"La reforma más importante de la legislatura será la del sistema de pensiones", lo dijo alto y claro el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado martes durante la clausura de la Asamblea Anual de Socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Pero lo cierto es que el Gobierno poco ha hecho de momento para asegurar la viabilidad del sistema. Y parece difícil que el PP vaya a ser capaz de consensuar con el resto de los grupos las medidas que necesita la Seguridad Social.
De momento, solo ha hecho pequeños ajustes para intentar tapar la herida que está haciendo que el sistema se desangre: ha subido las bases de cotización y ha anunciado su intención de transformar algunas reducciones diseñadas para generar empleo, como las tarifas planas, en bonificaciones. También se ha mostrado dispuesto a revisar todas las bonificaciones actuales del sistema para eliminar las que no funcionan y a destopar la base máxima de cotización.
Y las pensiones de viudedad y orfandad, que no tienen naturaleza contributiva, ya están en el centro del debate. Algunos organismos, como la OCDE, son partidarios de limitar estas prestaciones a colectivos muy vulnerables, y otros directamente apuestan por eliminar o, al menos, sacarlas del sistema de la Seguridad Social. El Gobierno, de momento, está dispuesto a completar su financiación a través de impuestos, pero sin cambiar la naturaleza jurídica de esta figura. Es decir, se quedan donde están.
Pequeños ajustes
Así que en realidad solo se habla de pequeños ajustes y promesas al viento. De momento, hay poca sustancia encima de la mesa, a pesar de que los expertos reclaman reformas de calado que realmente den un vuelco al sistema y aseguren su viabilidad actual y futura. Por ejemplo, muchos son partidarios de una reforma a la sueca que permita convertir el actual sistema de reparto español en uno mixto basado en cuentas individuales para cada trabajador.
La reforma sueca se inició en el año 1991 y se terminó en 2001, aunque el periodo de transición no acabará hasta 2017. Requirió un alto nivel de consenso político y social y, de momento, parece poco probable en España, aunque se ha debatido en las sesiones del Pacto de Toledo que se han celebrado en el Congreso de los Diputados.
Otros organismos, como el Banco de España, han presentado todo un recetario de medidas que se podrían combinar de diferente manera para asegurar el sistema, como elevar la edad de jubilación a los 70 años, utilizar toda la vida laboral para calcular la pensión o limitar el acceso al 100% de la prestación, entre otras muchas cosas.
Los ajustes que se hicieron en 2011 y 2013 evitan la quiebra del sistema, pero reducirán las prestaciones en un 40%
Lo que está claro es que algo habrá que hacer. De momento, los expertos dicen que las dos últimas reformas del sistema evitarán su quiebra, pero sin resolver todos los problemas. De hecho, lo harán a costa de las pensiones de los españoles, que caerán nada más y nada menos que un 40% por la entrada en vigor de algunas medidas, como el nuevo índice de revalorización o el factor de sostenibilidad.
El Pacto de Toledo trabaja para presentar sus nuevas recomendaciones de reforma en junio, pero este plazo parece un poco ajustado. Cuando el Gobierno reciba estas recomendaciones, tendrá que hacer una propuesta de reforma e intentar consensuarla con los grupos políticos, algo que parece difícil dado lo fragmentado que está el Parlamento. Toca negociar y mucho.
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