Más de 5.000 millones de inversión, 2.000 kilómetros de carreteras, casi 190.000 puestos de trabajo… son las grandes cifras del Plan de Carreteras que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encargó de presentar en sociedad. Hasta después del verano no se conocerán más detalles, en especial qué actuaciones se van a llevar a cabo. Pero el plan de inversión público-privada que las constructoras han puesto encima de la mesa del Gobierno, aparentemente con éxito, no está precisamente vacío de contenido. A través de diversos estudios, Seopan, la patronal de las grandes empresas del sector y de concesiones, ha identificado un buen número de proyectos prioritarios, que tienen todas las papeletas para figurar entre los seleccionados para desarrollar el Plan.
La Radial 1 es uno de los ejemplos. La alternativa a la A-1, que en su día se quedó sin licitar (y se salvó de correr la suerte de sus ‘hermanas’ R-2, R-3, R-4 y R-5, todas ellas quebradas), ha aparecido con frecuencia en las quinielas de los futuros proyectos de carreteras a abordar por el Gobierno, que en los últimos años han estado lastrados por los recortes en obra pública. Hasta tres opciones de trazado se barajan para una autovía con una inversión estimada de unos 120 millones de euros.
Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estudio informativo, con lo que su inclusión en el Plan de Carreteras exigiría una notable agilización en los trámites.
Más avanzado se encuentra la ampliación de la circunvalación de Sevilla SE-40, que actualmente presenta en servicio tan sólo un 20% de su trazado (unos 16 kilómetros). La propuesta de actuación incluye la construcción de otros dos tramos, que suman 21 kilómetros, con una inversión de algo más de 175 millones. En este caso, la actuación cuenta con el proyecto constructivo ya redactado, aunque sería necesaria la correspondiente actualización para pasar definitivamente a la fase de construcción.
Evitar atascos
La mejora de las principales autovías españolas también cuenta con muchas posibilidades de formar parte del Plan. Entre las actuaciones pendientes y consideradas prioritarias por los estudios que las constructoras han puesto a disposición del Gobierno se encuentra la ampliación a tres carriles de la A-7, entre Alicante y Murcia, además de la adecuación de varios tramos enlace en la Comunidad Valenciana, actuaciones que se encuentran en fase de redacción de sus respectivos proyectos constructivos.
En la misma situación está la nueva autovía Porriño-Vigo (A-52), planteada como una alternativa a la A-55, principal vía de acceso a la ciudad pontevedresa desde la Meseta Central. Un problema añadido a la condensación de tráfico es su complicado trazado, que hace imposible mantener una elevada velocidad en todo el trazado. Una dificultad que la nueva autovía podría salvar con un túnel de algo más de dos kilómetros.
La denominada Autovía del Duero (A-11) también es uno de los objetivos para incluir en el Plan de Carreteras, con la construcción de varios tramos pendientes, especialmente centrados entre Valladolid y Aranda de Duero. En el mismo caso se encuentra la A-15, con tramos en los límites de las provincias de Zaragoza y Navarra.
Sin peajes
Las obras se adjudicarán a empresas a través de contratos que abarcarán la construcción de la infraestructura y su posterior mantenimiento durante treinta años.
En virtud de estos contratos, las constructoras tendrán que adelantar el importe necesario para acometer las obras. En concreto, deberán aportar recursos propios para cubrir un 20% de la inversión y financiar el 80% restante. En este caso, está previsto que el BEI contribuya con hasta un 40% del importe y lograr también fondos europeos del Plan Juncker.
Las empresas recuperarán esta inversión una vez acaben las obras y pongan la autovía en explotación. A partir de ese momento, recibirán un pago o canon anual del Estado durante los treinta años en los que se encargarán del mantenimiento de las vías que, de esta forma, quedan libres de peaje para los usuarios finales.
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