Las medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis del coronavirus para controlar la expansión de la covid-19 están generando 'roces' con algunos de sus principales socios europeos. Las diferencias comenzaron el pasado 15 de mayo, cuando entró en vigor una orden del Ministerio de Sanidad que impone una cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen a España, sean extranjeros o ciudadanos de nacionalidad española que regresen al país, mientras dure el estado de alarma.
El mismo día, el Ministerio del Interior ordenó el cierre de fronteras aéreas y marítimas a los países de la Unión Europea, permitiendo la entrada sólo a ciudadanos españoles; residentes en España, debiendo acreditar su residencia habitual; trabajadores transfronterizos; profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral; o aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.
Las fronteras terrestres con Portugal y Francia ya permanecían cerradas desde el 16 marzo, cuando estalló la crisis sanitaria en España. También desde el 23 de marzo se impedía la entrada por aire y mar a los viajeros extranjeros, pero se permitía el acceso a aquellos residentes en países de la Unión Europea, estados asociados Schengen o Andorra que se dirigieran directamente a su lugar de residencia.
En este sentido, el Gobierno aumentó las restricciones a los viajeros en un momento clave en el que la mayoría de los países de Europa comenzaban sus 'desescaladas', poniendo fecha a la apertura de fronteras. De hecho, lo hizo justo un día antes de que la Comisión Europea (CE) recomendara a los Estados miembros reactivar el turismo cuanto antes estableciendo corredores seguros entre aquellos países que hubieran alcanzado puntos similares en el control de la pandemia.
El Ejecutivo consideró que se debían reforzar las medidas de control ante "la favorable evolución de la situación epidemiológica en nuestro país y el inicio de la 'desescalada'", pero también, y según consta en la orden ministerial del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, para no beneficiar al turista extranjero sobre el nacional. "Teniendo en cuenta que durante el proceso de 'desescalada' se aplica a los residentes en España la restricción de movimientos interprovinciales (...) se considera conveniente limitar también el acceso a tales demarcaciones desde otros Estados miembros por vías aérea y marítima".
Francia
Esto rápidamente generó la respuesta de Francia, que en reciprocidad con la medida del Gobierno, anunció una cuarentena de dos semanas para todas aquellas personas que entrasen en su territorio nacional procedentes de España. Una semana después, Pedro Sánchez anunció que España comenzaría a recibir turistas extranjeros a partir del mes de julio.
Entonces, la situación empeoró con el país vecino. Élisabeth Borne, ministra de Transición Ecológica e Inclusión del Gobierno francés, recomendó a sus compatriotas que durante el verano eviten viajar al extranjero y particularmente a España por sus medidas "contradictorias". Fue entonces cuando la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, aclaró que la cuarentena obligatoria acabaría en julio, cuando comenzaran a llegar turistas; y el Gobierno galo rebajó esa recomendación pero abogó por una "coordinación en Europa".
Alemania
El lío de fechas con el levantamiento de las restricciones a los viajeros también ha provocado que Alemania haya anunciado que el próximo 15 de junio levantará la recomendación de no viajar en el espacio Schengen -incluido Reino Unido, con una mayor incidencia del virus-, salvo a España y Noruega. El sector turístico tiene todas sus esperanzas puestas en este mercado de cara al verano, pues es el segundo país que más turistas emite a España después de Reino Unido, y algunos destinos como Baleares y Canarias confían en crear corredores sanitarios con algunos länder alemanes para activar los viajes en la segunda quincena de junio.
Sin embargo, Alemania mantiene su recomendación de no viajar a España "de momento" ante la previsión de que "permitirá el ingreso de turistas algo más tarde y, una vez tome la decisión, se aplicará de inmediato". En este sentido, si bien el 21 de junio previsiblemente acabará el estado de alarma, y con él la cuarentena a viajeros, en el exterior esperan 'luz verde' del Gobierno español para dar un paso adelante.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado en su cuenta de Twitter que ha hablado con el ministro de Asuntos Exteriores germano, Heiko Maas, y que ambos han acordado que "en cuanto España permita el ingreso de turistas en su territorio, Alemania levantará esa recomendación de no viajar al país".
Portugal
La tercera desavenencia se ha producido este jueves, cuando la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha adelantado este jueves que España abrirá sus fronteras terrestres con Francia y Portugal a partir del próximo día 22 de junio, es decir, un día después del fin del estado de alarma. Maroto ha adelantado la decisión, pendiente de ser aprobada, en un encuentro con la prensa internacional.
El anuncio de la ministra de Industria ha causado sorpresa en el Ejecutivo de Portugal y el ministro luso de Negocios Extranjeros, Augusto Santos Silva, ha advertido, en declaraciones a la prensa de su país, que el anuncio sobre la reapertura de la frontera "es una cuestión que debe decidirse en el marco de la cooperación estrecha" entre los dos país y ha avanzado que pensaba pedir explicaciones al Ejecutivo español.
Según indican medios nacionales, los acuerdos alcanzados entre ambos países eran mantener este cierre hasta el 15 de junio y revaluar la situación epidemiológica por el coronavirus para decidir qué hacer más allá de esa fecha. En este sentido, desde el país vecino consideran que "la decisión tendrá que ser conjunta y las conversaciones entre el ministro Eduardo Cabrita y su homólogo español Fernando Grande-Marlaska".
Más tarde el Gobierno ha corregido sus palabras asegurando que la movilidad internacional tendrá lugar a partir del 1 de julio y no antes. En el comunicado emitido por el propio departamento de Industria, España asegura que "mantiene contacto permanente con la Comisión Europea y con los Estados miembros para coordinar y armonizar la eliminación progresiva de las restricciones en los controles de las fronteras intraeuropeas".
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