El grupo popular de la Asamblea de Madrid registró este jueves la modificación de la ley de presupuestos generales para el año 2012 y de medidas urgentes de racionalización del gasto público. El texto, aprobado en el Consejo de Gobierno regional del 7 de junio, incorpora las medidas aprobadas por el Gobierno central en materia de Sanidad y Educación, así como la aplicación de la nueva ley de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera.
En la práctica, los ajustes realizados por el Gobierno regional se traducen en un recorte del presupuesto de este año en unos 950 millones de euros y en la rebaja de sueldos al personal de la administración entre un 1,8% y un 3,3%. Asimismo, el texto contempla una reducción en el número de puestos de empleo públicos, bien mediante la amortización de plazas por jubilación o tras la eliminación de puestos de trabajo que supondrán las rescisiones de contrato en organismos que desaparecen.
A este respecto, la disposición final sexta autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a “realizar las modificaciones de puestos de trabajo y plantilla que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente ley”, lo que desde algunos sectores se ha visto como una oportunidad para despedir funcionarios
Educación y empleo, sanidad y transportes cargan con la mayor parte del recorte
A grandes rasgos, las partidas más afectadas por el ajuste presupuestario de la Comunidad de Madrid son las correspondientes a educación y empleo (262 millones de euros), sanidad (131 millones) y transportes (128 millones).
Dentro de estas partidas, los recortes más notables son los correspondientes a políticas activas de empleo (128 millones) y la compensación a usuarios del transporte o tarifa de equilibrio (100 millones), responsable de la mayor parte de la reducción presupuestaria en el área de transportes. Además, el programa de universidades pierde 175 millones de euros y la partida de recetas médicas de atención primaria, 90 millones.
Nueva bajada de sueldo a los funcionarios
La “racionalización del gasto público” que persigue la administración madrileña incluye también una bajada en las retribuciones del personal funcionario. Esta bajada salarial estará entre el 1,8% y el 3,3%, dependiendo de la retribución anual. Así, la Comunidad ha elaborado la siguiente tabla para fijar la cantidad que se rebajará en cada caso:
- 100 euros para quienes cobren menos de 15.000 euros.
- 200 euros para los sueldos de 15.000 a 19.999 euros.
- 330 euros para los sueldos de 20.000 a 39.999 euros.
- 660 euros para los sueldos de 40.000 a 49.999 euros.
- 825 euros para los sueldos de 50.000 a 59.999 euros.
- 990 euros para los sueldos de 60.000 a 79.999 euros
José Montero, vicesecretario de coordinación de estructura federal de CSIT, explica que “el poder adquisitivo de los funcionarios se ha reducido en total un 31%” en los últimos dos años, desde la rebaja del 5% en los sueldos públicos promovida por el Gobierno de Zapatero. Montero explica también que la reducción de jornada al personal en algunas áreas conlleva una reducción adicional del sueldo y que “la reducción de jornada a determinado personal interino puede ser un primer paso hacia otras medidas más duras en el futuro”.
Para Montero, estas medidas son una pieza más del “desmantelamiento del sector público” que están llevando a cabo los gobiernos del PP, tanto el Ejecutivo central como la Comunidad de Madrid. La contracción del gasto, explica, va ligada a la reducción de los ingresos que se ha dado tras la liberalización de impuestos que llevó a cabo el Gobierno de Esperanza Aguirre antes de las elecciones. “Si no hay ingresos, hay que recortar gastos”, resume.
Por último, comenta la propuesta lanzada recientemente de reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid, que precisamente en las últimas elecciones aumentó el número de políticos que la componen para compensar el crecimiento de la población en la región. Montero califica esta idea como “cortina de humo”. “Se pretende que la gente se pierda en este tipo de discusiones y se olvida el principal problema, que es la desaparición de los servicios públicos”.
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