El próximo miércoles la representación legal del Real Madrid acudirá a Luxemburgo para tratar de tumbar la declaración de tratamiento fiscal ilegal otorgado a los clubes de fútbol españoles por el Estado, y, en particular, la consideración como ayuda de Estado de una cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Ese día de la próxima semana está previsto que se celebre una vista en el Tribunal General de la Unión Europea por la solicitud del Real Madrid de que se anule dicha decisión. El equipo presidido por Florentino Pérez ha contratado al despacho Linklaters para que le represente en este asunto.
La Comisión Europea concluyó en julio de 2016, tras tres años de investigaciones, que España había establecido ilegalmente una ayuda en forma de privilegio fiscal a través de la Ley del Deporte que favoreció a los clubes Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Club Atlético Osasuna, infringiendo las normas europeas en materia de ayudas de Estado.
El Estado español se ha personado, hasta ahora, a favor de los recursos de Real Madrid y Barcelona
La Comisión ordenó la supresión de dicho régimen fiscal en España y que fuera recuperada la diferencia entre el impuesto de sociedades abonado y el que habrían debido de pagar si hubieran tenido la forma jurídica de Sociedad Anónima Deportiva a partir del año 2000. Hasta ahora, ni los clubes han pagado ni Hacienda lo ha requerido.
La Ley 10/1990 del Deporte obligó a los clubes de fútbol españoles a reconvertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. El objetivo de la Ley, explica el Tribunal de Justicia de la UE, era fomentar una gestión más responsable de la actividad de los clubes adaptando su forma jurídica. Dicha Ley establecía una excepción para los clubes deportivos profesionales que hubieran obtenido resultados económicos positivos en los ejercicios anteriores a la aprobación de la Ley.
El Real Madrid, también el Barcelona, el Bilbao y el Osasuna, podían acogerse a esa excepción establecida por la Ley del Deporte, optando por seguir funcionando bajo la forma de clubes deportivos, y así lo hicieron. Los clubes deportivos son personas jurídicas sin ánimo de lucro y, como tales, tienen derecho a un tipo específico de gravamen sobre sus rendimientos. Hasta 2016 este tipo de gravamen fue inferior al tipo aplicable a las sociedades anónimas deportivas.
La Comisión considera que en la cesión de unos terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento, estos se sobrevaloraron en 18,4 millones
En diciembre de 2013, la Comisión Europea notificó a España su decisión de abrir un procedimiento de investigación sobre el posible trato fiscal preferente otorgado a los cuatro clubes deportivos de fútbol profesional. Y el 4 de julio de 2016, la Comisión concluyó que, a través de la Ley del Deporte, España había establecido ilegalmente una ayuda en forma de privilegio fiscal en el impuesto de sociedades en favor de los cuatro clubes.
Hasta ahora, el Estado español se ha personado a favor de Real Madrid y FC Barcelona en sus recursos contra la decisión de la Comisión de considerar como ilegal el tratamiento fiscal otorgado.
Cesión de terrenos
El Real Madrid ha requerido que sea anulada la decisión del 4 de julio de la Comisión Europea. Y también ha impugnado la consideración por parte de la Comisión Europea de "ayuda de Estado", de una cesión de terrenos entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, en la medida en que los terrenos afectados por la transacción se sobrevaloraron en 18,4 millones de euros, explica el Tribunal de Justicia de la UE.
"Esta Decisión", indica el tribunal europeo, "trae causa del incumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Madrid, del Convenio de ejecución de 1998, por el que se comprometía a transmitir al Real Madrid CF la parcela B-32 en Las Tablas". El Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid regularizaron la situación con el Acuerdo Transaccional de 2011, por el que se concedía una indemnización al Real Madrid, consistente en la cesión de terrenos mencionada.
El Real Madrid afirma que la Comisión ha cometido "errores manifiestos"
El Real Madrid defiende que la Comisión "ha cometido errores manifiestos al concluir que el acuerdo transaccional de 2011 dio lugar a una ventaja económica y, en consecuencia, a una ayuda de Estado en favor de la parte demandante". El club subraya que a través del acuerdo transaccional de 2011, el Ayuntamiento de Madrid se limitaba a reconocer su responsabilidad por haber incumplido el Convenio de Ejecución de 1998.
Además, el Real Madrid sostiene que la Comisión ha omitido tomar en consideración que las alternativas al Acuerdo Transaccional de 2011, como, por ejemplo, enfrentarse a una demanda judicial, hubiesen sido mucho más gravosas para el Ayuntamiento. Y advierte que la Comisión cometió "graves errores de apreciación, al basar su conclusión en un informe pericial carente de valor probatorio y rechazar el resto de valoraciones de la parcela B-32 que obraba en el expediente, sin haber solicitado la opinión de su propio tasador o de otro experto con las cualificaciones pertinentes".
El Real Madrid, que el mismo día 4 de julio emitió un comunicado defendiendo su postura, alega también que la Comisión no ha estimado el valor de los inmuebles cedidos a la parte demandante en virtud del Acuerdo Transaccional de 2011 en concepto de indemnización, "sino que aplica, sin motivación alguna y sin contestar los argumentos detallados de dicha parte demandante al respecto, el valor atribuido a los mismos por el Ayuntamiento, a pesar de que la propia Comisión rechaza de plano otras valoraciones (como la de la parcela B-32) realizadas por el Ayuntamiento con base en esta misma metodología".
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