Autónomos y rentas medias y bajas corren con más del 60% de la subida de cotizaciones sociales y las medidas de ingresos de la reforma de las pensiones. Así lo muestra la Opinión sobre la reforma que ha publicado este viernes la AIReF, que permite este análisis al desglosar por rentas el impacto de cada medida y ofrecer un cálculo del efecto de la reforma del sistema de cotización de los autónomos según ingresos reales. Hay muchos trabajadores con esos niveles salariales, cerca de 13 millones con ingresos de hasta 20.000 euros, y sobre ellos recae el grueso del esfuerzo, aunque muchos de ellos no paguen IRPF.
Son estas rentas las que no podrán escapar a la subida salvo que se muevan a la economía sumergida, ya que las rentas altas tienen más herramientas para eludir el alza de bases máximas y el recargo de solidaridad que se les destina, lo que puede mermar el efecto de la reforma.
Aunque la mayor proporción del incremento de la reforma recaerá sobre las rentas salariales superiores a 54.000 euros (un 65% del coste), debido fundamentalmente al aumento de las bases máximas de cotización, y los salarios inferiores a 54.000 euros soportarán el 35% porque sólo se ven afectados por la subida de cotizaciones sociales del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), las rentas medias y bajas son el grupo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España.
La reforma endurece el llamado MEI que exige Bruselas para garantizar la sostenibilidad del sistema cuando se liga el alza de las pensiones al IPC. Está en vigor desde enero una subida de 0,6 puntos -que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador- que iba a estar vigente hasta 2032. Pues bien, el incremento será ahora de 1,2 puntos -1 punto sobre la empresa y 0,2 sobre el trabajador-, que se irán incorporando en forma de una décima desde 2024 hasta 2029 y que estará en vigor hasta 2050. Se prevé que recaude 130.000 millones en 2044.
La Opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se aproxima a los análisis de BBVA Research, Fedea y el Grupo de Investigación en Pensiones de la Universidad de Valencia, Universidad de Extremadura, URJC e IVIE, que no ven que la reforma sea sostenible. La AIReF sí cuantifica el nuevo sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales que otros servicios de estudios no han contabilizado por tener poca información y porque no se sabe qué tabla se aplicará dentro de tres años. Pues bien, a esta reforma le atribuye la Autoridad Fiscal el peso mayor entre las medidas de ingresos, 0,5 puntos de PIB, por encima de los 0,4 puntos que prevé que recauden el MEI y la subida de bases máximas, respectivamente.
En lo que respecta a la imposición total al trabajo, el mayor tipo de IRPF más cotizaciones, del 63%, lo soportarán las rentas de entre 70.000 y 80.000 euros. A partir de ahí, las rentas que vayan subiendo experimentan un descenso hasta el 55%. Cabe destacar que sobre las rentas de entre 10.000 y 20.000 euros recaerá un tipo de hasta el 42% por efecto de las cotizaciones sociales, cuando muchos de estos contribuyentes tienen una cuota del IRPF casi cero.
Una renta laboral en España de 10.000 euros brutos anuales estaba sujeta hasta ahora a un gravamen del 36,25% en concepto de cotizaciones sociales (3.625 euros) y casi no soportaba IRPF al situarse ese nivel de renta en un intervalo que le permite acogerse a una serie de reducciones. Con la reforma, pasará a pagar el 37,45% en concepto de cotizaciones sociales (3.745 euros), debido a los 1,2 puntos que añade el MEI, lo que supone un incremento de 120 euros al año.
Por su parte, una renta salarial de 80.000 euros que hasta ahora estaba gravada con un tipo del 52% (29% en concepto de IRPF y 23% de cotizaciones sociales), lo que suponía 41.600 euros de impuestos al año, ahora pasará a estar sujeta a un tipo de IRPF más cotizaciones del 63%, lo que representa 8.800 euros adicionales de gravamen anual.
La reforma de pensiones aproximará el gravamen al trabajo de los salarios altos en España al de los países más elevados de nuestro entorno. Todo esto irá a las arcas de la Seguridad Social y Hacienda perderá ingresos por IRPF, ya que las cotizaciones sociales son deducibles de los rendimientos el trabajo.
Fuga de talento y economía sumergida
La incidencia en estas rentas de la subida de cotizaciones del MEI plantea desafíos a la reforma, advierte la AIReF. Los impuestos sobre la renta salarial y las cotizaciones a la Seguridad Social tendrían efectos desincentivadores
tanto sobre la demanda de trabajo, al aumentar los costes laborales para las empresas, como sobre la oferta, al reducir el salario real de los trabajadores y desincentivar la participación en el mercado de trabajo.
Un aumento de las cotizaciones entre los trabajadores de mayor cualificación puede reducir los incentivos a la formación o aumentar su movilidad hacia los países de menor imposición, al tiempo que reduce la atracción de los migrantes más productivos, lo que puede terminar repercutiendo negativamente en la competitividad y el crecimiento potencial, avisa el informe.
Todos estos efectos negativos se incrementan en una economía como la española en la que las rigideces del mercado laboral limitan la flexibilidad salarial, recoge la Opinión, que también apunta que dado su mayor nivel de informalidad, un aumento de los costes del trabajo puede incentivar el paso de un empleo formal a otro informal.
Efecto en el empleo
En la rueda de prensa de presentación de la Opinión, la AIReF no ha sido taxativa sobre el efecto en el empleo de la subida de cotizaciones, uno de los asuntos que defendía José Luis Escrirvá cuando era su presidente y que hoy como ministro rechaza, ya que ha dicho que requiere un estudio más detallado. La evidencia empírica a nivel internacional tiende a concluir que el incremento de las cotizaciones sociales tiene un impacto negativo sobre el empleo constata el informe, pero los efectos concretos difieren de un país a otro.
En el caso de España, la evidencia empírica muestra que un aumento de 1 punto porcentual de la fiscalidad laboral elevaría el desempleo en 0,2 puntos. En este sentido, las estimaciones realizadas por la AIReF sugieren que un incremento de 1 punto en el tipo efectivo de cotizaciones sociales o de los impuestos al trabajo sobre un escenario base tiene un impacto negativo en el empleo de una décima transcurrido el primer año desde la subida del tipo efectivo y de dos décimas transcurridos dos o tres años.
En términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo ello supone una reducción de unos 6.000 empleos en el primer año y de 33.000 transcurridos tres años para una reforma hasta 2050 que ya prevé que puede ser incrementada. No obstante, el conjunto de las medidas aprobadas de incremento de las cotizaciones tiene un impacto superior una vez que todas ellas sean desplegadas, ya que supondrían un incremento de 2,7 puntos del tipo efectivo al desplegarse las tres medidas. Además, este impacto es muy heterogéneo por niveles salariales.
En concreto, calcula que al final del periodo transitorio, el tipo efectivo aumentará en 1,2 puntos para los salarios inferiores a los 54.000 euros brutos anuales como consecuencia del MEI. En cambio, el aumento de tipos se sitúa próximo a los 10 puntos para las rentas entre 70.000 y 100.000 euros brutos ya que se verán afectadas no sólo por el MEI, sino también por el destope de las bases máximas de cotización y por la cuota de solidaridad.
Así, una renta salarial de 70.000 euros tendrá un incremento de la imposición de 7.500 euros brutos anuales, mientras que si el salario alcanza los 100.000 euros el aumento de impuestos será de 9.700 euros.
Aunque el impacto en los primeros años pueden considerarse "moderado", cabe destacar que las cotizaciones sociales aumentarán en promedio 2,7 puntos al final de los períodos transitorios y que pueden experimentar variaciones futuras, al ser el MEI el que, en última instancia, garantizará el cumplimiento de la nueva regla de gasto en pensiones, avisa la AIReF.
Y remacha: "Es por ello por lo que el análisis del impacto de la reforma actual debe venir acompañado de una evaluación que no se limite a la sostenibilidad contable de las pensiones sino también a sus efectos sobre el mercado laboral teniendo en cuenta los potenciales efectos heterogéneos sobre los individuos y los sectores económicos".
Viabilidad
La Opinión de la AIReF concluye que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035 con la jubilación de los baby boomers, con un máximo del 16,3% del PIB en 2049, partiendo del 12,7% del PIB en que se situaría en la actualidad.
Todo ello, teniendo en cuenta que la AIReF es optimista en sus escenarios, según apunta Francisco de la Torre en Y esto quién lo paga (Debate), que recuerda que en su Opinión de septiembre de 2020, proyectaba que el gasto en pensiones en 2050 sería del 14,2%, y en 2019, del 10,9%. En el incremento pesa el envejecimiento, pero también la derogación del Factor de Estabilidad del PP y la indexación de la subida de las pensiones al IPC.
De la Torre apunta a que habrá que poner en marcha medidas combinadas y admite lo doloroso de muchas de ellas, como la reducción de gastos o subidas del IRPF, que reducirían además el crecimiento económico. "La factura de la transición demográfica no va a ser pequeña y la tendremos que pagar todos. No pueden correr con el gasto sólo los pensionistas o sólo los trabajadores y contribuyentes actuales y futuros. No es una cuestión de justicia intergeneracional, sino simplemente de viabilidad", concluye.
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