La Unión Europea y las principales empresas energéticas lo tienen claro. No hay redes eléctricas para llevar toda la producción de energía renovable a los consumidores que la demandan. Un problema que no se refleja con esta importancia en el plan energético del Gobierno para la próxima década. Y esta semana, días antes de una COP28 donde las renovables van a ser protagonistas, se han publicado varios informes alertando de esta situación.
“Las redes eléctricas se tienen que convertir en un elemento fundamental en la transición energética”, destaca un informe de la consultora PwC en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. “Se necesita integrar nuevos puntos de conexión tanto de producción (si se tiene en cuenta el borrador del PNIEC 2023-2030 recientemente publicado por el Gobierno este volumen aumentará hasta 105 GW adicionales) como de demanda, siendo capaces de gestionar flujos de electricidad bidireccionales y adaptándose a las nuevas necesidades de todos los agentes”, añaden.
Los expertos ven necesario que se realicen inversiones en la red eléctrica. El propio borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 ya prevé inversiones acumuladas en redes por valor de 53.000 millones de euros, pero para el informe de PwC las necesidades son mayores, ya que el PNIEC no refleja suficientemente el incremento de electrificación necesario.
La actualización que ha hecho el Gobierno este año de su hoja de ruta energética triplica la expectativa de electrólisis para producir hidrógeno, duplica el almacenamiento, aumenta en un 30% las previsiones de almacenamiento y espera que los coches eléctricos pasen de 200.000 a 5,5 millones.
Unas cifras que según los expertos no va acorde con el futuro que esperan para las redes eléctricas que dificultará conectar la gran producción renovable con toda esta demanda de electricidad. El desarrollo de nueva industria como la de fabricación de baterías para los vehículos eléctricos, como la ya anunciada por Volkswagen en Sagunto, la electrificación de industrias clave como la del acero o la instalación de nuevos data centers traerá más necesidades de electricidad en España.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que relación normal de inversión en redes frente a nueva capacidad renovable instalada debería rondar los 0,7 millones de euros por megavatio de aquí a 2030, sin embargo, según los datos del borrador del PNIEC 2023-2030, esta ratio se situaría en 0,45 millones por megavatio, un 35% más bajo.
“Las nuevas redes eléctricas no solo se tienen que modernizar, automatizar y adaptar para conectar la nueva demanda que se quiera descarbonizar, sino que también tendrán que dar respuesta a las nuevas necesidades de estos consumidores”, explica el informe de la consultora PwC.
En 2021, el Gobierno aprobó un real decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023.
Por otro lado, el Gobierno empezó a trabajar en la modificación de aspectos puntuales de la Planificación eléctrica 2021-2026 durante el primer trimestre de este ejercicio al objeto de incluir actuaciones estratégicas y prioritarias para la transición energéticas, que permitan desarrollar la cadena de valor industrial.
Europa presiona para acelerar el plan
La presión también ha llegado esta semana desde Bruselas. La Comisión Europea ha presentado un “plan de acción” para incentivar la inversión en redes eléctricas en la Unión Europea, una infraestructura que según cálculos del Ejecutivo comunitario precisará 584.000 millones de euros en la presente década para acompañar la electrificación de la economía.
Eurelectric, donde se integran las grandes eléctricas europeas como Iberdrola o Enel, también maneja otro informe sobre los retos de las redes eléctricas. Esta investigación destaca que la gradual descentralización del sistema eléctrico resalta el valor de la red de distribución para la transición energética. Sin embargo, esta requiere actuaciones urgentes para asumir el papel que le asignan los objetivos de la UE, en particular para la integración de todos los recursos previstos en el Fit for 55 y el REPower EU a 2030. El estudio recomienda llevar a cabo las siguientes iniciativas.
Mejorar la retribución de este negocio
La respuesta a los retos a los que se enfrentan en el corto plazo las redes eléctricas pasa por realizar nuevas inversiones en modernización, digitalización, automatización y adaptación, desarrollo de nuevas redes para conectar a la demanda que se descarboniza, así como nuevas industrias que puedan venir a España por su atractivo. Sin embargo, como consecuencia de los sucesivos cambios normativos que ha sufrido el sector de las redes, las empresas, especialmente, los distribuidores, no tienen incentivos para acometer las inversiones necesarias para llevar a cabo el necesario proceso de transición energética.
“Para poder revertir esta situación, se necesita recuperar la confianza necesaria para realizar inversiones”, explican los consultores de PwC. “Por ello, es imprescindible actualizar la metodología de cálculo de retribución con el objetivo de que se reconozca el incremento de costes e inversiones debido al alza de la inflación. Se necesita la revisión del cálculo de la tasa de retribución financiera actual ya que no refleja el riesgo de la actividad teniendo en el actual contexto macroeconómico marcado por la subida de los tipos de interés”, añaden.
Una baja retribución de las redes
Los inversores pueden considerar que la tasa de retribución financiera (WACC) es demasiado baja para el nivel de riesgo que presenta la actividad y, por tanto, reducirán el nivel de inversiones previstas en esta actividad. El sector de las redes es una actividad basada en gastos de capital por lo que una fuerte subida de los tipos tiene un impacto muy elevado en el coste financiero de los agentes, llevando a una falta de recursos para financiar proyectos. Adicionalmente, el empeoramiento de los márgenes de la actividad y, por tanto, de los resultados financieros de las empresas conlleva una fuga de capital del sector hacia otras actividades o países.
“Una tasa retributiva que no refleje el riesgo de la actividad y el actual contexto macroeconómico pone en riesgo las inversiones en redes y por tanto la oportunidad económica de la transición, así como el cumplimiento de los objetivos”, asegura el informe. Esta retribución lleva cerca de 10 años actualizarse. Las empresas destacan que los valores unitarios no reflejan la realidad de los costes del sector, el efecto inflacionario, de acuerdo con los principales índices de referencia habrá sido de un 28% en el año 2025 desde que se aprobaron los valores unitarios.
Unido a esto, por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no se están reconociendo todos los costes e inversiones reguladas que las empresas distribuidoras están declarando en sus auditorías y, por lo tanto, no se les está incluyendo en sus retribuciones. Los expertos de PwC creen que, en el caso de que los valores unitarios se actualizarán en 2025, la retribución de redes aumentaría en aproximadamente un 26%.
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