Economía

La crisis del 'caso Bárcenas' amenaza la agenda de reformas pendientes del Gobierno

El Ejecutivo todavía tiene por delante la reforma de las pensiones, la del sistema de impuestos y la de las administraciones públicas. La discrepancia de 11 diputados populares con su líder puede bastar para poner en jaque algunos de esos cambios. 

El mayor empeño del presidente del Gobierno desde que volvió a estallar el escándalo de Luis Bárcenas ha sido el de reafirmar la continuidad de sus políticas. Sin embargo, los famosos mercados, a los que ha puesto voz Financial Times, empiezan a ponerlo en duda asegurando que “el caso Bárcenas mina la estabilidad política que Rajoy dice representar”. Las reformas políticas pendientes, especialmente la de las pensiones, requieren de unas mayorías cualificadas que exigen la unidad del Partido Popular y alianzas con otras formaciones ahora reticentes a pactar con el grupo popular.

"El caso Bárcenas mina la estabilidad política que Rajoy dice representar", afirma Financial Times

Técnicamente, la mayoría absoluta garantiza algunas de esas reformas. Sin embargo, las discrepancias internas que se abren dentro del PP y, sobre todo, la distancia política que marcan los demás partidos hacen que algunas de esas transformaciones sean ahora más difíciles de conseguir sin unas alianzas parlamentarias que ahora no parecen factibles.  

Reforma de las pensiones

La reforma de las pensiones es la que ha requerido una mayoría reforzada más amplia. De hecho, todas han sido aprobadas por unanimidad en el Pacto de Toledo salvo la última de 2011 en la que fue, precisamente, el Partido Popular el que se desmarcó pese a que técnicamente basta con una mayoría absoluta para sacarla adelante.

El Ejecutivo dispone ya del informe del comité de expertos al que encargó que revisara el llamado “factor de sostenibilidad”. Si sigue sus dictados, el PP llevará en septiembre a las Cortes una rebaja en las pensiones que prevé someter a votación a finales de diciembre.

El cálculo económico del Gobierno era recortar los 7.732 millones que se pagan en pensiones contributivas anualmente. Sin embargo, el cálculo político no contaba con nuevas oposiciones. Políticamente, el PSOE ya se ha declarado contrario a esa medida pero ahora los apoyos de CiU y UPyD quedan también en el aire.

Reforma de las administraciones públicas

La Constitución contempla en su artículo 167.1 que cualquier reforma constitucional requiere una mayoría de tres quintos de los miembros de las dos Cámaras para que salga adelante. Hacienda ha emprendido una reforma que, de momento, ha sido más administrativa que política. Sin embargo, algunos de los mecanismos de sanción que contempla como la intervención de sus cuentas podrían todavía requerir trámites parlamentarios que obliguen a buscar mayorías cualificadas.

Esa segunda pata de la agenda reformista del Gobierno también queda ahora coja salvo cambios en la posición de grupos como CiU que no sólo se han opuesto a la agenda del Ejecutivo sino que han llegado a poner precio a su apoyo a una moción de censura contra Mariano Rajoy.

Reforma del sistema fiscal

La aprobación y derogación de las leyes orgánicas (artículo 81 de la Constitución Española) sólo exige una mayoría absoluta que el PP sigue detentando con holgura. Sin embargo, dentro del PP hay corrientes muy enfrentadas sobre la política fiscal que sostiene el Gobierno. Si esas grietas se abren ahora, la reforma del sistema de impuestos que el Gobierno ha emprendido puede quedar comprometida.

Con 186 escaños, bastaría con que 11 diputados populares fieles a las corrientes que representan José María Aznar o Esperanza Aguirre votaran en contra de la propuesta de Rajoy para poner en jaque esa reforma de los impuestos que, previsiblemente, supondrá un aumento de la presión fiscal a ciertos sectores, entre ellos el de la gran empresa. 

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