La cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un Cupo. El pacto que han firmado el PSOE y Junts contiene estas medidas. La primera supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, lo que ya apunta a un Cupo como el vasco. Este Cupo se desarrollará además mediante "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad".
Todo esto, las peticiones más maximalistas que venía planteando Junts y que ya reclamó en 2012 Artur Mas a Mariano Rajoy como pacto fiscal y éste se negó, está incluido en el acuerdo, aunque se dice que son propuestas de Junts, "Junts propondrá" es la fórmula.
Sin embargo, a nadie se le escapa que las dos mayores exigencias de Puigdemont aparte de la amnistía, ésta y el referéndum, están en un pacto de investidura y de legislatura y que si el PSOE no las concede, Junts amenazará con hacer caer a Pedro Sánchez. Esta agenda de Junts será urgente además, ya que el acuerdo dice: "Junts propondrá de entrada".
El PSOE ya promete un Cupo encubierto
En cualquier caso, lo que el PSOE se compromete ya supone una especie de Cupo encubierto, ya que además de prometer "apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso a mercado de Catalunya", incluye "un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".
Una bilateralidad ya completa que va mucho más lejos que la condonación de 15.000 millones de deuda que el PSOE pactó con ERC la semana pasada. Además, en el caso del acuerdo con los Republicanos, se dice que habrá alguna fórmula similar para las comunidades de régimen común, lo que ha refrendado la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño.
El "grave riesgo" de una Hacienda catalana: "Rechazo frontal" de los inspectores
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado del "gran riesgo", del "peligro" y de las "consecuencias gravísimas" de que se cree una Agencia Tributaria y un cupo catalanes, unas reivindicaciones que señalaba hace apenas 15 días en su congreso celebrado en Burgos que se estaban planteando en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Denuncian que atentaría contra la igualdad de todos los españoles en la Constitución y también pondría en riesgo la lucha contra el fraude y la eficacia de la gestión y recaudación.
Este jueves han publicado un comunicado en el que expresan su "rechazo frontal y absoluto" a los acuerdos en los que "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera".
Comunicado de los Inspectores de Hacienda by Vozpópuli on Scribd
Todo esto se hace, recuerdan, "bajo el reconocimiento de un singularidad histórica, que no queda ampara en nuestra normal fundamental". La cesión de todas las competencias de la AEAT "implica sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdiccion de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna".
Como todo esto se hace para conseguir unos votos para ser investido presidente del Gobierno, "los acuerdos conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de TODOS los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal", subrayan los inspectores.
Por último, IHE hace un "llamamiento URGENTE a la recuperación de la racionalidad y del sentido común [...] y a la búsqueda de consensos políticos estables que logren la unidad, se alejen de la confrontación y representen a la gran mayoría de la Nación española".
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, advierte de que la propuesta "no es un compromiso formal del PSOE". Con todo, está incluida en un pacto que firman los dos partidos y se va a negociar. De concederse, De la Torre advierte de que supone "el fraccionamiento de la AEAT, con deescordinación, más costes y riesgos para la lucha contra el fraude".
En segundo lugar, De la Torre, señala que "el sistema de financiación autonómica queda herido de muerte salvo que la compensación o Cupo que pague Cataluña al Estado sea muy superior a la que aportan País Vasco y Navarra".
Vuelta de las empresas: ¿primer asalto?
Entre las cesiones económicas del PSOE, queda una menor, como avanzó Vozpópuli el 7 de octubre: "facilitar y promover el regreso a Catalunya" de las empresas huidas tras el 1-O de 2017. El 5 de septiembre en su discurso de exigencias, Carles Puigdemont aludió al "ahogo sistemático de la economía catalana", del cual es, a su juicio "ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente; y la aplicación salvaje del artículo 155 de la Constitución para disolver el Parlamento, destituir al Gobierno e intervenir el autogobierno, con graves afectaciones a la actividad económica que acaban pagando todos los ciudadanos de Cataluña".
El Gobierno aquí lo tiene fácil, derogar el Decreto supone un mero trámite que no causaría problemas y así lo ven fuentes conocedoras. Cuestión diferente es que el propio Decreto en vigor facilita la vuelta de las empresas a Cataluña, pero los independentistas están empeñados en la derogación, que opera como un símbolo.
Y es que la clave sería que las empresas quisieran volver, lo que hoy no ocurre, con lo que se buscarían fórmulas e incentivos. Estos últimos sí podrían tener un encaje jurídico complicado respecto a la Competencia y a las ayudas de Estado.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el citado Decreto el 6 de octubre de 2017 para facilitar un cambio de sede social que grandes empresas venían preparando, especialmente, CaixaBank ante la fuga de depósitos que sufría, e inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.
Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las más de 6.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con contados pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.
Este Decreto no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.
Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".
Nadia Calviño lo corroboró entonces y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.
Las empresas no han mostrado interés hasta la fecha en volver. Habrá que ver el alcance de las fórmulas que se plantea el PSOE para promover su vuelta. De momento, como avanzó Vozpópuli, ERC y Junts exigen a Sánchez traspasar a la Generalitat el control de La Caixa, un poder de supervisión de la Fundación que tiene ahora Economía. Una Fundación que a través de Criteria ostenta importantes participaciones en CaixaBank, Telefónica y Naturgy.
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