En la letra pequeña del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos figura la voluntad de derogar una ley que en la práctica supondrá la vuelta al descontrol financiero de los Ayuntamientos y la falta de control por parte de la Administración Central del volumen de gasto de las Administraciones Locales.
"Derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del Partido Popular", anuncian Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su programa para un Gobierno de coalición. Se refieren a la ley que aprobó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2013 para aumentar el control sobre las cuentas de los Ayuntamientos.
Esta ley, entre otras cosas, buscaba eliminar duplicidades en materia de competencias con otras administraciones, poner un tope máximo de cuánto podían subir los sueldos de los dirigentes locales, limitar las contrataciones y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Sus resultados han sido positivos, ya que las Corporaciones Locales son la administración del Estado que tiene las cuentas más saneadas.
"En la actualidad, la administración pública territorial que está teniendo mejor desempeño en términos de estabilidad es la local y precisamente siéndolo no podemos decir que esta ley haya funcionado mal, sino todo lo contrario: ha sido catalizador positivo para controlar las finanzas públicas locales y evitar excesos, de hecho salvó un recurso de inconstitucionalidad que se planteó contra ella", explica a Vozpópuli Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos.
Se refiere al recurso de inconstitucionalidad que presentó la Asamblea de Extremadura y que el Tribunal Constitucional admitió solo parcialmente, declarando inconstitucionales sólo algunos de los preceptos de la ley que fueron modificados.
Debilitar el control de las cuentas
Ángel de la Fuente, presidente de la Fundación de Estudios de Economía de Aplicada (Fedea), comenta a este medio que "la Ley 27/2013 intentaba clarificar las competencias de los Ayuntamientos y evitar duplicidades y reforzar el control sobre sus finanzas".
Añade que aunque "los efectos de derogarla dependerán de lo que aprueben en su lugar", es "previsible que los Ayuntamientos tengan menos trabas para hacer cosas distintas de sus competencias básicas y que se debilite el control estatal sobre sus cuentas".
Para permitir que los Ayuntamientos tengan libre albedrío al aumentar sus gastos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias proponen un cambio también en la regulación de los impuestos, ya que quieren aprobar "una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado".
Lo que dicen sobre tributos no tiene que ver con esta ley y es extremadamente confuso", según Fedea
Esa redacción supone un cambio en la ley actual, que lo que fija son topes máximos por encima de los cuales no se pueden subir los impuestos, por una que fije topes mínimos, lo que podría dar lugar a subidas de impuestos muy superiores que las que hay en la actualidad.
Concesión a Podemos
El motivo que ha impulsado al PSOE y Unidas Podemos a incluir esta medida en su programa no ha sido especificado, pero fuentes cercanas recuerdan que ésta es una reivindicación tradicional del partido de Iglesias.
Desde el Ministerio de Hacienda señalan que es un asunto que incumbe al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y no explican qué consecuencias puede tener en la capacidad o necesidad de financiación del Estado la derogación de esta ley, ya que podría dar lugar a un incumplimiento del objetivo de déficit o superávit.
Para 2020, el Gobierno confía en que las corporaciones locales cierren el año con un superávit del 0,4% del PIB, un pronóstico que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sólo ve factible (40-60% de probabilidad de que se cumpla), viendo más probable que el superávit sea del 0,2% del PIB.
El Estado necesita que las corporaciones locales tengan el máximo superávit posible para poder cuadrarlo así con el déficit del resto de administraciones (Comunidades Autónomas y, sobre todo, Administración Central y Seguridad Social).
El déficit conjunto de las cuatro administraciones es el que conforma el déficit general del Reino de España, que a cierre de 2018 se situó en el -2,5% del PIB y que, según el Banco de España, seguirá siendo el mismo a cierre de este año.
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