El PP ha conseguido el apoyo de gran parte de la Cámara Baja para sacar el cambio en el Impuesto de Sociedades con el que pretende recaudar 8.300 millones extra este año para cuadrar las cuentas. Sin embargo, la recaudación del tributo va tan mal que el cambio no permitirá llegar al objetivo anual que se incluyó en los Presupuestos de 2016: casi 25.000 millones. Los ingresos de Sociedades se quedarán en 21.000 millones.
Así lo ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados, donde ha reconocido que el cambio supone una corrección de la política que él puso en marcha y que el objetivo es devolver al impuesto a los parámetros de la décima legislatura y a una recaudación próxima a los 21.000 millones, como en 2015 y 2014. En 2017, ejercicio en el que el cambio seguirá en vigor, el impuesto volverá a recaudar unos 21.000 millones.
¿En qué consiste el cambio? En recuperar el mínimo obligatorio en los pagos fraccionados que hacen las empresas suprimido en 2015. La medida afectará a todas las empresas que facturen más de 10 millones de euros, unas 9.000, que tendrán que pagar un mínimo del 23% en cada pago fraccionado. La banca, en cambio, pagará un 25%. Ésta es una de las medidas estrella que presentó el ministro Luis de Guindos a Bruselas para evitar así multa por el déficit y la congelación de los fondos estructurales.
Tras un cambio de última hora aprovechando la modificación de la Ley de Estabilidad, la medida no afectará a Canarias, Ceuta y Melilla, las tres regiones de España que cuentan con un régimen fiscal especial. Esta enmienda ha sido presentada por PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canarias para salvaguardar los excepcionales tipos tributarios existentes en las tres regiones, que no estaban contemplados en la reforma del impuesto. Todos los grupos menos Podemos, ERC y Bildu han votado a favor de la enmienda.
La modificación de Sociedades, según el ministro, no altera la naturaleza del impuesto ni perturba de forma importante el funcionamiento a las empresas, a pesar de que la CEOE se ha quejado enérgicamente de la medida. Permanecerá vigente, al menos, hasta que el déficit público baje del 3% y España salga del procedimiento de déficit excesivo, aunque en el Plan Presupuestario enviado a Bruselas el Gobierno recalcaba que la medida no tenía fecha de caducidad, lo que hace pensar que es posible que venga para quedarse.
Con esta medida, que el Gobierno considera “necesaria” para fortalecer la recuperación que “tanto necesitan” los españoles, el Gobierno garantiza la reducción del déficit desde el desfase del 5% del año pasado al 4,6% que exige Bruselas. Y espera además evitar la congelación de los fondos estructurales que actualmente estudian la Comisión y el Parlamento Europeo. Las instituciones comunitarias aún no han valorado el Plan Presupuestario de España ni el informe de acción efectiva, pero parecen satisfechas tras el endurecimiento del Gobierno en el último momento.
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