La instrucción del mayor caso de corrupción investigado en España, Púnica, finalizará, en principio, el próximo 27 de agosto, y no mañana sábado 6 de junio como estaba fijado.
Una decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid que no contentará del todo a los imputados, y tampoco previsiblemente a Fiscalía.
En una providencia fechada el 4 de junio, el juez Manuel García Castellón fija como nueva fecha del término de la instrucción el próximo 27 de agosto.
El magistrado explica que la suspensión de los plazos procesales previstos en el Real Decreto de 14 de marzo, se ha alzado el 4 de junio, por lo que el plazo de instrucción de Púnica, cuyo término quedó fijado para mañana sábado, quedó suspenso 82 días, desde el pasado 14 de marzo, en el que se decretó el estado de alarma, debiéndose ahora sumar esos 82 días señalados.
El juzgado no ha recibido todavía diligencias solicitadas por Cristina Cifuentes a Fundescam
El juez requiere al Ministerio Fiscal para que informe sobre las diligencias a practicar en la causa. Y señala que, no habiéndose recibido respuesta por parte de Fundescam en relación con las diligencias solicitadas por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reitera al organismo la información requerida.
También solicita a los peritos de Fomento y Hacienda para que informen al juzgado sobre el estado de la pericia encomendada, y que remitan un avance de las conclusiones del informe pericial.
La Fiscalía General del Estado considera que el plazo de instrucción debería ser "de dieciocho meses a contar desde el día siguiente hábil al cese del estado de alarma", lo que supone en la práctica volver a poner a cero el contador de la instrucción de los casos complejos, como Púnica.
La fiscal general del Estado, María Dolores Delgado, defiende la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La fiscal general del Estado, la exministra de Justicia María Dolores Delgado, ha defendido la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluido en la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2015. Dicho artículo limita a 18 meses, prorrogables a otros 18, las causas declaradas complejas, como son los casos de corrupción.
Y los investigados en Púnica defienden que el plazo de término estaba fijado para el 6 de junio y que este no puede variar, ya que la suspensión de los plazos procesales decretado por el estado de alarma, no debería influir en los plazos de instrucción, que no han sido alterados.
El caso Púnica estalló el 27 de octubre de 2014, cuando agentes de la Guardia Civil, a las órdenes de la Audiencia Nacional, detuvieron a 51 personas relacionadas con presuntas prácticas corruptas, entre ellas el ex número dos del PP de Madrid Francisco Granados.
El pasado 2 de septiembre el juez Manuel García Castellón imputó en el caso Púnica a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
