El 30 de noviembre se acerca y es una fecha clave para la amnistía fiscal. Se ha escrito mucho sobre este tema, pero sigue habiendo mucha confusión al respecto. Ciudadanos insiste en que es la fecha clave para poder exigir más a todas aquellas personas que participaron en este proceso y que, tal y como sostiene la formación naranja, pagaron solo un 3% por el dinero que habían ocultado al fisco durante años, en lugar del 10% que exigía la norma. Los asesores fiscales y técnicos del Ministerio de Hacienda no están de acuerdo y aseguran que ya no se puede hacer nada al respecto.
Vamos a intentar explicar un poco la situación. Cristóbal Montoro decidió aplicar una amnistía fiscal en 2012 como ventana para aflorar todas las rentas no declaradas a Hacienda hasta el momento. Solo había que pagar una tasa del 10% por todo lo aflorado, sin recargos ni sanciones. Los ciudadanos que quisieran regularizar su situación, podían hacerlo entre abril y noviembre. Pero cuando se acercaba la fecha final de la amnistía, apenas 10 ciudadanos se habían acogido. ¿Qué hizo entonces el Gobierno? Rebajó un poco las condiciones al dictaminar que solo se pagaría al fisco por el capital aflorado en los años no prescritos: 2008, 2009 y 2010.
Por este motivo, aunque la amnistía afloró un total de 40.000 millones de euros, Hacienda solo recaudó un 3% de esta cifra: 1.200 millones de euros. Es decir, que solo 12.000 millones correspondían a rentas no declaradas en esos tres años, el resto era anterior. De hecho, casi todas las personas físicas y jurídicas que se acogieron lo hicieron en el último mes (noviembre), cuando Hacienda ya había flexibilizado las condiciones de la amnistía. Por ese motivo Ciudadanos quiere que Hacienda exija a los amnistiados el 10% del total declarado y avisa de que solo podrá hacerlo hasta el 30 de noviembre, la famosa fecha en la que supuestamente prescriben las posibles responsabilidades fiscales administrativas pendientes del proceso, justo cuatro años después de la amnistía.
Hay un matiz en el acuerdo de PP y Ciudadanos que puede librar a Montoro de cumplir lo pactado
Hasta ahí todo claro. De hecho, el PP recogió la propuesta de Ciudadanos en el acuerdo de la fallida investidura de junio, pero con un matiz. Se comprometió a realizar una revisión de todos los amnistiados para que pagaran más por las rentas afloradas, pero dentro de los límites de la normativa tributaria. Y es esta frase final, la de los límites, la que le puede librar de las exigencias del partido naranja: La normativa tributaria no permite actuar sobre los ejercicios prescritos, que son precisamente sobre los que quiere actuar Ciudadanos.
Por eso los asesores fiscales y los técnicos de Hacienda están convencidos de que Montoro no cumplirá lo pactado con la formación de Albert Rivera. A su parecer, la fecha del 30 de noviembre es totalmente irrelevante porque la prescripción de cuatro años se debe calcular sobre los ejercicios en sí (hasta 2010) y no a partir de la fecha de la amnistía (2012). Además, la amnistía en ningún momento se planteó como algo obligatorio, sino como una declaración voluntaria y especial, por lo que no se puede regir por el fundamento jurídico ordinario.
Una medida inconstitucional
A su parecer, la liquidación de impuestos adicionales a los amnistiados sería como establecer una norma con carácter retroactivo y probablemente inconstitucional, lo que dañaría gravemente el principio de seguridad jurídica. De hecho, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, asegura que técnicamente “es imposible” hacer algo así y no cree que Hacienda se meta en un lío de este tipo. Además, generaría muchísimos recursos que probablemente acabaría perdiendo el Gobierno.
En la misma línea se manifiesta el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), Jose María Mollinedo, en la conversación con Vozpópuli en la que asegura que la prescripción la marca el año en el que los bienes fueron ocultados a Hacienda (cualquier ejercicio hasta 2010) y no la fecha en la que cada ciudadano se acogió a la amnistía. Por eso, por mucho que Hacienda quisiera enviar cartas ahora a los aministiados, no cambiaría nada la situación.
La Agencia Tributaria dijo a finales de octubre que hay que mirar al futuro y no al pasado
Además, Mollinedo está convencido de que el PP introdujo ese matiz en el acuerdo con Ciudadanos para evitar, precisamente, tener que poner en práctica esa medida. Y, aunque apoyó parcialmente la proposición no de ley que llevó el partido de Albert Rivera al Congreso, se abstuvo en dos de los puntos en los que se pedía un informe de Tributos y ordenar a la Agencia Tributaria el inicio de las comprobaciones.
Y puede que Mollinedo no vaya desencaminado, porque el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, fue bastante claro a finales de octubre: “Hay que mirar al futuro y no estancarse en el pasado”, dijo. Aunque en ese momento no quiso entrar a valorar la propuesta de Ciudadanos, sí dijo que la Agencia cumple la legislación vigente y que, de momento, que no se ha producido ningún cambio normativo en este sentido.
¿Y qué dice Ciudadanos? Ciudadanos no comparte la teoría de los asesores y los técnicos y cree que sí hay tiempo para obtener esos 2.800 millones extra. Sin embargo, admite que aún no tienen constancia de que el PP haya empezado a enviar las notificaciones que serían necesarias para estirar el plazo. Pero no descartan la posibilidad de que lo haga en los próximos días. Desde la Agencia Tributaria solo dicen que no hay información nueva sobre este tema. Una cosa está clara, solo quedan 12 días para llegar al famoso 30 de noviembre.
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