Antonio del Moral, Manuel Marchena y Pablo Llarena son los tres magistrados encargados de decidir si se admite o no a trámite la querella presentada contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil.
Según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, Del Moral ha sido designado ponente de la sala de admisión y será el principal encargado de estudiar el escrito. Una vez trasladadas sus conclusiones a los otros dos magistrados, se necesitan dos votos a favor para proceder a su admisión a trámite.
Marchena, como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siempre forma parte de esta sala. Los otros dos nombres se deciden conforme a un sistema de turnos previamente establecido de acuerdo con las normas de reparto.
Los tres serán los encargados de dictar un auto en el que, por un lado, se hará un juicio de competencia en el que se determine si la sala puede conocer el asunto (que sí puede al ser Marlaska aforado) y, por otro, un juicio de tipicidad para determinar si se aprecia o no delito en los hechos narrados en la querella. Si se admite a trámite, el siguiente paso es la designación de un cuarto magistrado que será el instructor de la causa.
Querella de un particular
La querella fue presentada por un particular hace casi tres semanas y atribuye al ministro del Interior un delito de encubrimiento de los motivos reales del cese del coronel y abandono de destino y omisión del deber de perseguir ciertos delitos.
Según el querellante, Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y no trasladar a sus superiores el desarrollo y las conclusiones del informe de la Guardia Civil sobre el 1-O. Siempre según se recoge en la querella, el coronel explicó a los interesados en el informe (entre los que se encontraba María Gámez, directora general de la Guardia Civil) que desconocía esa información y en que en el hipotético caso de conocerla, no podría revelarla ya que existía una orden judicial que exigía mantener la confidencialidad.
Interior siempre ha señalado que el cese de Pérez de los Cobos se debió a la pérdida de confianza en el coronel y desligó su salida de la investigación sobre la manifestación del 1-O, pero lo cierto es que la versión del Gobierno ha quedado en entredicho después de que El Confidencial desvelase una orden interna firmada por Gámez en la que propone el cese de Pérez de los Cobos por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento”.
A la espera de conocer la admisión a trámite de esta querella, Pérez de los Cobos ya ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese. Este recurso será resuelto por los mismos responsables que le cesaron, por lo que previsiblemente el asunto pasará a la vía contencioso-administrativa.
