La tormenta provocada por la propuesta de retribuciones a las redes eléctricas y gasistas por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que contempla recortes de hasta el 21% para los próximos periodos regulatorios, ha llegado hasta el recién constituido Gobierno comunitario. La Comisión Europea está siguiendo de cerca el proceso de actualización de retribuciones, toda vez que podría suponer una amenaza para el cumplimiento del Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) español, cuyo borrador ha sido elogiado públicamente por Bruselas, hasta el punto de considerarlo como el mejor de los presentados por los 28 países miembros.
El mayor tijeretazo a las retribuciones contemplado por la CNMC se corresponde con las actividades de transporte y distribución de gas, con recortes que van desde casi el 22% para el primero hasta el 18% para la segunda. En este punto, la inquietud de Bruselas se centra en el hecho de que el PIEC español contempla un incremento de la demanda de gas hasta 2030 de hasta el 20% en la energía final, un objetivo que se antoja complicado de alcanzar si la actualización retributiva provoca una reducción de la apuesta inversora por el sector.
Además, el PIEC, cuya inversión prevista supera los 230.000 millones de euros hasta 2030, también incluye un incremento de la participación del gas en la matriz de energía final, concretamente en tres puntos porcentuales (del 17% al 20%). De hecho, es el único de los grandes países del Viejo Continente en el que se da este caso; en algunos como Alemania o Italia se reduce mientras que en Francia y en Portugal, no experimenta incremento alguno.
La reducción de retribuciones para el periodo regulatorio gasista (2021-2026) ha desatado las alarmas en el sector por un posible efecto desbandada por parte de los inversores. Con una penetración del 30%, inferior a la de los países del entorno, España aún cuenta con un amplio margen de crecimiento (se encuentra diez puntos porcentuales por debajo de Alemania, Francia o Reino Unido) pero, sin embargo, presenta una de las actividades de distribución de gas más baratas de Europa.
Casi el doble de retribución en Alemania
Sin ir más lejos, con las actuales retribuciones, las distribuidoras de gas perciben en España del orden de 175 euros por punto de suministro, una cifra que es prácticamente la mitad de la que perciben los inversores en Alemania (330 euros por punto de suministro), y más de un 40% inferior a la se paga en Francia, como ejemplo de países del entorno adonde podrían poner el foco los inversores.
La retribución española se sitúa ya en estos momentos un 20% por debajo de la media comunitaria, distancia que podría incrementarse de forma notable si se aplican las propuestas de la CNMC, con el añadido de que en la mayoría de los países del entorno el sistema retributivo tiene en cuenta la inflación, lo que no sucede en el español.
Desde la llegada del Gobierno socialista, en junio de 2018, tras la moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, España ha asumido una de las posiciones más ambiciosas de Europa en lo concerniente a la lucha contra el cambio climático y el proceso de descarbonización de la economía, elevando sus objetivos incluso por encima de los de la Unión Europea.
Papel mojado
La Comisión no dudó en congratularse por el contenido del PIEC, que también figura entre los más comprometidos con el Acuerdo de París. Hasta Bruselas ya han llegado las alertas sobre el peligro de que el documento, que aún debe ser revisado y aprobado definitivamente, quede en papel mojado ante la imposibilidad de cumplir unos objetivos difíciles y que requieren de mucha inversión privada. Una inversión que corre peligro de no llegar con un entorno retributivo tan austero.
En España, el gas natural llega a aproximadamente ocho millones de hogares, una cifra similar al número de viviendas que aun utilizan el butano como combustible principal. Un más que previsible recorte de inversiones por parte de los inversores internacionales como consecuencia de una drástica reducción de las retribuciones haría prácticamente imposible aumentar el porcentaje de pisos con acceso al gas, cuya utilización supone un espaldarazo a la reducción de emisiones, al menos hasta que las energías renovables sean capaces de cubrir un porcentaje mayoritario del mix.
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