consumo. Esto es, la referencia oficial de la inflación, que permitía hasta ahora a los propietarios tener la "seguridad jurídica" de que las rentas por sus inmuebles se actualizaban conforme a la evolución del mercado. La Ley de Arrendamientos Urbanos vincula dicha evolución con el mismo Índice de Precios de Consumo.
De acuerdo a la Ley de Vivienda, las actualizaciones seguirán topadas a un 2% en 2023 y un 3% en 2024 -atendiendo al contexto "excepcional" marcado por el alza de la energía y la invasión de Rusia sobre Ucrania. En suma, la situación desde 2025 en adelante guardará relación con un índice de nueva creación antes de ese año. De acuerdo a fuentes socialistas, el nuevo índice penderá de una negociación "técnica" con el Instituto Nacional de Estadística (que desarrolla actualmente el IPC) y otros agentes "para la que hay tiempo hasta finales de 2024".
El PSOE evita poner límites al alquiler turístico
Paralelamente, en el área socialista descartan límites desde el Estado a los alquileres turísticos, como reclamaba Unidas Podemos por entender que se trata de una vía que emplearían los caseros para sortear la propia Ley de Vivienda. El argumento en el PSOE es que los turísticos son estricta potestad de las Comunidades Autónomas.
También lo será la propia aplicación de la Ley de Vivienda en sí, lo que conlleva que buena parte del país, en manos del Partido Popular, no la aplicaría. Y es que serán las Comunidades Autónomas las que tendrán la potestad última -por encima de los ayuntamientos- de declarar las zonas tensionadas en las que tendrán lugar los límites a los precios de nuevos contratos fijados por la Ley.
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