La negociación de la reforma laboral afronta su último mes hábil, según los compromisos del Gobierno con Bruselas, con un enfrentamiento entre patronal y sindicatos tras la presentación de CEOE de un documento con sus propuestas, entre las que pone como línea roja los topes a la temporalidad. Los próximos días se perfilan trascendentales para intentar lograr un principio de acuerdo o preacuerdo parcial y acercarse al "acuerdo de mínimos" que Antonio Garamendi ve "mejor que un desacuerdo de máximos", según ha declarado a Financial Times. Con este fin, el Gobierno ha incrementado las reuniones semanales y se presenta un puente de negociaciones constantes. Los aspectos que ha llevado el Ejecutivo a la mesa de negociación en los últimos días se han centrado en temporalidad, contratos y ERTE y los últimos documentos mantienen sus propuestas anteriores sobre convenios. A la espera de que se acerquen posturas en temporalidad, el documento de la patronal abogaba por salvaguardar situaciones vigentes en convenios. Una de las discrepancias de CEOE con Gobierno y sindicatos es sobre la cuota de poder que estos últimos quieren recuperar para controlar pymes y empresas con representantes formados por los propios trabajadores de la empresa, lo que se denominan 'comisiones ad hoc', que presionan para que la patronal se avenga a que se eliminen.
Se trata del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que desde 2010 permite, además de comisiones formadas por “los sindicatos más representativos del sector”, que la empresa elija “una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa”, la comisión ad hoc. La propuesta de Trabajo es eliminar estas comisiones salvo que los sindicatos no respondan a la empresa en la que no tienen representación, que deberá reclamar su presencia de entrada en las negociaciones.
La comisión ad hoc es la bestia negra de los sindicatos en las negociaciones. Esgrimen que ha favorecido la precariedad en un contexto de prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial desde 2012 con la reforma laboral del PP. El propio Unai Sordo asegura en su blog en una entrada sobre Los descuelgues de la reforma laboral: una invitación al fraude que "favorecen el fraude salarial, fiscal y a la Seguridad Social, así como el dumping empresarial".
Según Sordo, entre octubre de 2010 y febrero de 2019, se han producido 9.673 inaplicaciones de convenio colectivo que han afectado a casi 350.000 personas trabajadoras, casi siempre -96%- para dejar de aplicar el salario pactado en convenio. "Pues bien, el 70% de estos “descuelgues” del convenio han sido pactados con un engendro denominado “comisiones ad hoc", subraya.
"Éstas son unas fórmulas que vienen de la reforma laboral de 2010, y que permiten “elegir” hasta a tres trabajadores designados en la empresa, sin ninguna garantía democrática -nada que ver con un proceso de elecciones sindicales, legalmente reglamentado-, pero a los que se otorga la legitimidad para “acordar”con el empresario que el convenio colectivo –sectorial o de empresa- deja de aplicarse", añade Sordo.
El secretario general de CCOO subraya que cuando este acuerdo se produce en el periodo de consultas, la causa que motiva que se deje de aplicar el convenio se considera probada, y no hay tutela judicial al respecto. "Teniendo en cuenta el dominio de la empresa pequeña y micro en España, a nadie se le escapa que esta combinación de la regulación de las inaplicaciones y la existencia de las “comisiones ad hoc” provoca un boquete legal para dejar de pagar salarios de convenio", remacha.
El conflicto en los planes de igualdad
Este conflicto ya se ha presentado en el Real Decreto-ley que regula los planes de igualdad y su registro, aprobado en octubre de 2020, que establece que cuando no exista representación legal en la empresa se creará una comisión negociadora constituida por la representación de la empresa y por una representación de los trabajadores formada por los sindicatos más representativos. CEOE no está de acuerdo sobre que en empresas sin representación legal de los trabajadores se imponga la presencia de los sindicatos para determinar los planes de igualdad, y ha recurrido la norma al Tribunal Supremo.
"La democracia en las empresas pasa por permitir que las personas trabajadoras negocien y decidan libremente lo que les afecta sin tutelajes", denunció CEOE en un comunicado. La patronal alegó que la norma obstaculiza el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos y da prioridad a garantizar la penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación. El Decreto "cercena" la capacidad de negociación de los trabajadores "en beneficio exclusivamente sindical", criticó.
Se trató del primer asunto en el que la patronal se levantó de la mesa del diálogo social en un momento en el que se sucedían los acuerdos para prorrogar los ERTE y otras medidas en la pandemia. A este descuelgue se han sumado ahora el de la subida del SMI para 2021 y el de la subida de cotizaciones de 0,6 puntos en la reforma de las pensiones.
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